Prólogo
E
El título de este libro de Romain Migus, comporta sin duda
una paradoja cuyo abordaje puede resultar, al ritmo que vamos del proceso
electoral, un sombrío juego de ajedrez ejecutado por un bando fantasma, cuya
reina fue objeto de una extraña desaparición física del tablero donde se
desarrollaron los primeros pasos ofensivos, los consabidos amagues de unas
piezas (negras o blancas, aunque parecen ser amarillas) que fueron movidas a
ciegas, quizás con la velada y simbólica (y única) estrategia de acabar
olímpicamente no sólo con el rey del otro bando, que aún no ha aparecido en la
escena de los movimientos, sino con todas las piezas que lo integran. De todas
maneras se trata de las entrañas de un cuerpo -digamos por comodidad-
ideológico, que se despliega en discurso por el arte de la magia mediática que
lo sostiene, particularmente del megáfono infame de un canal de comunicación
cuyos dueños, hoy por hoy, son banqueros y empresarios estafadores que, por
cometer delitos públicos durante años, no se encuentran precisamente bajo
condenas, 10 11 sino en las metrópolis del imperio norteamericano y otras
vecindades centroamericanas, después de amasar fortunas descomunales, burlarse
de la inocencia de millones de personas y, desde luego, de la justicia.
Pero la MUD, ciertamente, existió hasta el 12 de
febrero de este año, cuando se produjeron las llamadas elecciones primarias y
el poder del capital impuso a Capriles Radonski como el candidato de la
"Unidad Democrática": hoy es un retazo de signos agazapados en el
entramado de la subcultura de la derecha venezolana, compuesta por antiguos
exponentes de la IV República que acompañaron a Pedro Carmona Estanga y a unos
militares apátridas en el golpe de Estado contra Hugo Chávez el 11 de abril de
2002.
De la juntura de retazos que moldean ese cadáver
político llamado la MUD, hay que hacer una parada obligatoria en la muy
sofisticada manera de plantarse (adentro pero al margen) del siempre viejo
partido de Rómulo Betancourt, Acción Democrática, que aunque en decadencia y si
acaso con el lucimiento de su único rostro, ya añejado e incorporado a los
íconos del folclore político venezolano del inefable Ramos Allup, se ha
encargado de ultimar a estos muchachos de la Escuela de Chicago que hoy desean
borrar del imaginario colectivo el pasado que los condena. AD, claro, suerte de
alma en pena que arrastra los fantasmas de El Caracazo, del oprobioso
significado de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, que quiso darle la
bienvenida a Fondo Monetario Internacional, ha tomado la más pintoresca
distancia no sólo de los restos de la MUD, sino del envalentonado candidato de
la derecha nacional, que anda por la vida (y por Colombia) como un muñeco de
cuerda, tratando de posicionar un programa de franca factoría neoliberal, en un
país de sólida cultura antiimperialista y de decidida y vigorosa defensa de lo
nacional y popular como vértices de un proceso revolucionario que ha despertado
a las masas y generado una conciencia histórica fundamental.
La antigua MUD fue una arquitectura ideada por dueños de
medios de comunicación privados, empresarios de tintes neoliberales, unos
incursionando en la actividad política, otros desde sus federaciones; partidos
políticos cuyos dirigentes, venidos a menos (Teodoro Petkoff, Carlos Blanco, Américo
Martín, Andrés Velásquez, Pablo Medina, Ramón Guillermo Aveledo, María Corina
Machado y otros), estiran sus finanzas provenientes de organismos
internacionales(norteamericanos, españoles, etc.) para sobrevivir, unos como
diputados, o como simples saltimbanquis que, a veces, con visos
delincuenciales, se 12 13 presentan metamorfoseados en artistas, presentadores
de noticias (no olvidemos: todos ventrílocuos de Globovisión) y que ahora, como
náufragos, aguardan que Capriles Radonski logre convertirse en lo que los
dueños del capital criollo y foráneo quieren que sea: el pequeño César del
imperio, el que abra las puertas a las corporaciones y al capitalismo salvaje y
enfermizo que, pese al progresivo desgaste de sus aspiraciones expansionistas
en el mundo, e independientemente de "los beneficios" que le ha
proporcionado, la llamada por Vicente Romano "generalización del modelo
capitalista a la economía mundial", al menos en el caso venezolano, por la
firmeza con la que se han fijado los conceptos de soberanía e independencia
durante estos últimos años de revolución, no es visto con el mismo telescopio
que visualizó las guerras en Irak y el espantoso saqueo a que fue sometida o,
más recientemente, Libia para apoderarse de su petróleo.
La incursión de Migus por el Programa de la MUD es un
análisis microscópico y retador de sus
"postulados". Un libro que debe ser llevado en los
bolsillos para leerlo de cara a la realidad, en medio de la multitud, en el
Metro, en el transporte público, como un recurso de utilidad colectiva para
desentrañar y exponer a viva voz los tantos elementos neofascistas que lo
componen. Como lo dice el autor: "desataron una verdadera propaganda de
guerra, que podríamos resumir en tres puntos.
Negar el pasado: Venezuela es un planeta espacial sin
historia.
Negar de manera sistemática todos los avances del Gobierno:
Venezuela es un infierno sin nombre.
Negar los intereses antagónicos: Venezuela es un país sin
clase social".
Estas son las tres premisas que este libro desarrolla en
paralelo a una aguda y sistemática investigación de la historia reciente de la
Venezuela bolivariana; un país que, junto a Hugo Chávez, emprende una de las
gestas emancipadoras más vigorosas del mundo y se hermana con las experiencias
de Ecuador, Brasil, Bolivia, Cuba y países y culturas de otros ámbitos, a
través de la construcción de nuevos modelos de cooperación e integración que
dan al traste con los mecanismos de dominación imperial.
"La MUD delira y proyecta la idea de que vamos a vivir
juntos y felices; el rico bailará con el pobre, los leones se casarán con las
cebras (y con el Magallanes), y los gatos ayudarán a los ratones; como todo
era, pues, antes de la llegada del presidente Chávez. ¡Nadie se lo podría creer
ni en una película!", dice Romain Migus para ilustrar la brillante
retórica del programa de Capriles.14 15
A esta pincelada de Migus sobre las idílicas aspiraciones
consensuales de la MUD para una Venezuela sin Chávez, habría que imaginarse
semejante coronación como una apoteósica y frenética restauración del
neofascismo actual en la plaza Altamira, donde en el primer plano del paisaje
se den la mano
Álvaro Uribe y Mariano Rajoy con el Premio Nóbel de la Paz,
Mr. Obama, emblemas de la "Revolución Conservadora", made in USA.
Si "el camino del progreso" de Capriles Radonski
nos pretende ocultar el signo de ese síntoma que describe Vicente Romano,
subyacente a la mascarada del capitalismo, como es la globalización neoliberal,
que se ha traducido en incremento de la pobreza, en libre mercado en contra del
empobrecimiento de las mayorías y pérdidas de las conquistas sociales como las
ocurridas en Europa, este libro de Migus es un manual para desenmascarar esta
pretensión neofascista de implantar en Venezuela una situación de impredecibles
consecuencias sociopolíticas.
Un libro para espantar la pesadilla.
Federico Ruiz Tirado
Introducción
E
l 12 de febrero del 2012, la oposición venezolana al
gobierno del presidente Hugo Rafael
Chávez Frías, puso fin a una campaña electoral de varios
meses para escoger a su candidato único para la elecciones presidenciales del
próximo 7 de octubre. Durante este tiempo, seis candidatos tuvieron la
oportunidad de presentar al país su visión política y sus propuestas
electorales. En varias oportunidades mediáticas, dieron la ilusión de proponer
posiciones políticas diferentes para que sus electores escogieran la que les
pareciera más idónea para derrotar al presidente Chávez
Mientras este simulacro mediático ocupaba lo esencial de las
parrillas de información de los medios de comunicación privados, 400 redactores
vinculados a los grupos políticos y universitarios de la derecha venezolana,
trabajaban en la elaboración de un programa común.
1. En estos comicios se presentaron: Henrique Capriles
Radonski, Pablo Pérez, María Corina Machado, Leopoldo López, Diego Arria y
Pablo Medina. 16 17 El "debate" se convirtió en una estrategia
electoral para proyectar una fachada democrática. En realidad, todos los
candidatos compartían la misma ideología, las mismas ideas y, aún más grave, el
mismo programa; salvo, quizás, Diego Arria, quien no se alinea a las mismas
estrategias. La campaña de las primarias de la oposición, pues, no fue más que
una escenificación teatral destinada a ocupar el espacio político-mediático.
Después de ser aprobado un programa común de gobierno el 12
de enero de 2012 por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), este fue firmado
por los candidatos a las primarias el 23 del mismo mes; es decir, tres semanas
antes de presentarse a su electorado. Con sus rúbricas, se comprometían "a
orientar de acuerdo con los lineamientos para el programa de gobierno de Unidad
Nacional, la elaboración del programa de gobierno de Unidad Nacional para las
elecciones del 7 de octubre, así como la gestión de [sus] gobiernos". La
derecha tiene su programa, independientemente del nombre de su candidato. No obstante,
como CaprilesRadonski ganó la elección primaria, se convirtió en el portavoz de
este programa, el cual será el objeto de nuestro análisis
2
.
2. "Lineamientos para el programa de gobierno de unidad
nacional.
2013-2019", Mesa de la Unidad Democrática,
http://static.eluniversal. com/2012/01/23/lineamientosmesaunidad.pdf (23 de
enero de 2012).
El documento de 1.237 artículos pretende enmarcarse en los
principios dictados en la Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela. Sin embargo, vale destacar que en los artículos 67 y 941, los
redactores del programa de la MUD plantean la posibilidad de reformar la Carta
Magna. ¡Qué extraña manera de apegarse a la Constitución de 1999!
3
Un programa de corte liberal
No es la primera vez que la oposición logra proponer al país
un plan de Gobierno. Recordemos que en 2004, a pocos meses de celebrarse el
referéndum revocatorio al presidente Chávez, la derecha venezolana presentaba
el Plan Consenso País: programa ultraliberal elaborado con el apoyo financiero
de agencias estadounidenses (NED, Usaid, Cipe, entre otras), por miembros
representativos de la derecha venezolana quienes dos años antes, habían
firmadoel Decreto Carmona durante el golpe de Estado contra el gobierno del
presidente Chávez
4
, y/o habían participado en el sabotaje petróleo y en el
lock-out
3. Vale destacar que Diego Arria, partidario de la
disolución de la Constitución, fue el único que se abstuvo de estampar su firma
junto al resto de los candidatos.
4. Este Decreto fue pronunciado por el gobierno de facto de
Pedro
Carmona Estanga, que disolvió los poderes públicos de la
República
Bolivariana de Venezuela.18 19 o cierre patronal que tuvo
lugar entre final del año
2002 y principio del 2003.
En otras palabras, el programa de la MUD no propone nada
nuevo; digamos que más bien desarrolla las propuestas que venían tejiendo en
este primer intento de sistematizar unas propuestas de Gobierno de la
oposición. Es más amplio que su hermano mayor y cabe subrayar que es un
verdadero programa de Gobierno, en el sentido que abarca todas las áreas de la
vida sociopolítica de la Nación para darle respuestas coherentes enmarcadas en
una visión ideológica. A pesar de la nueva retórica de Capriles Radonski, su
programa no es más que una continuación y una ampliación del Plan Consenso
País. Como lo veremos a lo largo de este estudio, tiene un claro corte liberal
y aplica las recetas que están quebrando y afectando severamente a los países
europeos. El cinismo es tal, que llegan a reconocer que "en el llamado
Primer Mundo persisten la incertidumbre e inestabilidad, como resultado de
imprevisiones, temeridades, y excesos en el aérea económica y financiera"
(Art. 1.183), pero proponen la aplicación en Venezuela de las mismas políticas
que ahogaron a los europeos pobres y arruinaron a su clase media.
Es un programa ideológicamente marcado a pesar de las
retóricas mediáticas. Si bien proponen "despolitizar" la
administración pública (Art. 149), la investigación científica (Art. 660), el
Poder Judicial (Art. 682), las políticas de seguridad (Art. 694), la Policía
Nacional y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (Art. 713 y 748), el Ministerio Público
(Art. 752), los tribunales (Art. 755), los programas
sociales (Art. 790), la Corporación Electrica Nacional (Art.
976), la política ambiental (Art. 998), la de transporte
(Art. 1.114) y las de equidad de género (Art. 1.173), no
cabe la menor duda de que reemplazarán la ideología humanista del Gobierno por
la doctrina neoliberal. El programa de la MUD hace hincapié sobre esta
necesidad de implantar una nueva ideología. El artículo 612 propone
"incorporar en el sistema educativo básico y medio, temas demostrativos
sobre la conexión entre propiedad, progreso económico, libertad política y
desarrollo social". ¡Qué propuesta tan contradictoria nace de quienes
dicen defender una educación libre de ideologización!
El hilo conductor de este programa de Gobierno se enfatiza
en la tríada descentralización-autonomía-privatización. A lo largo de las 166
páginas que integran el citado documento, nos encontramos nada más y nada menos
que con 83 referencias a la 20 21 descentralización del poder nacional; 37
referencias a la autonomía de entidades normalmente controladas por el poder
político para orientar las políticas de desarrollo; y 103 referencias a la
"necesaria" participación del sector privado en todos los aspectos de
la vida socioeconómica.
Fieles a su visión liberal, los redactores de la
MUD quieren destruir el Estado nacional, generador de una
repartición igualitaria de la riqueza, para entregar el poder de administración
de la Nación a unos feudos dirigidos por caudillos locales, a entes autónomos
de las decisiones tomadas por el poder político electo, y a los intereses
particulares del sector privado.
¡Vaya propuesta de cambio para el país!, sobre todo si
consideramos que esta visión, para nada original y autóctona, se inscribe en
los lineamientos neoliberales que prevalecen a nivel mundial.
Descentralización
La MUD y Capriles declararon la guerra al centralismo. Según
ellos, la centralización del poder figura como la causa de todos los problemas
de Venezuela. En realidad, su verdadero enemigo es el Estado nacional regulador
de desigualdades. Su proyecto de descentralización es absoluto: quieren
convertir a
Venezuela en un ensamblaje de 23 feudos, con libertad de
decidir sobre las políticas de salud, educación, energía, ambiente, transporte,
etc., según el manejo del presupuesto que el situado constitucional le ha
asignado según su número de población.
Esta visión excluye una unidad geopolítica de la
Nación, y sostiene una desigualdad entre los estados de
mayor población y recursos, capaz de levantar una riqueza adicional al situado
por impuestos locales a industrias ya implantadas en su territorio, e
incrementar la brecha de los más pobres y despoblados.
Cabe preguntarse, entonces, ¿cómo hará el estado Delta
Amacuro para encargarse, al mismo tiempo, del mantenimiento o construcción de
su red de salud y educación (Art. 872 y 860), de su infraestructura vial (Art.
1.127), del financiamiento de los consejos comunales (Art. 76), de sus
aeropuertos (Art. 1.140), de sus políticas de ambiente (Art. 1.085), de su
sistema penitenciario (Art. 763), de sus servicios públicos de deporte (Art.
829), de la cultura (Art. 921), y del aprovisionamiento de agua (Art. 927) y
electricidad
(Art. 982), atribuciones que le confiere el proyecto de
Capriles en los artículos mencionados?
¿De dónde este estado poco poblado y con poca posibilidad de
recaudar fuertes impuestos locales 22 23 puede sacar el dinero suficiente para
su desarrollo como territorio autónomo? Esta visión desigual reforzará la
concentración poblacional en los estados más ricos del país, donde ya se
aglutina más de 80% de los ciudadanos. En realidad, este proceso de
descentralización prepara la llegada del sector privado para que sobre él
descansen estas atribuciones.
Autonomía
La voluntad de autonomía participa de esta misma lógica.
Cabe preguntarse, ¿para qué autonomizar ciertos poderes? Y, sobretodo,
¿autonomizarles de qué?
Al carecer los ministerios de sus atributos con la creación
de consejos autónomos, se abre la puerta al reemplazo de servidores públicos
del Estado, cuya meta y misión es la aplicación de políticas públicas con
personas ajenas a la función pública. No se necesita ser funcionario para
integrar una entidad autónoma. En otros términos, existe la posibilidad de
conflicto de intereses si miembros del sector privado son nombrados como
integrante de esos consejos.
En efecto, el programa de Capriles prevé la creación del
Consejo Nacional de Comunicación (Art.
126), del Consejo Nacional de Vivienda (Art. 172), del
Consejo Superior del Deporte (Art. 939), Consejo Nacional de los Residuos
Sólidos (Art. 1033),
Consejo Empresarial para el Desarrollo Sustentable
(Art. 1.044), Consejo Nacional del Ambiente (Art.
1.086), Consejo Presidencial por los Pueblos Indí- genas
(Art. 1.094), Consejo Nacional de Gestión de
Riesgos Socionaturales y Tecnológicos (Art. 1.105), y del
Consejo Nacional del Transporte (1.127). Estos consejos tendrán como tarea
sustituir al poder político en la creación de nuevas orientaciones. ¿Deberíamos
entender entonces que al autonomizarse del poder político, estos entes se
autonomizarán del poder económico?
Esta política de autonomía es más relevante cuando se trata
del Banco Central de Venezuela
(BCV) o de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A.
(Pdvsa). Cuando proclaman la autonomía del BCV (Artículos 407, 408 y 409), los
redactores de la MUD impiden, así, cualquier tipo de control político sobre los
temas económicos y financieros, y queda marcada la voluntad de supeditar el
desarrollo de la Nación al poder económico privado.
Todavía más descarnado resulta el caso de Pdvsa. El artículo
499 plantea la separación "del cargo político del Ministro con
competencias en hidrocarburos de la Presidencia de Pdvsa y ampliar la 24 25
composición de su Asamblea de Accionistas para garantizar a la empresa
autonomía gerencial, financiera y operacional". En suma, el perfil de una
empresa que no se preocupará más de los planes de desarrollo del país decidido
por el poder político electo. El artículo 500 lo enfatiza: "Pdvsa debe
entenderse como una empresa con fines comerciales"; es decir, no enfocarse
en el financiamiento de las políticas decididas por el poder electo.
Como la naturaleza, el mercado aborrece al vacío y llenará
la ausencia de control cada vez que el poder político se retire para favorecer
la autonomía. Hay que decirlo: la autonomía es una estafa que favorece el
crecimiento del sector privado en la vida sociopolítica.
Privatización
La doctrina neoliberal promueve la desaparición del Estado y
el libre ejercicio de los intereses particulares para alcanzar la sociedad
perfecta. Ha sido refutada por la realidad concreta que vivieron los pueblos
latinoamericanos en la década de los noventa, o la que padecen actualmente los
ciudadanos europeos.
A pesar de esta demostración empírica, la MUD y Capriles
insisten en dejar que el sector privado sea el garante de la mayor suma de
felicidad en Venezuela. ¿Está en el interés de las empresas de alimentos
Polar distribuir productos en Mercal, cuando precisamente
Mercal surgió para romper con el monopolio que estas ejercían? ¿Están
contemplando el bienestar de los abuelos y abuelas más desposeídos cuando
piensan abrir al sector privado el sistema de jubilación? ¿Cuándo hacen énfasis
en la participación de la empresa privada en la recuperación del sistema vial
(Art. 1.126), creen que ella sea tan filantrópica como para construir
carreteras en los lugares más recónditos del país? ¿Según qué criterio será
manejado el sistema nacional de telecomunicaciones cuando "garantizarán el
resguardo seguro de la inversión privada y extranjera", como lo estipulan
en el artículo 1.149?
Un sistema que se basa en la ganancia individual por encima
de las necesidades del ser humano no puede ser garante del bienestar colectivo.
El sistema capitalista neoliberal que pretende (re)
instaurar la MUD y Capriles no tiene nada de progresista, ni de social, ni de
liberador. El programa va en contra de los intereses de la gran mayoría de los
venezolanos que pretenden conquistar emocional y mediáticamente.
También se erige en contra de los empresarios nacionales, y
de la clase media. Cabe recordar que 26 27 frente a la aplicación de un
programa económico parecido en el Chile de Augusto Pinochet, el presidente de
la Asociación Nacional de Manufactura, Orlando Sáenz, quien había sido un
ferviente partidario del golpe contra Salvador Allende en
1973, declaró que la experiencia fue "uno de los más
rotundos fracasos de la historia económica
[de Chile]"
5
. A pesar de las lecciones históricas y económicas,
volvieron a sacar las mismas recetas, ahora sazonadas con un discurso
"progresista".
Lobos liberales disfrazados de corderos progresistas
Sería un error de juicio pensar que el programa de la MUD
fue elaborado en un laboratorio secreto de Washington y enviado a los candidatos
para que lo acogieran. Si bien la ideología a la cual se vincula tiene sus
raíces en el capitalismo anglosajón y las teorías de la escuela de Chicago, los
redactores venezolanos de este proyecto comparten totalmente la visión
ideológica de la doctrina neoliberal. El primero de ellos, el candidato
Capriles, por sus orígenes sociales y su desempeño permanente a la derecha
5. Véase
Gunder Franck, Economic genocid en Chile. Monetarist Theory Versus Humanity,
Nottingham Spokesman Books, 1976, p. 46. Traducción nuestra. Del ajedrez
político venezolano, está convencido de que es el mejor plan de Gobierno. El
problema que se le plantea es lograr que la mayoría de los ciudadanos sigan y
avalen una política que va en contra de sus propios intereses. La oposición ha
construido su discurso para desacostumbrar a los ciudadanos a los beneficios y
la estabilidad social procurados por el gobierno bolivariano después de la
década que hundió al país en un abismo socio-político. Para eso, desataron una
verdadera propaganda de guerra que podríamos resumir en tres puntos.
Negar el pasado:
Venezuela es un planeta espacial sin historia
La descontextualización histórica y geográfica es un recurso
usual de la propaganda de guerra. El presidente Chávez, según esta perspectiva,
hubiese llegado al poder por sorpresa y no como consecuencia de una reacción
política a un contexto histórico. De la misma forma, según la derecha, todo lo
que ocurre en Venezuela es inédito y extraordinario. Para esta clase política
no tiene equivalente en el mundo salvo, quizás, en las peores dictaduras. En
realidad, dibujar el país como una isla fuera de todo contexto geográfico es
una estrategia para negar la
normalidad del proceso democrático llevado a cabo 28 29 por
el gobierno nacional. Muchos países democrá- ticos tienen la posibilidad de
reelegir a sus dirigentes sin límites, o tienen un régimen de concesión de
espacio radioeléctrico parecido al de Venezuela, para solo citar dos ejemplos
que generaron polémica en los últimos años
Esta postura es muy cómoda para
no rendir cuentas al país sobre las políticas impuestas en elpasado y, sobre
todo, para desvincular el lazo ideológico que une la situación crítica del país
en los noventa con el programa actual. "No somos responsables del pasado
sino del futuro" , claman los dirigentes opositores. Para este sector,
pareciera que El Caracazo, los paquetes del Fondo Monetario Internacional
(FMI), la Agenda Venezuela,
6. En 2007 se venció la concesión que permitía al canal
Radio Caracas Televisión (Rctv) ocupar un espacio en el espectro radioeléctrico
público. Otorgada en 1987, esta concesión no fue renovada por el
Gobierno Bolivariano. Cabe resaltar que esta atribución de
manejar las concesiones radioeléctricas no es exclusiva del Estado venezolano.
Por otra parte, el 15 de febrero de 2009, el pueblo
venezolano decidió por referéndum abolir la restricción legal del ejercicio
consecutivo de mandatos en cargos públicos de elección popular, apegándose así
a la visión predominante en Europa. En estos dos casos, la oposición venezolana
describió estas medidas como dictatoriales.
7. Véase: "Líderes opositores se pronuncian en la UCAB.
No somos responsable del pasado pero sí del futuro"; Noticias 24:
http://www. noticias24.com/venezuela/noticia/98275/lideres-del-sector-opositordebaten-sobre-la-situacion-economica-y-social-del-pais
(22 de marzo de 2012). y todas las políticas que arruinaron a Venezuela y que
hoy están contenidas en el proyecto de la
MUD, no fueron más que una ilusión. Negar el pasado permite
también negar los orígenes de los problemas con los cuales se enfrenta el
gobierno bolivariano desde hace 13 años. Para la derecha, el origen de todos
los males de Venezuela tiene nombre y apellido: Hugo Chávez, ¡y más nada!
Negar de manera
sistemática todos los avances del gobierno: Venezuela es un infierno sin nombre
Todos los puntos del programa de la MUD están precedidos por
un "análisis" de las acciones del gobierno. Resulta sorprendente que
toda acción del gobierno nacional sea valorada de manera negativa.
El país, según ellos, "va de mal en peor", y muy
convenientemente se abstienen de establecer comparaciones con la década
anterior.
Cuando la evidencia de la gestión positiva del gobierno
bolivariano es demasiado fuerte para negarla, usan la estrategia de la
"triangulación" política, método inventado por Dick Morris, asesor
del ex presidente estadounidense Bill Clinton, que consiste en mantener ideas
claves del oponente político cambiando 30 31 su formulación
. Que nadie se equivoque, este cambio semántico no afecta el
contenido real del programa.
Esta estrategia es particularmente empleada cuando se trata
de los programas sociales del Gobierno o de la economía social. No obstante,
mejorar los programas sociales con el apoyo del sector privado o poner en
competencia a grandes empresas con cooperativas, significa la liquidación de
los avances que el gobierno nacional ha logrado en estas materias.
Negar los intereses
antagónicos:
Venezuela es un país sin clase social
Otra maravilla de la retórica y de la semántica: la unidad
de grupos partidarios de oposición se transformó en la "unidad de todos
los venezolanos". "El
Pueblo es uno solo (...) El nuevo gobierno practicará ese
respeto universal", dice el apéndice del programa de la MUD. Desaparecen
los intereses antagónicos entre los obreros y el patrón, entre los campesinos explotados
y el terrateniente, entre los acaparadores de tierras urbanas y los pobladores,
entre el dueño de una clínica y un paciente sin recursos. La MUD
8. Consúltese: "La estrategia de Henrique Capriles será
triangulación política", El Mundo:
http://www.elmundo.com.ve/noticias/politica/noticias/la-estrategia-de-henrique-capriles-sera--triangula.aspx
(13 de febrero de 2012). delira y proyecta la idea de que vamos a vivir juntos
y felices; el rico bailará con el pobre, los leones se casarán con las cebras
(y con el Magallanes), y los gatos ayudarán a los ratones; como todo era, pues,
antes de la llegada del presidente Chávez. ¡Nadie se lo podría creer ni en una
película!
No hace falta ser un marxista radical para darse cuenta que
la promulgación de dicha unión es un insulto a la inteligencia. Menos hipócrita
fue Laurence Parisot, la presidenta del Medef, el equivalente francés de la
Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela
(Fedecámaras), cuando declaraba: "La libertad de emprender termina donde
empieza el derecho laboral". Por lo menos, es consciente de la vigencia de
la lucha de clases, y de su interés por defender su campo. Pero, claro, tomemos
en cuenta que ella no está preocupada por llegar a la presidencia de la
Republica Bolivariana de Venezuela.
Soldado avisado no muere en guerra
El candidato presidencial de la derecha podría cambiar, pero
el proyecto de país contenido en este documento quedará como plato servido para
cualquiera de sus comensales. El análisis crítico de los lineamientos para el
programa de Gobierno de Capriles es un paso 32 33 necesario para desmontar el
engaño político con el cual pretenden estafar al pueblo venezolano, al mismo
tiempo que una crítica al sistema neoliberal generador de pobreza y
desigualdades en el mundo. Seguiremos el orden del documento, paso a paso, para
comprender, refutar y dar a conocer el verdadero contenido y futuro de
Venezuela según Capriles Radonski.
Antes de subirse en cualquier autobús, es necesario
detenerse en la parada de la reflexión para asegurarse que el transporte va en
una dirección correcta y no nos lleva, otra vez, al pasado.
Institucionalidad democrática
En la Venezuela de la MUD.
Se aniquilará el
aparato legal existente (Art. 49)
Se reformará la
Constitución para abolir la enmienda constitucional del 15 de febrero de 2009
(Art. 67)
Se impedirá a la
Contraloría General de la República aplicar inhabilitaciones (Art. 74)
Se despolitizará a
los consejos comunales (Art. 75)
Se acabará con la
unión cívico-militar (Art. 103)
Se eliminará Tves y
se restituirá la señal
a Rctv (Art. 127)
Se impedirá a los
medios estatales emitir opiniones políticas (Art. 129)
Se criminalizará a los
medios alternativos
y comunitarios (Art. 140)34 35
E
n este capítulo se refleja el espíritu general de la
proyectada organización del gobierno de la MUD. Muchos de los temas tratados
definen el cuadro general en el que se enmarcarán las políticas propuestas en
los siguientes apartados. Sin embargo, de antemano podemos reconocer que es la
expresión de una orientación liberal que marca una tajante ruptura con las
políticas puestas en marcha por el gobierno bolivariano, evidenciando
abiertamente su rechazo cognitivo de las medidas tomadas en revolución. Como lo
vimos en la introducción, cualquier invocación histórica está negada,
pretendiéndose con ello revertir las conquistas populares.
El fuerte componente de lucha de clases que se ha desatado
durante la gestión socialista es aniquilado como lo muestra el artículo 33:
"La gran tarea de la nueva dirigencia gubernamental debe ser enaltecer la
idea de pertenencia de todos los venezolanos, sin distingos de partido, a una
misma nación, a una misma comunidad política". Las palabras se las lleva
el viento. El antagonismo social impide semejante política que, históricamente,
ha terminado favoreciendo al dominante.
La orientación general de plan de "institucionalidad
democrática" es resumido en el artículo
"Es importante tener una oferta social propia (.) de
acuerdo con los postulados de un determinado modelo económico, ha de inspirarse
claramente en las premisas, constitucionalmente sustentadas, de preservación y
garantía del derecho a la propiedad privada, de la libertad económica, y de la
iniciativa privada". Más claro que el agua. No obstante, la aplicación de
esta visión carecería de toda base por todos los avances legales y jurídicos
alcanzados en esta revolución. Para volver a implantar un sistema liberal,
tendrían entonces que desmontar del aparato legal.
Temas conexos
Atomización del
Estado (p. 69)
Descentralizar para
privatizar (p. 69)
Propiedad: un
defensor de las contras nicaragüenses orienta la visión de la MUD (p. 119)
Salud: ¿derecho o privilegio?
(p. 165)
Pensiones:
mercantilización del bienestar de los adultos mayores (p. 172)
Cultura: Disneylandia
en Miraflores (p. 175)
Política exterior: el
fin de una visión multipolar (p. 211)36 37
¿Cómo proponen hacerlo?, ¿consultando al pueblo en
referéndum, o desconociendo, al más puro estilo del año 2002, el orden
constitucional? Sobre este aspecto, la MUD se queda muda.
Demolición del aparato legal
Las reformas para desconocer el marco legal y administrativo
vigente es una constante que se va a encontrar el lector a lo largo de todo el
programa.
Los artículos siguientes prefiguran esta directriz:
"Las leyes o decretos-leyes inconstitucionales deben
ser impugnados judicialmente, si aún no lo han sido.
Adicionalmente, debe ejercerse la iniciativa legislativa del
Presidente de la República para presentar proyectos de ley que desmonten las
regulaciones contrarias a la Constitución dictadas en los últimos años"
(Art. 48). "Mientras no se modifique el marco legal en los puntos que la
contravienen, será necesario acometer reformas reglamentarias y administrativas
(.) Son muchas las modificaciones que pueden alcanzarse mediante la reforma de
reglamentos o de prácticas administrativas, así como mediante una aplicación de
la legalidad orientada por los principios constitucionales. Paralelamente, han
de precisarse los asuntos que reclaman, de manera casi ineludible, una
modificación normativa" (Art. 49).
Sencillamente, se trata de demoler todos los avances que el
gobierno bolivariano ha logrado concretar durante sus años en el poder. Más
adelante en el documento, la MUD se hará más explícita al querer, entre otras
ocurrencias, revisar la Ley Orgánica de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Ley Orgá- nica de la
Seguridad de la Nación (Art. 100), la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión (Art.
124), la Ley del Poder Popular, la Ley de Comunas, la
Ley de la Contraloría Social, la Ley de Planificación y
Políticas Públicas y la Ley de Economía Popular (Art.
125), la Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Capital
(Art. 272), la Ley de Contribuciones Especiales sobre Precios Extraordinarios y
Exorbitantes de Hidrocarburos (Art. 275), la Ley del Consejo Federal de
Gobierno (Art. 276), la Ley de Asignaciones Econó- micas
Especiales (Art. 279), las leyes de los Consejos
Estadales de Planificación y de los Consejos Locales de
Planificación Pública (Art. 289), la Ley de Pesca, la
Ley de Tierras, la Ley de Soberanía Alimentaria (Art.
547), la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a
los Bienes y Servicios, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Ley Orgánica
de Ciencia, Tecnología e Innovación, Régimen de Control de Cambios
(Art. 1.147), la Ley de Consejos Comunales (Art. 289), todas
las nuevas leyes en materia petrolera (Art. 512), 38 39 el Código Penal (Art.
124), y de manera general todo el "cúmulo de leyes deberán (sic) ser
sometidas a una rigurosa revisión, para ajustarlas a una visión integral de un
nuevo marco jurídico que restituya la naturaleza democrática de la República"
(Art. 162).
En otros términos, todas las leyes que impiden el buen
funcionamiento del capitalismo salvaje. Parece que la MUD quisiera despertarse
de una pesadilla y borrar de cuajo un recuerdo de 13 años. Este afán destructor
contradice su promesa de construir una
"convivencia entre posiciones políticas diferentes e,
incluso, contrapuestas, que encuentran garantías para su promoción en un
espacio constitucional común dominado por el principio del pluralismo"
(Art. 35).
Curiosa manera de respetar las posiciones opuestas.
¿Podemos creerle a la derecha cuando pregona
"asumir el compromiso de no proponer leyes habilitantes
con la extensión material y temporal de las que han sido solicitadas por el
Presidente de la República durante la vigencia de la Constitución de
1999"?
(Art. 64). ¿No caerán en la tentación de arrasar con las
leyes bolivarianas de un plumazo con decretos-leyes y dejar las manos libres al
desarrollo del mercado?
Cabe recordar que "a partir del año 1961, dentro de lo
que hemos denominado la IV República, el antiguo
Congreso aprobó seis Leyes Habilitantes que dieron origen a
172 decretos con Rango y Valor de Ley, únicamente en materias económicas y
financieras, tal como lo contemplaba la Constitución de esa época. ¿Qué se
buscaba con estas leyes? En primer lugar, y como es lógico en un Estado
capitalista, como era el de la época, el camino a seguir era adecuar el sistema
económico y financiero nacional a ese Estado capitalista, reduciendo la
inversión social, afectando, por supuesto, a los sectores menos favorecidos de
la población"
En el hipotético caso de que Capriles gane los próximos
comicios presidenciales, deberá gobernar con una Asamblea Nacional adversa
hasta el año 2015. ¿O disolverá el poder legislativo como lo hizo Pedro Carmona?
Continúa la MUD: "Deberán presentarse proyectos de ley
que supriman la facultad del Contralor de imponer inhabilitaciones políticas
(.) Estas y otras tareas de reforma legislativa no necesariamente tendrían que
originarse en una iniciativa presidencial formal, sino que serían expresión de
un trabajo coordinado con los diputados de la Unidad ante la Asamblea
Nacional"
(Art. 74). Esta liquidación de la Ley de la Contraloría
General de la República (CGR), votada en el año 2002,
9. Eduardo Colmenares Motamayor, "¿Qué es una Ley
Habilitante y el porqué de la solicitud de una? (Antes y después)", Otro
foro: www.
Otro foro.org/ideologia/a114882.html (1 de enero de 2011).40
41 tendrá como consecuencia inmediata un incremento de la corrupción y de la
malversación administrativa.
Dicha Ley no tiene nada de dictatorial. Existe el mismo tipo
de legislación, por ejemplo, en Francia.
Como lo nota Sarah Testard: "Hubo decenas de polí-
ticos inhabilitados en estos últimos años en Francia, por casos de malversación
financiera o administrativa. Unos ejemplos. La pareja Megret fue inhabilitada por
un año en octubre de 2006 por un tribunal de
Marsella y recibieron ocho meses de condena condicional por
haber malversado fondos públicos. El antiguo alcalde de Dijon, François
Rebsamen, fue inhabilitado un año por el tribunal administrativo en octubre de
2004 por haber confundido el boletín de información municipal con su material
de propaganda electoral. También, el antiguo alcalde de PontSainte-Maxence,
recibió una condena condicional de seis meses de cárcel y diez años de
inhabilitación, por haber favorecido a cercanos suyos en la obtención de cuatro
contratos públicos. La lista es larga.
Francia no está inmune de corruptos. Venezuela, con sus
inhabilitaciones, no es una excepción"
Estos
10. Sarah Testard, "L'inéligibilité, nouveau
faux-fuyant de l'opposition
au Venezuela", Le Grand Soir,
http://www.legrandsoir.info/L-ineligibilite-nouveau-faux-fuyant-de-l-opposition-au.html
(5 de octubre de
2008). Traducción nuestra. ejemplos no son exhaustivos,
existen muchos más políticos franceses inhabilitados. Este recurso judicial
tiene como objetivo proteger a los ciudadanos de las desviaciones de sus
representantes. Al querer aniquilar esta posibilidad en Venezuela para proteger
a sus colegas, la MUD toma el riesgo de desatar una permisividad nociva para la
democracia.
La MUD y la Constitución
La MUD dice ampararse y defender la Constitución de 1999;
sin embargo, todo su programa está orientado a reformarla. En el artículo 941
pero, sobretodo, en el artículo 67. Este último lo expresa claramente:
"Una de las enmiendas o reformas constitucionales que deberá ser
propugnada al recuperar o alcanzar un contexto democrático es la de fijar
límites a las posibilidades de reelección de los titulares de cargos
ejecutivos. La actual regulación, fruto de la enmienda constitucional del 2009,
que permite la reelección indefinida o continuada del Presidente de la
República, y de los alcaldes y gobernadores, atenta gravemente contra la
alternabilidad y el pluralismo democráticos". ¿Por qué entonces la MUD decidió
volver a presentar a los actuales gobernadores Pablo Pérez (estado Zulia),
Henri Falcón (estado 42 43
Lara), César Pérez Vivas (estado Táchira), Salas Feo (estado
Carabobo), Morel Rodríguez (estado Nueva
Esparta) y a la alcaldesa Evelyn Trejo de Rosales a la
Alcaldía de Maracaibo en las elecciones locales de
2013? ¡Cachicamo diciéndole a morrocoy conchudo!
El cinismo llega a tal punto que la derecha quiere
"presentar ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Referendos, que
deliberadamente ha sido eludido por la mayoría oficialista en esta instancia, lo
cual se ha traducido en un impedimento para la activación popular de este
mecanismo" (Art. 73). La derrota en el referéndum revocatorio en 2004 los
volvió amnésicos. ¿Han olvidado que activaron este mecanismo con una
recolección de firmas? Estos nuevos "defensores" de la Constitución
de 1999 deberían leer bien la Carta Magna antes de reivindicarla.
Veamos otro ejemplo de este desconocimiento.
El artículo 74 de la Constitución de la Republica
Bolivariana de Venezuela, contempla la posibilidad de
someter "a referendo, para ser abrogadas, total o parcialmente, las leyes
cuya abrogación fuere solicitada por iniciativa de un número no menor del diez
por ciento de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro
civil y electoral o por el Presidente o Presidenta de la República en Consejo
de Ministros. También podrán ser sometidos a referendo abrogatorio los decretos
con fuerza de ley que dicte el Presidente o Presidenta de la República en uso
de la atribución prescrita en el numeral 8 del artículo 236 de esta
Constitución, cuando fuere solicitado por un número no menor del cinco por
ciento de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil
y electoral"
11
. ¿Cómo creer en Capriles, de ahora en adelante, cuando exalta
los méritos de la Carta Magna? Ni siquiera conoce su contenido.
Organización espacial del poder político
Uno de los pilares del programa de la MUD, como lo vimos en
la introducción, es el tema de la descentralización. "El nuevo gobierno ha
de ser profundamente federal y descentralizado. No solamente porque ha de
promover la descentralización y ha de respetar las competencias de los estados
y municipios, sino también en el sentido de que la concepción y gestión del gobierno
deberá sustentarse de manera permanente en la discusión y articulación de
políticas con los gobernadores y alcaldes" (Art. 53). La atomización del
Estado nacional en beneficio de los poderes locales y del
sector privado es una constante que volveremos
11. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
título III, capítulo IV, sección segunda, Art. 74, Caracas, 1999.44 45 a
encontrar a lo largo del documento. El Estado será considerado sólo como un
ente rector que supervisará las políticas subnacionales. "El Consejo
Federal de
Gobierno debe ser reivindicado como instancia fundamental
para la gobernabilidad" (Art. 56). El Consejo
Federal de Gobierno se convertirá en la instancia rectora
que reemplazará un Estado central participante, planificador, y organizador de
la vida económica y social (ver capítulo siguiente).
En contradicción con su voluntad de "rescatar los
principios de la democracia electoral" (Art. 38), la
MUD pretende preservar a los consejos comunales como
instancias de participación comunitaria. Según los lineamientos de la
descentralización: "Los consejos comunales deben estar en relación
preferente con los estados y municipios" (Art. 76)". Añade la MUD:
"Los consejos comunales deben estar claramente
perfilados como instancias de participación, en los términos del artículo 70 de
la Constitución. Ellos deben
ser deslastrados de todo sesgo ideológico-partidista
así como de toda confusión que los configure como
instancias híbridas que terminen asumiendo funciones
públicas que le son ajenas" (Art. 75).
La preservación de los consejos comunales como
una instancia de participación sin contenido político
encaja muy bien dentro de la visión de un Estado
capitalista. Ya no se trata de hacer surgir el poder
popular -la MUD habla de "participación
comunitaria"- sino de reducir los consejos comunales a la
aplicación de las decisiones públicas. Sin ideología
política, ni construcción del poder popular, los consejos
comunales terminarán como entes tercerizados
de los organismos públicos. Los integrantes de los
consejos comunales se convertirían en voluntarios,
ayudando así a reducir los costos de funcionamiento
de los estados y alcaldías.
La orientación del gobierno bolivariano la expresó el
diputado Aristóbulo Istúriz en su discurso conmemorativo del décimo aniversario
de la aprobación
de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela en la Asamblea Nacional: "el mecanismo
es la construcción del Poder Popular. El poder hay
que rallarlo, hay que aplicarle la teoría del queso rallado;
hay que rallarlo y pegarle un ventilador, y que
cada uno de los venezolanos y las venezolanas tenga
una hilachita de poder. Sólo así avanzaremos, y eso
requiere que entendamos que el Poder Popular no es
sólo el consejo comunal".
12
12. Aristóbulo Istúriz, "Discurso pronunciado con
motivo de la conmemoración del décimo aniversario de la aprobación de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del pueblo
mediante referendo constituyente", Asamblea Nacional,
www.asambleanacional.gov.ve/index.php (15 de diciembre de 2009). Prólogo
E
l título de este libro de Romain Migus, comporta sin duda
una paradoja cuyo abordaje
puede resultar, al ritmo que vamos del proceso electoral, un
sombrío juego de ajedrez ejecutado por un
bando fantasma, cuya reina fue objeto de una extraña
desaparición física del tablero donde se desarrollaron
los primeros pasos ofensivos, los consabidos amagues
de unas piezas (negras o blancas, aunque parecen ser
amarillas) que fueron movidas a ciegas, quizás con
la velada y simbólica (y única) estrategia de acabar
olímpicamente no sólo con el rey del otro bando, que
aún no ha aparecido en la escena de los movimientos,
sino con todas las piezas que lo integran.
De todas maneras se trata de las entrañas de
un cuerpo —digamos por comodidad— ideológico,
que se despliega en discurso por el arte de la magia
mediática que lo sostiene, particularmente del megáfono
infame de un canal de comunicación cuyos
dueños, hoy por hoy, son banqueros y empresarios estafadores
que, por cometer delitos públicos durante
años, no se encuentran precisamente bajo condenas, 10 11
sino en las metrópolis del imperio norteamericano y
otras vecindades centroamericanas, después de amasar
fortunas descomunales, burlarse de la inocencia
de millones de personas y, desde luego, de la justicia.
Pero la MUD, ciertamente, existió hasta el 12 de
febrero de este año, cuando se produjeron las llamadas
elecciones primarias y el poder del capital impuso a Capriles Radonski como el
candidato de la
“Unidad Democrática”: hoy es un retazo de signos
agazapados en el entramado de la subcultura de la
derecha venezolana, compuesta por antiguos exponentes de la
IV República que acompañaron a Pedro
Carmona Estanga y a unos militares apátridas en el
golpe de Estado contra Hugo Chávez el 11 de abril
de 2002.
De la juntura de retazos que moldean ese cadáver
político llamado la MUD, hay que hacer una parada
obligatoria en la muy sofisticada manera de plantarse
(adentro pero al margen) del siempre viejo partido de
Rómulo Betancourt, Acción Democrática, que aunque en
decadencia y si acaso con el lucimiento de su
único rostro, ya añejado e incorporado a los íconos
del folclore político venezolano del inefable Ramos
Allup, se ha encargado de ultimar a estos muchachos
de la Escuela de Chicago que hoy desean borrar del
imaginario colectivo el pasado que los condena. AD,
claro, suerte de alma en pena que arrastra los fantasmas de
El Caracazo, del oprobioso significado de los
gobiernos de Carlos Andrés Pérez, que quiso darle
la bienvenida a Fondo Monetario Internacional, ha
tomado la más pintoresca distancia no sólo de los
restos de la MUD, sino del envalentonado candidato
de la derecha nacional, que anda por la vida (y por
Colombia) como un muñeco de cuerda, tratando de
posicionar un programa de franca factoría neoliberal, en un
país de sólida cultura antiimperialista y de
decidida y vigorosa defensa de lo nacional y popular
como vértices de un proceso revolucionario que ha
despertado a las masas y generado una conciencia
histórica fundamental.
La antigua MUD fue una arquitectura ideada por
dueños de medios de comunicación privados, empresarios de
tintes neoliberales, unos incursionando
en la actividad política, otros desde sus federaciones;
partidos políticos cuyos dirigentes, venidos a menos
(Teodoro Petkoff, Carlos Blanco, Américo Martín,
Andrés Velásquez, Pablo Medina, Ramón Guillermo
Aveledo, María Corina Machado y otros), estiran sus
finanzas provenientes de organismos internacionales
(norteamericanos, españoles, etc.) para sobrevivir, unos como diputados, o como
simples saltimbanquis que, a veces, con visos delincuenciales, se 12 13
presentan metamorfoseados en artistas, presentadores de
noticias (no olvidemos: todos ventrílocuos de
Globovisión) y que ahora, como náufragos, aguardan
que Capriles Radonski logre convertirse en lo que los
dueños del capital criollo y foráneo quieren que sea:
el pequeño César del imperio, el que abra las puertas a
las corporaciones y al capitalismo salvaje y enfermizo
que, pese al progresivo desgaste de sus aspiraciones
expansionistas en el mundo, e independientemente
de “los beneficios” que le ha proporcionado, la llamada por
Vicente Romano “generalización del modelo
capitalista a la economía mundial”, al menos en el caso
venezolano, por la firmeza con la que se han fijado
los conceptos de soberanía e independencia durante
estos últimos años de revolución, no es visto con el
mismo telescopio que visualizó las guerras en Irak y el
espantoso saqueo a que fue sometida o, más recientemente,
Libia para apoderarse de su petróleo.
La incursión de Migus por el Programa de la
MUD es un análisis microscópico y retador de sus
“postulados”. Un libro que debe ser llevado en los bolsillos
para leerlo de cara a la realidad, en medio de la
multitud, en el Metro, en el transporte público, como
un recurso de utilidad colectiva para desentrañar y
exponer a viva voz los tantos elementos neofascistas
que lo componen. Como lo dice el autor: “desataron
una verdadera propaganda de guerra, que podríamos
resumir en tres puntos.
Negar el pasado: Venezuela es un planeta espacial sin
historia.
Negar de manera sistemática todos los avances
del Gobierno: Venezuela es un infierno sin nombre.
Negar los intereses antagónicos: Venezuela es un
país sin clase social”.
Estas son las tres premisas que este libro desarrolla en
paralelo a una aguda y sistemática investigación de la historia reciente de la
Venezuela bolivariana; un país que, junto a Hugo Chávez, emprende
una de las gestas emancipadoras más vigorosas del
mundo y se hermana con las experiencias de Ecuador, Brasil,
Bolivia, Cuba y países y culturas de otros
ámbitos, a través de la construcción de nuevos modelos de
cooperación e integración que dan al traste
con los mecanismos de dominación imperial.
“La MUD delira y proyecta la idea de que vamos a
vivir juntos y felices; el rico bailará con el pobre, los
leones se casarán con las cebras (y con el Magallanes), y los
gatos ayudarán a los ratones; como todo era, pues, antes
de la llegada del presidente Chávez… ¡Nadie se lo podría
creer ni en una película!”, dice Romain Migus para
ilustrar la brillante retórica del programa de Capriles.14
15
A esta pincelada de Migus sobre las idílicas aspiraciones
consensuales de la MUD para una Venezuela sin Chávez, habría que imaginarse
semejante
coronación como una apoteósica y frenética restauración del
neofascismo actual en la plaza Altamira,
donde en el primer plano del paisaje se den la mano
Álvaro Uribe y Mariano Rajoy con el Premio Nóbel
de la Paz, Mr. Obama, emblemas de la “Revolución
Conservadora”, made in USA.
Si “el camino del progreso” de Capriles Radonski nos
pretende ocultar el signo de ese síntoma que
describe Vicente Romano, subyacente a la mascarada
del capitalismo, como es la globalización neoliberal,
que se ha traducido en incremento de la pobreza, en
libre mercado en contra del empobrecimiento de las
mayorías y pérdidas de las conquistas sociales como
las ocurridas en Europa, este libro de Migus es un
manual para desenmascarar esta pretensión neofascista de
implantar en Venezuela una situación de impredecibles consecuencias
sociopolíticas.
Un libro para espantar la pesadilla.
Federico Ruiz Tirado
Introducción
E
l 12 de febrero del 2012, la oposición venezolana al
gobierno del presidente Hugo Rafael
Chávez Frías, puso fin a una campaña electoral de
varios meses para escoger a su candidato único para
la elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre.
Durante este tiempo, seis candidatos tuvieron la
oportunidad de presentar al país su visión política y
sus propuestas electorales. En varias oportunidades
mediáticas, dieron la ilusión de proponer posiciones
políticas diferentes para que sus electores escogieran
la que les pareciera más idónea para derrotar al presidente
Chávez
1
.
Mientras este simulacro
mediático ocupaba lo
esencial de las parrillas de información de los medios de
comunicación privados, 400 redactores vinculados a los grupos políticos y
universitarios de la
derecha venezolana, trabajaban en la elaboración de
un programa común.
1. En estos comicios se presentaron: Henrique Capriles
Radonski,
Pablo Pérez, María Corina Machado, Leopoldo López, Diego
Arria
y Pablo Medina. 16 17
El “debate” se convirtió en una estrategia electoral
para proyectar una fachada democrática. En realidad,
todos los candidatos compartían la misma ideología,
las mismas ideas y, aún más grave, el mismo programa;
salvo, quizás, Diego Arria, quien no se alinea a las mismas
estrategias. La campaña de las primarias de la oposición, pues, no fue más que
una escenificación teatral
destinada a ocupar el espacio político-mediático.
Después de ser aprobado un programa común de
gobierno el 12 de enero de 2012 por la Mesa de la
Unidad Democrática (MUD), este fue firmado por
los candidatos a las primarias el 23 del mismo mes; es
decir, tres semanas antes de presentarse a su electorado.
Con sus rúbricas, se comprometían “a orientar
de acuerdo con los lineamientos para el programa
de gobierno de Unidad Nacional, la elaboración del
programa de gobierno de Unidad Nacional para las
elecciones del 7 de octubre, así como la gestión de
[sus] gobiernos”. La derecha tiene su programa,
independientemente del nombre de su candidato. No
obstante, como Capriles Radonski ganó la elección
primaria, se convirtió en el portavoz de este programa, el cual
será el objeto de nuestro análisis
2
.
2. “Lineamientos para el programa de gobierno de unidad
nacional.
2013-2019”, Mesa de la Unidad Democrática,
http://static.eluniversal.
com/2012/01/23/lineamientosmesaunidad.pdf (23 de enero de
2012).
El documento de 1.237 artículos pretende enmarcarse en los
principios dictados en la Constitución
de la Republica Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, vale
destacar que en los artículos 67 y 941, los
redactores del programa de la MUD plantean la posibilidad de
reformar la Carta Magna. ¡Qué extraña
manera de apegarse a la Constitución de 1999!
3
Un programa de corte liberal
No es la primera vez que la oposición logra proponer al país
un plan de Gobierno. Recordemos que
en 2004, a pocos meses de celebrarse el referéndum
revocatorio al presidente Chávez, la derecha venezolana
presentaba el Plan Consenso País: programa
ultraliberal elaborado con el apoyo financiero de
agencias estadounidenses (NED, Usaid, Cipe, entre
otras), por miembros representativos de la derecha
venezolana quienes dos años antes, habían firmado
el Decreto Carmona durante el golpe de Estado contra el
gobierno del presidente Chávez
4
, y/o habían
participado en el sabotaje petróleo y en el lock-out
3. Vale destacar que Diego Arria, partidario de la
disolución de la
Constitución, fue el único que se abstuvo de estampar su
firma junto
al resto de los candidatos.
4. Este Decreto fue pronunciado por el gobierno de facto de
Pedro
Carmona Estanga, que disolvió los poderes públicos de la
República
Bolivariana de Venezuela.18 19
o cierre patronal que tuvo lugar entre final del año
2002 y principio del 2003.
En otras palabras, el programa de la MUD no
propone nada nuevo; digamos que más bien desarrolla las
propuestas que venían tejiendo en este
primer intento de sistematizar unas propuestas de
Gobierno de la oposición. Es más amplio que su
hermano mayor y cabe subrayar que es un verdadero programa
de Gobierno, en el sentido que abarca
todas las áreas de la vida sociopolítica de la Nación
para darle respuestas coherentes enmarcadas en una
visión ideológica. A pesar de la nueva retórica de
Capriles Radonski, su programa no es más que una
continuación y una ampliación del Plan Consenso
País. Como lo veremos a lo largo de este estudio,
tiene un claro corte liberal y aplica las recetas que
están quebrando y afectando severamente a los paí-
ses europeos. El cinismo es tal, que llegan a reconocer que
“en el llamado Primer Mundo persisten
la incertidumbre e inestabilidad, como resultado de
imprevisiones, temeridades, y excesos en el aérea
económica y financiera” (Art. 1.183), pero proponen
la aplicación en Venezuela de las mismas políticas
que ahogaron a los europeos pobres y arruinaron a
su clase media.
Es un programa ideológicamente marcado a pesar
de las retóricas mediáticas. Si bien proponen “despolitizar”
la administración pública (Art. 149), la investigación científica (Art. 660),
el Poder Judicial (Art. 682),
las políticas de seguridad (Art. 694), la Policía Nacional
y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (Art. 713 y 748), el Ministerio Público
(Art. 752), los tribunales (Art. 755), los programas
sociales (Art. 790), la Corporación Electrica Nacional (Art.
976), la política ambiental (Art. 998), la de transporte
(Art. 1.114) y las de equidad de género (Art. 1.173), no
cabe la menor duda de que reemplazarán la ideología
humanista del Gobierno por la doctrina neoliberal. El
programa de la MUD hace hincapié sobre esta necesidad de
implantar una nueva ideología. El artículo 612
propone “incorporar en el sistema educativo básico y
medio, temas demostrativos sobre la conexión entre
propiedad, progreso económico, libertad política y
desarrollo social”. ¡Qué propuesta tan contradictoria
nace de quienes dicen defender una educación libre de
ideologización!
El hilo conductor de este programa de Gobierno se enfatiza
en la tríada descentralización-autonomía-privatización. A lo largo de las 166
páginas
que integran el citado documento, nos encontramos
nada más y nada menos que con 83 referencias a la 20 21
descentralización del poder nacional; 37 referencias
a la autonomía de entidades normalmente controladas por el
poder político para orientar las políticas
de desarrollo; y 103 referencias a la “necesaria”
participación del sector privado en todos los aspectos de
la vida socioeconómica.
Fieles a su visión liberal, los redactores de la
MUD quieren destruir el Estado nacional, generador de una
repartición igualitaria de la riqueza, para
entregar el poder de administración de la Nación a
unos feudos dirigidos por caudillos locales, a entes
autónomos de las decisiones tomadas por el poder
político electo, y a los intereses particulares del sector
privado.
¡Vaya propuesta de cambio para el país!, sobre
todo si consideramos que esta visión, para nada original y
autóctona, se inscribe en los lineamientos
neoliberales que prevalecen a nivel mundial.
• Descentralización
La MUD y Capriles declararon la guerra al centralismo. Según
ellos, la centralización del poder figura como la causa de todos los problemas
de Venezuela. En realidad, su verdadero enemigo es el Estado
nacional regulador de desigualdades. Su proyecto de
descentralización es absoluto: quieren convertir a
Venezuela en un ensamblaje de 23 feudos, con libertad de
decidir sobre las políticas de salud, educación,
energía, ambiente, transporte, etc., según el manejo
del presupuesto que el situado constitucional le ha
asignado según su número de población.
Esta visión excluye una unidad geopolítica de la
Nación, y sostiene una desigualdad entre los estados
de mayor población y recursos, capaz de levantar una
riqueza adicional al situado por impuestos locales a
industrias ya implantadas en su territorio, e incrementar la
brecha de los más pobres y despoblados.
Cabe preguntarse, entonces, ¿cómo hará el estado Delta
Amacuro para encargarse, al mismo tiempo,
del mantenimiento o construcción de su red de salud y
educación (Art. 872 y 860), de su infraestructura vial (Art. 1.127), del financiamiento
de los consejos
comunales (Art. 76), de sus aeropuertos (Art. 1.140),
de sus políticas de ambiente (Art. 1.085), de su sistema
penitenciario (Art. 763), de sus servicios públicos
de deporte (Art. 829), de la cultura (Art. 921), y del
aprovisionamiento de agua (Art. 927) y electricidad
(Art. 982), atribuciones que le confiere el proyecto
de Capriles en los artículos mencionados?
¿De dónde este estado poco poblado y con poca
posibilidad de recaudar fuertes impuestos locales 22 23
puede sacar el dinero suficiente para su desarrollo
como territorio autónomo? Esta visión desigual reforzará la
concentración poblacional en los estados
más ricos del país, donde ya se aglutina más de 80%
de los ciudadanos. En realidad, este proceso de descentralización
prepara la llegada del sector privado
para que sobre él descansen estas atribuciones.
• Autonomía
La voluntad de autonomía participa de esta misma
lógica. Cabe preguntarse, ¿para qué autonomizar ciertos
poderes? Y, sobretodo, ¿autonomizarles de qué?
Al carecer los ministerios de sus atributos con
la creación de consejos autónomos, se abre la puerta al
reemplazo de servidores públicos del Estado,
cuya meta y misión es la aplicación de políticas pú-
blicas con personas ajenas a la función pública. No
se necesita ser funcionario para integrar una entidad
autónoma. En otros términos, existe la posibilidad de conflicto de intereses si
miembros del
sector privado son nombrados como integrante de
esos consejos.
En efecto, el programa de Capriles prevé la creación del
Consejo Nacional de Comunicación (Art.
126), del Consejo Nacional de Vivienda (Art. 172),
del Consejo Superior del Deporte (Art. 939), Consejo
Nacional de los Residuos Sólidos (Art. 1033),
Consejo Empresarial para el Desarrollo Sustentable
(Art. 1.044), Consejo Nacional del Ambiente (Art.
1.086), Consejo Presidencial por los Pueblos Indí-
genas (Art. 1.094), Consejo Nacional de Gestión de
Riesgos Socionaturales y Tecnológicos (Art. 1.105),
y del Consejo Nacional del Transporte (1.127). Estos
consejos tendrán como tarea sustituir al poder político en
la creación de nuevas orientaciones. ¿Deberíamos entender entonces que al
autonomizarse
del poder político, estos entes se autonomizarán del
poder económico?
Esta política de autonomía es más relevante
cuando se trata del Banco Central de Venezuela
(BCV) o de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A.
(Pdvsa). Cuando proclaman la autonomía
del BCV (Artículos 407, 408 y 409), los redactores
de la MUD impiden, así, cualquier tipo de control
político sobre los temas económicos y financieros, y
queda marcada la voluntad de supeditar el desarrollo
de la Nación al poder económico privado.
Todavía más descarnado resulta el caso de Pdvsa. El artículo
499 plantea la separación “del cargo
político del Ministro con competencias en hidrocarburos de
la Presidencia de Pdvsa y ampliar la 24 25
composición de su Asamblea de Accionistas para
garantizar a la empresa autonomía gerencial, financiera y
operacional”. En suma, el perfil de una empresa que no se preocupará más de los
planes de
desarrollo del país decidido por el poder político
electo. El artículo 500 lo enfatiza: “Pdvsa debe entenderse
como una empresa con fines comerciales”;
es decir, no enfocarse en el financiamiento de las
políticas decididas por el poder electo.
Como la naturaleza, el mercado aborrece al vacío
y llenará la ausencia de control cada vez que el poder
político se retire para favorecer la autonomía. Hay que
decirlo: la autonomía es una estafa que favorece el
crecimiento del sector privado en la vida sociopolítica.
• Privatización
La doctrina neoliberal promueve la desaparición
del Estado y el libre ejercicio de los intereses
particulares para alcanzar la sociedad perfecta. Ha sido refutada por la realidad
concreta que vivieron los pueblos
latinoamericanos en la década de los noventa, o la
que padecen actualmente los ciudadanos europeos.
A pesar de esta demostración empírica, la MUD y
Capriles insisten en dejar que el sector privado sea el
garante de la mayor suma de felicidad en Venezuela.
¿Está en el interés de las empresas de alimentos
Polar distribuir productos en Mercal, cuando precisamente
Mercal surgió para romper con el monopolio que estas ejercían? ¿Están
contemplando el
bienestar de los abuelos y abuelas más desposeídos
cuando piensan abrir al sector privado el sistema
de jubilación? ¿Cuándo hacen énfasis en la participación de
la empresa privada en la recuperación
del sistema vial (Art. 1.126), creen que ella sea tan
filantrópica como para construir carreteras en los
lugares más recónditos del país? ¿Según qué criterio
será manejado el sistema nacional de telecomunicaciones
cuando “garantizarán el resguardo seguro de
la inversión privada y extranjera”, como lo estipulan en el
artículo 1.149?
Un sistema que se basa en la ganancia individual por encima
de las necesidades del ser humano no puede ser garante del bienestar colectivo.
El sistema capitalista neoliberal que pretende (re)
instaurar la MUD y Capriles no tiene nada de progresista, ni
de social, ni de liberador. El programa
va en contra de los intereses de la gran mayoría de
los venezolanos que pretenden conquistar emocional y
mediáticamente.
También se erige en contra de los empresarios
nacionales, y de la clase media. Cabe recordar que 26 27
frente a la aplicación de un programa económico
parecido en el Chile de Augusto Pinochet, el presidente de
la Asociación Nacional de Manufactura, Orlando Sáenz, quien había sido un
ferviente
partidario del golpe contra Salvador Allende en
1973, declaró que la experiencia fue “uno de los
más rotundos fracasos de la historia económica
[de Chile]”
5
. A pesar de las lecciones históricas y
económicas, volvieron a sacar las mismas recetas,
ahora sazonadas con un discurso “progresista”.
Lobos liberales disfrazados
de corderos progresistas
Sería un error de juicio pensar que el programa
de la MUD fue elaborado en un laboratorio secreto
de Washington y enviado a los candidatos para que
lo acogieran. Si bien la ideología a la cual se vincula
tiene sus raíces en el capitalismo anglosajón y las
teorías de la escuela de Chicago, los redactores venezolanos
de este proyecto comparten totalmente la
visión ideológica de la doctrina neoliberal. El primero de
ellos, el candidato Capriles, por sus orígenes
sociales y su desempeño permanente a la derecha
5. Véase
Gunder Franck, Economic genocid en Chile. Monetarist Theory
Versus
Humanity, Nottingham Spokesman Books, 1976, p. 46. Traducción nuestra.
del ajedrez político venezolano, está convencido de
que es el mejor plan de Gobierno. El problema que
se le plantea es lograr que la mayoría de los ciudadanos
sigan y avalen una política que va en contra
de sus propios intereses. La oposición ha construido
su discurso para desacostumbrar a los ciudadanos a
los beneficios y la estabilidad social procurados por
el gobierno bolivariano después de la década que
hundió al país en un abismo socio-político. Para eso,
desataron una verdadera propaganda de guerra que
podríamos resumir en tres puntos.
• Negar el pasado: Venezuela
es un planeta espacial sin historia
La descontextualización histórica y geográfica
es un recurso usual de la propaganda de guerra. El
presidente Chávez, según esta perspectiva, hubiese
llegado al poder por sorpresa y no como consecuencia de una
reacción política a un contexto histórico. De la misma forma, según la derecha,
todo lo
que ocurre en Venezuela es inédito y extraordinario. Para
esta clase política no tiene equivalente en
el mundo salvo, quizás, en las peores dictaduras. En
realidad, dibujar el país como una isla fuera de todo
contexto geográfico es una estrategia para negar la
normalidad del proceso democrático llevado a cabo 28 29
por el gobierno nacional. Muchos países democrá-
ticos tienen la posibilidad de reelegir a sus dirigentes sin
límites, o tienen un régimen de concesión
de espacio radioeléctrico parecido al de Venezuela,
para solo citar dos ejemplos que generaron polémica en los
últimos años
6
.
Esta postura es muy cómoda para
no rendir
cuentas al país sobre las políticas impuestas en el
pasado y, sobre todo, para desvincular el lazo ideológico
que une la situación crítica del país en los
noventa con el programa actual. “No somos responsables del
pasado sino del futuro”
7
, claman los
dirigentes opositores. Para este sector, pareciera
que El Caracazo, los paquetes del Fondo Monetario
Internacional (FMI), la Agenda Venezuela,
6. En 2007 se venció la concesión que permitía al canal
Radio Caracas Televisión (Rctv) ocupar un espacio en el espectro radioeléctrico
público. Otorgada en 1987, esta concesión no fue renovada por el
Gobierno Bolivariano. Cabe resaltar que esta atribución de
manejar
las concesiones radioeléctricas no es exclusiva del Estado
venezolano.
Por otra parte, el 15 de febrero de 2009, el pueblo
venezolano decidió
por referéndum abolir la restricción legal del ejercicio
consecutivo de
mandatos en cargos públicos de elección popular, apegándose
así a
la visión predominante en Europa. En estos dos casos, la
oposición
venezolana describió estas medidas como dictatoriales.
7. Véase: “Líderes opositores se pronuncian en la UCAB. No
somos
responsable del pasado pero sí del futuro”; Noticias 24:
http://www.
noticias24.com/venezuela/noticia/98275/lideres-del-sector-opositordebaten-sobre-la-situacion-economica-y-social-del-pais
(22 de marzo
de 2012).
y todas las políticas que arruinaron a Venezuela
y que hoy están contenidas en el proyecto de la
MUD, no fueron más que una ilusión. Negar el
pasado permite también negar los orígenes de los
problemas con los cuales se enfrenta el gobierno
bolivariano desde hace 13 años. Para la derecha, el
origen de todos los males de Venezuela tiene nombre y
apellido: Hugo Chávez, ¡y más nada!
• Negar de manera sistemática todos
los avances del gobierno: Venezuela
es un infierno sin nombre
Todos los puntos del programa de la MUD están precedidos por
un “análisis” de las acciones del
gobierno. Resulta sorprendente que toda acción del
gobierno nacional sea valorada de manera negativa.
El país, según ellos, “va de mal en peor”, y muy
convenientemente se abstienen de establecer comparaciones con la década
anterior.
Cuando la evidencia de la gestión positiva del gobierno
bolivariano es demasiado fuerte para negarla,
usan la estrategia de la “triangulación” política, método
inventado por Dick Morris, asesor del ex presidente estadounidense Bill
Clinton, que consiste en mantener ideas claves del oponente político cambiando
30 31
su formulación
8
. Que nadie se equivoque, este cambio
semántico no afecta el contenido real del programa.
Esta estrategia es particularmente empleada cuando se trata
de los programas sociales del Gobierno o de
la economía social. No obstante, mejorar los programas
sociales con el apoyo del sector privado o poner
en competencia a grandes empresas con cooperativas,
significa la liquidación de los avances que el gobierno
nacional ha logrado en estas materias.
• Negar los intereses antagónicos:
Venezuela es un país sin clase social
Otra maravilla de la retórica y de la semántica: la
unidad de grupos partidarios de oposición se transformó en
la “unidad de todos los venezolanos”. “El
Pueblo es uno solo (...) El nuevo gobierno practicará
ese respeto universal”, dice el apéndice del programa
de la MUD. Desaparecen los intereses antagónicos
entre los obreros y el patrón, entre los campesinos
explotados y el terrateniente, entre los acaparadores
de tierras urbanas y los pobladores, entre el dueño
de una clínica y un paciente sin recursos. La MUD
8. Consúltese: “La estrategia de Henrique Capriles será
triangulación
política”, El Mundo:
http://www.elmundo.com.ve/noticias/politica/noticias/la-estrategia-de-henrique-capriles-sera--triangula.aspx
(13 de febrero de 2012).
delira y proyecta la idea de que vamos a vivir juntos
y felices; el rico bailará con el pobre, los leones se
casarán con las cebras (y con el Magallanes), y los
gatos ayudarán a los ratones; como todo era, pues,
antes de la llegada del presidente Chávez… ¡Nadie se
lo podría creer ni en una película!
No hace falta ser un marxista radical para darse
cuenta que la promulgación de dicha unión es un insulto a la
inteligencia. Menos hipócrita fue Laurence Parisot, la presidenta del Medef, el
equivalente
francés de la Federación de Cámaras y Asociaciones
de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), cuando
declaraba: “La libertad de emprender
termina donde empieza el derecho laboral”. Por lo
menos, es consciente de la vigencia de la lucha de
clases, y de su interés por defender su campo. Pero,
claro, tomemos en cuenta que ella no está preocupada por
llegar a la presidencia de la Republica Bolivariana de Venezuela.
Soldado avisado no muere en guerra
El candidato presidencial de la derecha podría cambiar, pero
el proyecto de país contenido en este documento quedará como plato servido para
cualquiera de
sus comensales. El análisis crítico de los lineamientos
para el programa de Gobierno de Capriles es un paso 32 33
necesario para desmontar el engaño político con el
cual pretenden estafar al pueblo venezolano, al mismo
tiempo que una crítica al sistema neoliberal generador
de pobreza y desigualdades en el mundo. Seguiremos el
orden del documento, paso a paso, para comprender,
refutar y dar a conocer el verdadero contenido y futuro
de Venezuela según Capriles Radonski.
Antes de subirse en cualquier autobús, es necesario
detenerse en la parada de la reflexión para asegurarse que el transporte va en
una dirección correcta
y no nos lleva, otra vez, al pasado.
Institucionalidad democrática
En la Venezuela de la MUD…
• Se aniquilará el aparato legal existente (Art. 49)
• Se reformará la Constitución para abolir
la enmienda constitucional del 15
de febrero de 2009
(Art. 67)
• Se impedirá a la Contraloría General
de la República aplicar inhabilitaciones (Art. 74)
• Se despolitizará a los consejos comunales (Art. 75)
• Se acabará con la unión cívico-militar (Art. 103)
• Se eliminará Tves y se restituirá la señal
a Rctv (Art. 127)
• Se impedirá a los medios estatales emitir
opiniones políticas (Art. 129)
• Se criminalizará a los medios alternativos
y comunitarios (Art.
140)34 35
E
n este capítulo se refleja el espíritu general
de la proyectada organización del gobierno
de la MUD. Muchos de los temas tratados definen
el cuadro general en el que se enmarcarán las políticas
propuestas en los siguientes apartados. Sin embargo, de antemano podemos
reconocer que es la
expresión de una orientación liberal que marca una
tajante ruptura con las políticas puestas en marcha
por el gobierno bolivariano, evidenciando abiertamente su
rechazo cognitivo de las medidas tomadas
en revolución. Como lo vimos en la introducción,
cualquier invocación histórica está negada, pretendiéndose
con ello revertir las conquistas populares.
El fuerte componente de lucha de clases que se
ha desatado durante la gestión socialista es aniquilado como
lo muestra el artículo 33: “La gran tarea de
la nueva dirigencia gubernamental debe ser enaltecer la idea
de pertenencia de todos los venezolanos,
sin distingos de partido, a una misma nación, a una
misma comunidad política”. Las palabras se las lleva
el viento. El antagonismo social impide semejante
política que, históricamente, ha terminado favoreciendo al
dominante.
La orientación general de plan de “institucionalidad
democrática” es resumido en el artículo 43:
“Es importante tener una oferta social propia (…)
de acuerdo con los postulados de un determinado
modelo económico, ha de inspirarse claramente en
las premisas, constitucionalmente sustentadas, de
preservación y garantía del derecho a la propiedad
privada, de la libertad económica, y de la iniciativa
privada”. Más claro que el agua. No obstante, la aplicación
de esta visión carecería de toda base por todos
los avances legales y jurídicos alcanzados en esta
revolución. Para volver a implantar un sistema liberal,
tendrían entonces que desmontar del aparato legal.
Temas conexos
• Atomización del Estado
(p. 69)
• Descentralizar para privatizar (p. 69)
• Propiedad: un defensor de las contras
nicaragüenses orienta la visión de la MUD (p. 119)
• Salud: ¿derecho o privilegio? (p. 165)
• Pensiones: mercantilización del bienestar
de los adultos mayores
(p. 172)
• Cultura: Disneylandia en Miraflores (p. 175)
• Política exterior: el fin de una visión
multipolar (p. 211)36
37
¿Cómo proponen hacerlo?, ¿consultando al pueblo
en referéndum, o desconociendo, al más puro estilo
del año 2002, el orden constitucional? Sobre este aspecto,
la MUD se queda muda.
Demolición del aparato legal
Las reformas para desconocer el marco legal y
administrativo vigente es una constante que se va a
encontrar el lector a lo largo de todo el programa.
Los artículos siguientes prefiguran esta directriz:
“Las leyes o decretos-leyes inconstitucionales deben
ser impugnados judicialmente, si aún no lo han sido.
Adicionalmente, debe ejercerse la iniciativa legislativa del
Presidente de la República para presentar
proyectos de ley que desmonten las regulaciones
contrarias a la Constitución dictadas en los últimos
años” (Art. 48). “Mientras no se modifique el marco
legal en los puntos que la contravienen, será necesario
acometer reformas reglamentarias y administrativas (…) Son muchas las
modificaciones que pueden
alcanzarse mediante la reforma de reglamentos o de
prácticas administrativas, así como mediante una
aplicación de la legalidad orientada por los principios
constitucionales. Paralelamente, han de precisarse
los asuntos que reclaman, de manera casi ineludible,
una modificación normativa” (Art. 49).
Sencillamente, se trata de demoler todos los avances que el
gobierno bolivariano ha logrado concretar durante sus años en el poder. Más
adelante en el
documento, la MUD se hará más explicita al querer,
entre otras ocurrencias, revisar la Ley Orgánica de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Ley Orgá-
nica de la Seguridad de la Nación (Art. 100), la Ley
de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Art.
124), la Ley del Poder Popular, la Ley de Comunas, la
Ley de la Contraloría Social, la Ley de Planificación y
Políticas Públicas y la Ley de Economía Popular (Art.
125), la Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Capital
(Art. 272), la Ley de Contribuciones Especiales
sobre Precios Extraordinarios y Exorbitantes de
Hidrocarburos (Art. 275), la Ley del Consejo Federal de
Gobierno (Art. 276), la Ley de Asignaciones Econó-
micas Especiales (Art. 279), las leyes de los Consejos
Estadales de Planificación y de los Consejos Locales
de Planificación Pública (Art. 289), la Ley de Pesca, la
Ley de Tierras, la Ley de Soberanía Alimentaria (Art.
547), la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a
los Bienes y Servicios, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Ley Orgánica
de Ciencia, Tecnología e Innovación, Régimen de Control de Cambios
(Art. 1.147), la Ley de Consejos Comunales (Art. 289),
todas las nuevas leyes en materia petrolera (Art. 512), 38
39
el Código Penal (Art. 124), y de manera general todo
el “cúmulo de leyes deberán (sic) ser sometidas a una
rigurosa revisión, para ajustarlas a una visión integral
de un nuevo marco jurídico que restituya la naturaleza
democrática de la República” (Art. 162).
En otros términos, todas las leyes que impiden el
buen funcionamiento del capitalismo salvaje. Parece
que la MUD quisiera despertarse de una pesadilla
y borrar de cuajo un recuerdo de 13 años. Este afán
destructor contradice su promesa de construir una
“convivencia entre posiciones políticas diferentes e,
incluso, contrapuestas, que encuentran garantías para
su promoción en un espacio constitucional común
dominado por el principio del pluralismo” (Art. 35).
Curiosa manera de respetar las posiciones opuestas.
¿Podemos creerle a la derecha cuando pregona
“asumir el compromiso de no proponer leyes habilitantes con
la extensión material y temporal de las que
han sido solicitadas por el Presidente de la República
durante la vigencia de la Constitución de 1999”?
(Art. 64). ¿No caerán en la tentación de arrasar con
las leyes bolivarianas de un plumazo con decretos-leyes y
dejar las manos libres al desarrollo del mercado?
Cabe recordar que “a partir del año 1961, dentro de lo
que hemos denominado la IV República, el antiguo
Congreso aprobó seis Leyes Habilitantes que dieron
origen a 172 decretos con Rango y Valor de Ley, únicamente
en materias económicas y financieras, tal como
lo contemplaba la Constitución de esa época. ¿Qué
se buscaba con estas leyes? En primer lugar, y como
es lógico en un Estado capitalista, como era el de
la época, el camino a seguir era adecuar el sistema
económico y financiero nacional a ese Estado capitalista,
reduciendo la inversión social, afectando,
por supuesto, a los sectores menos favorecidos de la
población”
9
. En el hipotético caso de que Capriles
gane los próximos comicios presidenciales, deberá
gobernar con una Asamblea Nacional adversa hasta
el año 2015. ¿O disolverá el poder legislativo como lo
hizo Pedro Carmona?
Continúa la MUD: “Deberán presentarse proyectos de ley que
supriman la facultad del Contralor de
imponer inhabilitaciones políticas (…) Estas y otras tareas
de reforma legislativa no necesariamente tendrían
que originarse en una iniciativa presidencial formal,
sino que serían expresión de un trabajo coordinado con
los diputados de la Unidad ante la Asamblea Nacional”
(Art. 74). Esta liquidación de la Ley de la Contraloría
General de la República (CGR), votada en el año 2002,
9. Eduardo Colmenares Motamayor, “¿Qué es una Ley
Habilitante
y el porqué de la solicitud de una? (Antes y después)”,
Aporrea: www.
aporrea.org/ideologia/a114882.html (1 de enero de 2011).40
41
tendrá como consecuencia inmediata un incremento
de la corrupción y de la malversación administrativa.
Dicha Ley no tiene nada de dictatorial. Existe el
mismo tipo de legislación, por ejemplo, en Francia.
Como lo nota Sarah Testard: “Hubo decenas de polí-
ticos inhabilitados en estos últimos años en Francia,
por casos de malversación financiera o administrativa. Unos
ejemplos. La pareja Megret fue inhabilitada
por un año en octubre de 2006 por un tribunal de
Marsella y recibieron ocho meses de condena condicional por
haber malversado fondos públicos. El
antiguo alcalde de Dijon, François Rebsamen, fue
inhabilitado un año por el tribunal administrativo
en octubre de 2004 por haber confundido el boletín
de información municipal con su material de propaganda
electoral. También, el antiguo alcalde de PontSainte-Maxence, recibió una
condena condicional
de seis meses de cárcel y diez años de inhabilitación,
por haber favorecido a cercanos suyos en la obtención de cuatro
contratos públicos. La lista es larga.
Francia no está inmune de corruptos. Venezuela, con
sus inhabilitaciones, no es una excepción”
10
. Estos
10. Sarah Testard, “L’inéligibilité, nouveau faux-fuyant de
l’opposition
au Venezuela”, Le Grand Soir,
http://www.legrandsoir.info/L-ineligibilite-nouveau-faux-fuyant-de-l-opposition-au.html
(5 de octubre de
2008). Traducción nuestra.
ejemplos no son exhaustivos, existen muchos más
políticos franceses inhabilitados. Este recurso judicial
tiene como objetivo proteger a los ciudadanos
de las desviaciones de sus representantes. Al querer
aniquilar esta posibilidad en Venezuela para proteger
a sus colegas, la MUD toma el riesgo de desatar una
permisividad nociva para la democracia.
La MUD y la Constitución
La MUD dice ampararse y defender la Constitución de 1999;
sin embargo, todo su programa está
orientado a reformarla. En el artículo 941 pero, sobretodo,
en el artículo 67. Este último lo expresa claramente: “Una de las enmiendas o
reformas constitucionales que deberá ser propugnada al recuperar o
alcanzar un contexto democrático es la de fijar límites a
las posibilidades de reelección de los titulares
de cargos ejecutivos. La actual regulación, fruto de
la enmienda constitucional del 2009, que permite
la reelección indefinida o continuada del Presidente de la
República, y de los alcaldes y gobernadores,
atenta gravemente contra la alternabilidad y el pluralismo
democráticos”. ¿Por qué entonces la MUD
decidió volver a presentar a los actuales gobernadores Pablo
Pérez (estado Zulia), Henri Falcón (estado 42 43
Lara), César Pérez Vivas (estado Táchira), Salas Feo
(estado Carabobo), Morel Rodríguez (estado Nueva
Esparta) y a la alcaldesa Evelyn Trejo de Rosales a la
Alcaldía de Maracaibo en las elecciones locales de
2013? ¡Cachicamo diciéndole a morrocoy conchudo!
El cinismo llega a tal punto que la derecha quiere
“presentar ante la Asamblea Nacional el Proyecto
de Ley de Referendos, que deliberadamente ha sido
eludido por la mayoría oficialista en esta instancia,
lo cual se ha traducido en un impedimento para la
activación popular de este mecanismo” (Art. 73). La
derrota en el referéndum revocatorio en 2004 los volvió
amnésicos. ¿Han olvidado que activaron este mecanismo con una recolección de firmas?
Estos nuevos
“defensores” de la Constitución de 1999 deberían leer
bien la Carta Magna antes de reivindicarla.
Veamos otro ejemplo de este desconocimiento.
El artículo 74 de la Constitución de la Republica
Bolivariana de Venezuela, contempla la posibilidad
de someter “a referendo, para ser abrogadas, total
o parcialmente, las leyes cuya abrogación fuere solicitada
por iniciativa de un número no menor del
diez por ciento de los electores y electoras inscritos e
inscritas en el registro civil y electoral o por
el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de
Ministros. También podrán ser sometidos
a referendo abrogatorio los decretos con fuerza de
ley que dicte el Presidente o Presidenta de la Repú-
blica en uso de la atribución prescrita en el numeral 8 del
artículo 236 de esta Constitución, cuando
fuere solicitado por un número no menor del cinco
por ciento de los electores y electoras inscritos e
inscritas en el registro civil y electoral”
11
. ¿Cómo
creer en Capriles, de ahora en adelante, cuando
exalta los méritos de la Carta Magna? Ni siquiera
conoce su contenido.
Organización espacial del poder político
Uno de los pilares del programa de la MUD, como
lo vimos en la introducción, es el tema de la
descentralización. “El nuevo gobierno ha de ser profundamente federal y
descentralizado. No solamente porque ha
de promover la descentralización y ha de respetar las
competencias de los estados y municipios, sino también en el
sentido de que la concepción y gestión del
gobierno deberá sustentarse de manera permanente
en la discusión y articulación de políticas con los
gobernadores y alcaldes” (Art. 53). La atomización del
Estado nacional en beneficio de los poderes locales y
del sector privado es una constante que volveremos
11. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
título III, capítulo IV, sección segunda, Art. 74, Caracas, 1999.44 45
a encontrar a lo largo del documento. El Estado será
considerado sólo como un ente rector que supervisará las
políticas subnacionales. “El Consejo Federal de
Gobierno debe ser reivindicado como instancia fundamental
para la gobernabilidad” (Art. 56). El Consejo
Federal de Gobierno se convertirá en la instancia rectora
que reemplazará un Estado central participante,
planificador, y organizador de la vida económica y social
(ver capítulo siguiente).
En contradicción con su voluntad de “rescatar
los principios de la democracia electoral” (Art. 38), la
MUD pretende preservar a los consejos comunales
como instancias de participación comunitaria. Según
los lineamientos de la descentralización: “Los consejos
comunales deben estar en relación preferente con
los estados y municipios” (Art. 76)”. Añade la MUD:
“Los consejos comunales deben estar claramente perfilados
como instancias de participación, en los términos del artículo 70 de la
Constitución. Ellos deben
ser deslastrados de todo sesgo ideológico-partidista
así como de toda confusión que los configure como
instancias híbridas que terminen asumiendo funciones
públicas que le son ajenas” (Art. 75).
La preservación de los consejos comunales como
una instancia de participación sin contenido político
encaja muy bien dentro de la visión de un Estado
capitalista. Ya no se trata de hacer surgir el poder
popular —la MUD habla de “participación comunitaria”— sino
de reducir los consejos comunales a la
aplicación de las decisiones públicas. Sin ideología
política, ni construcción del poder popular, los consejos
comunales terminarán como entes tercerizados
de los organismos públicos. Los integrantes de los
consejos comunales se convertirían en voluntarios,
ayudando así a reducir los costos de funcionamiento
de los estados y alcaldías.
La orientación del gobierno bolivariano la expresó el
diputado Aristóbulo Istúriz en su discurso conmemorativo del décimo aniversario
de la aprobación
de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela en la Asamblea Nacional: “el mecanismo
es la construcción del Poder Popular. El poder hay
que rallarlo, hay que aplicarle la teoría del queso rallado;
hay que rallarlo y pegarle un ventilador, y que
cada uno de los venezolanos y las venezolanas tenga
una hilachita de poder. Sólo así avanzaremos, y eso
requiere que entendamos que el Poder Popular no es
sólo el consejo comunal”.
12
12. Aristóbulo Istúriz, “Discurso pronunciado con motivo de
la conmemoración del décimo aniversario de la aprobación de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, por parte del pueblo
mediante referendo constituyente”, Asamblea Nacional, www.asambleanacional.gov.ve/index.php
(15 de diciembre de 2009).46 47
Para seguir el pensamiento del diputado por el
Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), se trata de
descentralizar el poder en cada uno de los ciudadanos, y no de reducir los
consejos comunales a
una instancia registradora de las políticas regionales
y municipales. El consejo comunal es una instancia
sumamente política y quitarle este atributo, como lo
pretende la MUD, equivale a liquidarlos. Por eso insiste
tanto en “reformar toda normativa reglamentaria que sujete el ejercicio de la
participación política
o social a la adhesión a una determinada ideología o
doctrina de partido. Esto es particularmente importante
respecto de los consejos comunales y su registro” (Art. 71).
En consecuencia, la
visión vinculada a esta verdadera reorganización territorial del poder popular
está llamada a desaparecer, desde la propiedad social
hasta la construcción de comunas.
¿Derechos humanos o derecho
a la propiedad?
La MUD adoptará “medidas dirigidas a salvaguardar la
libertad de expresión e información,
restituyendo derechos vulnerados” (Art. 83) y “se
adelantará una evaluación de las ocupaciones o
expropiaciones de tierras o industrias efectuadas
por el actual gobierno, con miras a resolver estas
situaciones con apego a la Constitución” (Art. 85).
¿Considera la MUD que los derechos humanos se
resumen al derecho a la propiedad de medios de
producción comunicacional o industrial?
No cabe lugar a dudas, porque cuando destacan
que “se formularán las bases de un sistema de seguridad
social y de un sistema de salud para todos” (Art. 87), en
realidad, se prevé privatizar este derecho humano
13
.
Para cumplir con el respeto a los derechos humanos, la MUD
propone “la pronta sanción de la
ley sobre la reparación de las violaciones a los derechos
humanos en el artículo 30 de la Constitución”
(Art. 82). ¿Indemnizarán a los que fueron disparados
y averiguados después? ¿A los miles de muertos de
El Caracazo? ¿A los muertos por consecuencia de las
políticas liberales que implantaron en el pasado? ¿A
los miles de torturados en las jaulas de la IV Repú-
blica? ¿A los estudiantes que fueron asesinados por
luchar por una educación superior digna y gratuita?
¿A las familias de Jorge Rodríguez, del “Chema” Saher o de
Fabrico Ojeda?
14
De aplicarse sin
vicios y
manipulaciones, la pretendida ley se les convertiría
13. Ver apartado sobre la seguridad social en el capítulo
IV.
14. Recomendamos la lectura del libro Violaciones
sistemática de los derechos
humanos en Venezuela (1958-1998), Caracas, Defensoría del
Pueblo, 2012.48 49
en un bumerán que castigaría las prácticas inhumanas y
dictatoriales que aplicaron en el pasado.
El respeto a los derechos humanos no se puede confundir con
la protección de los derechos de
la burguesía.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana:
¿pacifismo o pacificación?
La nueva doctrina militar bolivariana nació en el
año 2005 para llevar el pensamiento del Libertador
dentro de la institución castrense. El gobierno bolivariano
decidió independizar a las Fuerzas Armadas de
la subordinación tecnológica e ideológica que tenían
los militares venezolanos con el gran vecino del Norte. En
primer plano, la doctrina militar bolivariana
fue concebida para romper con los lineamientos dise-
ñados en la Escuela de las Américas y adaptar la estrategia
militar a los nuevos desafíos que el país conoce
desde que decidió continuar por el camino de la
independencia. Como lo subrayó el presidente Chávez
durante la inauguración de las actividades académicas
militares, el 10 de enero del 2006:
A nosotros nos impusieron una doctrina extraña y contraria a
nosotros mismos, contraria
a nuestras raíces libertadoras, a nuestras raíces
antiimperialistas, y eso tenemos que terminar
de sacudirlo; así como un exorcismo (…) Pero yo
quiero insistir en el estudio a fondo de las raíces
de nuestro pensamiento militar, que están borradas casi
todas ellas, o desfiguradas. Nunca nos
hemos dedicado a buscar la información necesaria para
codificar nuestra conducta, nuestras
normas, nuestro pensamiento; y, por lo tanto, la
doctrina militar venezolana
15
.
Se reafirmó la unión
cívico-militar que fue la base
de la independencia liderada por Simón Bolívar. Basta
recordar a los llaneros de josé Antonio Páez o a Pedro
Camejo para darse cuenta que el ejército del Libertador sólo
ha podido triunfar con la participación activa
del pueblo llano. Fiel a la historia militar de la nación,
el
comandante Chávez decidió retomar esta orientación
creando un ejército de reserva: la Milicia
16
.
15. “Discurso del Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Hugo Chávez Frías, durante el inicio del Curso de Comando y Estado
Mayor Conjunto e inicio de las actividades académicas
militares, Sala Ríos Reina, Teatro Teresa Carreño, 10 de
enero de
2006”, Selección de discursos del presidente de la República
Bolivariana de
Venezuela, Hugo Chávez Frías, Caracas, Ediciones de la
Presidencia de
la República, t. VIII, 2006, p. 19.
16. Debemos mencionar que muchos países tienen un ejército
de
reserva compuesto por civiles entrenados: Estados Unidos,
Suiza,
Israel, Francia, Canadá, Bélgica, para citar algunos
ejemplos.50 51
Guiados por estos principios, también se adaptó
el concepto de Seguridad de la Nación a las realidades
políticas y militares mundiales y a la persistente
hostilidad del gobierno estadounidense. Hoy en día,
nadie puede enfrentar a este gigante armado en un
terreno convencional. La promulgación de la guerra
asimétrica es una respuesta a una necesaria adaptación de
las estrategias militares para resguardar la
soberanía e independencia nacional. Tengamos presente que la
reestructuración del ejército de reserva,
con la creación de la Misión Miranda, fue una respuesta a la
invasión del territorio por fuerzas paramilitares colombianas en mayo del 2004.
No parece extraño que el programa de la MUD
pretenda “reorganizar y reformular la institución castrense”
en su artículo 99, proponiendo la “revisión
de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana y la Ley Orgánica de la Seguridad de la
Nación” (Art. 100). Se revela una clara inclinación a
romper con la visión militar independentista. Si bien
la doctrina militar bolivariana es un acto patriótico
y antiimperialista que responde a las pretensiones
agresivas de los Estados Unidos, desmembrarla supondría el
establecimiento de relaciones amistosas
con el vecino del Norte. Dime con quién andas y te
diré quién eres.
Para la MUD, si no hay ni enemigo ni amenazas, entonces el
concepto de defensa de la nación
no tiene relevancia alguna, y tampoco las tácticas
de guerra asimétrica. En consecuencia, el candidato
Capriles propone la simple eliminación “de la Milicia
Bolivariana como componente militar dependiente del Presidente de la República”
(Art. 101).
Nos permitimos señalarle al candidato presidencial
que la función de presidente de la República otorga
el grado supremo de Comandante de las Fuerzas Armadas. La
Milicia como cualquier componente de
ellas es dependiente y dirigido por el jefe de Estado,
sea este Hugo Chávez o no.
Si no hay amenazas, no se necesitan herramientas
para defender la Patria. La MUD podrá “promover el
desarme a nivel internacional, específicamente regional”
(Art. 1.205). Detrás de esta propuesta, se esconde
la máxima liberal según la cual, el libre mercado aporta
la paz. Una lectura histórica nos permite afirmar lo
contrario. Desde la Primera Guerra Mundial hasta la invasión Libia de 2012, la
búsqueda de nuevas mercancías o
materias primas ha sido una condición necesaria para
la reproducción del capital. Las guerras forman parte
de este sistema. Queda por saber si la Fuerza Armada
estará de acuerdo con esta política de desarme. 52 53
Así mismo, el artículo 103 plantea la profesionalización de
“la tropa y eliminar gradualmente al soldado no profesional”. Este artículo no
solamente atenta
contra el miliciano patriota sino que insinúa que los
soldados deberán concentrarse exclusivamente en
sus tareas profesionales. En otros términos, excluyen
la participación del soldado en la vida social del país.
Desde el Plan Bolívar 2000 hasta la Gran Misión
Saber y Trabajo, la labor desempeñada por los militares ha
superado el estricto cuadro convencional y
profesional. Por otra parte, deberíamos aconsejar al
candidato Capriles mirar la historia militar de otros
países para darse cuenta que la colaboración entre
soldados profesionales y ciudadanos entrenados es
una garantía de democracia. En 1961, el golpe de Estado que
los militares profesionales pretendían dar al
presidente francés Charles de Gaulle fracasó, gracias
a la acción de los soldados no profesionales.
El candidato Capriles “habla de despolitizar a las
Fuerzas Armadas”
17
. En realidad, lo que quiere es un
ejército de pantalla cuyo único papel sería desfilar
el 5 de julio y reprimir en caso de rebelión popular.
¿Acaso no era politizada la Fuerza Armada cuando
17. Oliver Parra, “Capriles: La Fuerza Armada no está con
Chávez,
está con el país”, Quinto día,
http://media.noticias24.com/1108/quintodia1208/quintodia12x.html (5 de abril de
2012).
fueron utilizados para masacrar al pueblo durante El
Caracazo? ¿No era politizado el alto mando militar
cuando se prestaban a la tortura y a la masacre de
otros ciudadanos en los siniestros Teatros de Operaciones?
Consecuente con esta visión de un ejército
defensor del capital, el programa de la MUD hace
hincapié en la necesidad de “reforzar los Teatros de
Operaciones” (Art. 106). ¿Para resguardar la soberanía o
para combatir a un enemigo interno?
Medios de comunicación
al servicio de la burguesía
La llamada “democratización de las comunicaciones” es una de
las banderas más emblemáticas de
la MUD. Acusan al gobierno nacional de haber sido
incapaz de “garantizar el ordenamiento del espacio
público de las comunicaciones para (…) promover
el pluralismo de la opinión pública nacional” (Art.
108). Denuncian una “peculiar represión mediática,
que se expresa por la confiscación progresiva de todos los
medios radioeléctricos del Estado” (Art. 109)
para implantar un “modelo de pensamiento único,
autocrático y de culto a la personalidad” (Art. 110).
Basta con mirar las concesiones otorgadas por el
Estado en el período de gobierno de Hugo Chávez
para darse cuenta de que estas acusaciones no son 54 55
más que calumnias y falsificaciones. Hasta 1998 existían en
Venezuela 331 emisoras privadas de radio por
Frecuencia Modulada (FM) y 11 emisoras públicas.
Con la “censura” aplicada por el gobierno bolivariano, hoy
en día se pueden escuchar 466 emisoras
privadas, 82 públicas, y 243 comunitarias; es decir,
un aumento de 232% del otorgamiento en concesiones. Esta
tendencia queda reflejada cuando se trata
de las televisoras abiertas. En 1998 el país contaba
con 40 canales de televisión abierta (32 privados y
8 públicos); hoy en día existen 111 canales de televisión
abiertos en todo el territorio (61 privados, 13
públicos y 37 comunitarios). En total, se produjo un
incremento de 277%.
Lo que no toleran los representantes de la MUD
es el nuevo orden comunicacional que surgió a partir
del reordenamiento y fortalecimiento de los medios
públicos y el surgimiento de un nuevo actor: los medios
comunitarios. Pero, más allá de eso, no soportan que el poder político electo
ya no se alinea con
las directrices que imponen los grandes medios privados.
Recordamos cómo era esta relación antes de
la llegada de Hugo Chávez a Miraflores:
El gobierno de [Jaime] Lusinchi pretendía que la
prensa actuara como relacionista del gobierno,
repitiendo como loros la información ‘veraz’ de
la OCI. De esto se aseguraban pasándole subvenciones por
debajo de la mesa a ciertos periodistas
claves, bastante superiores al sueldo que recibían
por nómina. Y la publicidad estatal dependía en
gran medida del rastacuerismo y la ceguera frente
a los abusos y la corrupción de los poderosos
18
.
El periodista Carlos Ball,
prosigue develando las
relaciones corruptas que entonces se tejían entre el
Gobierno y los medios de comunicación:
En 1987, yo era director general de El Diario de Caracas,
cuya línea editorial era muy crítica del intervencionismo y desenfrenada
corrupción del gobierno del entonces presidente socialdemócrata
jaime Lusinchi. El periódico pertenecía al grupo
Radio Caracas Televisión, cuya licencia de transmisión
vencía en mayo de 1987. Los dueños de
la empresa fueron entonces informados desde el
palacio presidencial que la licencia no sería renovada a
menos de que yo fuera despedido. Fui despedido y la licencia de RCTV fue
renovada por 20
años. Dos días después de mi salida del periódico,
yo confrontaba falsos cargos en un tribunal penal,
donde el juez Cristóbal Ramírez Colmenares me
18. Carlos Ball, “La excelencia en el periodismo”,
Analítica, http://
www.analitica.com/art/1999.06/excelente/00007.asp (26 de
febrero
de 2012).56 57
informó, sin titubear y apuntando al techo con
un dedo, que él necesariamente tenía que seguir
‘instrucciones de arriba’. Decidí entonces emigrar
a Estados Unidos y, poco después, habiendo el gobierno
logrado lo que buscaba, se retiraron todos
los cargos en mi contra
19
.
Pero ¿quién hizo estas
denuncias? ¿Un chavista
radical, un marxista revolucionario? Estas denuncias
las realizó, como vimos anteriormente, Carlos Ball,
miembro de la Fundación Heritage, think tank ultraliberal,
del Instituto Cato, el mismo que condecoró a
Yon Goiecochea con el premio Milton Friedman y lo
premió con 500 mil dólares. Admirador del inventor
teórico del neoliberalismo, Friedrich Van Hayek, Ball
es fundador del
Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice), organización
venezolana defensora del liberalismo que participó activamente en el golpe de
abril de 2002. Como lo podemos ver,
no se trata de un bolivariano sino de un pensador liberal
repugnado por los vínculos entre el poder político
y económico en los tiempos de la IV República.
19. Carlos Ball, “¿Por qué América Latina no progresa en un
mundo donde otros lo están logrando?”,
http://opinioneideas.org/
index.php?option=com_content&view=article&id=179:ipor-queamerica-latina-no-progresa-en-un-mundo-donde-otros-lo-estanlogrando-latina-no-progresa-en-un-mundo-donde-otros-lo-estan-
&catid=45:politicas-publicas&Itemid=61 (26 de
febrero de 2012).
La recuperación de este vínculo es, precisamente, el hilo
conductor de las propuestas de la MUD en
materia de comunicaciones.
Varios artículos son un ataque frontal al sistema
de medios alternativos. Así, el artículo 143 propone
restablecer “en el ámbito de los medios
comunitarios-alternativos, una real independencia a la hora de
otorgar las debidas concesiones”. En otros términos,
las concesiones otorgadas por el gobierno bolivariano
están bajo amenaza. El artículo 144 plantea una “discusión
abierta con medios comunitarios y alternativos para la reforma de los
instrumentos existentes
(…) y la creación de una agencia autónoma nacional
para la provisión de fondos públicos”. Sabiendo que
estos medios fueron invitados a elaborar la reciente
Ley de Medios Comunitarios, Alternativos y la Comunicación
Popular, ¿cómo interpretar la invitación
a una discusión abierta? En realidad, nos inclinamos
por pensar que la reforma de leyes pretende promover unos
medios acríticos sometidos al financiamiento de esta agencia “autónoma”.
Y para los medios que no aceptan esta nueva
regla, el artículo 140 explica de manera explicita a
qué se podrían enfrentar: “Se supervisará y controlará la
proliferación de emisoras de radio, así como
de operadores de servicios de televisión ilegales. Se 58 59
regulará adecuadamente el crecimiento de emisoras
de radio comunitarias y se eliminarán las radios que
operan sin el debido permiso.” Este intento de criminalizar
o despolitizar a los medios comunitarios
está acompañado por una voluntad de desmontar a
los medios públicos.
Debemos recordar que el término medio proviene
de la raíz latina medius, que significa intermediario o
neutral. Por supuesto que esta no es una definición
que puede aplicarse a los medios de comunicación comerciales
porque estos han respondido y responden a
los intereses económicos de sus dueños. ¡Son empresas, como
cualquier otra! Los verdaderos medios que
juegan el papel de intermediarios son los comunitarios
y los medios del Estado. Representan a la mayoría que
les eligió en el Poder —y a la diferencia de los dueños
de medios comerciales, pueden ser reemplazados por
el voto— o a la comunidad donde cada quien puede
participar en la elaboración de la línea editorial. Sin
embargo, la neutralidad no impide el debate o el pluralismo
de ideas que solamente está garantizado por
medios democráticos que no se rigen por la ganancia
capitalista. Al contrario, esta noción de neutralidad
sería utilizada por la MUD para imponer una sola voz:
la de los medios comerciales.
Así, el artículo 129 pone “inmediatamente término al uso
político-partidista de VTV [Venezolana de
Televisión] y demás medios públicos”. En suma, se
prevé dejar el monopolio de la opinión política a las
empresas privadas de comunicación. Además, con la
implantación de un “Servicio Público de Radiotelevisión, no
gubernamental y regido por una autoridad
independiente [compuesto por] el conjunto de emisoras de
radio y televisión que actualmente tiene en
sus manos el gobierno”, no cabe la menor duda que
los medios estatales serán sometidos a los mismos
criterios de rentabilidad que los medios comerciales y
adaptarán su parrilla a los estándares de la telebasura dominante.
El artículo 132 especifica que “una autoridad única [será
establecida] para el manejo de los medios de
comunicación administrados por el Estado”. ¿Esta
medida implicaría una recomposición de la Oficina
Central de Información (OCI) tristemente recordada por su
papel activo en la censura y las coartadas a
la libertad de expresión durante la IV República? Lo
podemos pensar legítimamente, dado que el artículo
126 prevé la derogación del “decreto de creación del
Sistema Integrado de Comunicación e Información”
y su reemplazo por un “Consejo Nacional de Comunicación”
autónomo y abierto a personas ajenas al 60 61
sector público. Frente a la desestructuración del servicio
público de comunicación y la reorientación de
su misión de información política, parece lógico que
el programa de la MUD quiera limitar drásticamente
el uso de las cadenas (Art. 128 y 136). Con Capriles, la
libertad de expresión se resumirá a la libertad de los
dueños de empresas comunicacionales para divulgar
cualquier mensaje que favorezca su visión ideológica.
Una reforma profunda del marco legal vigente
será, por la MUD, la herramienta necesaria para operar estos
cambios estructurales en la actual repartición
democrática de la comunicación. Se revisarán “la Ley
Resorte
20
, la Ley Orgánica de telecomunicaciones [que
define el régimen que otorga de las concesiones], el
Código Penal [que castiga la difamación y la calumnia],
la ley de defensa de las personas en el Acceso a los Bienes
y servicios” (Art. 124), así cómo “las cinco leyes que
soportan jurídicamente el llamado Estado comunal. Y
someter a profunda revisión todos aquellos decretos,
providencias administrativas y creación de organismos
que coliden con el precepto constitucional de una
comunicación libre y plural” (Art. 125). Si existe alguna
duda sobre la intención que tiene la derecha de derrumbar el
aparato legal, el programa de la MUD repite
20. Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
esta intención en el artículo 1.147. El poder del dueño
de empresas de comunicación no debe ser entrabado
por ningunas leyes, aún si ellas protegen el bienestar y
el interés general. El lema de la doctrina liberal Laisser
faire, laisser passer, debe ser aplicado para este y
cualquier otro tipo de empresa. Ninguna ley puede estar
por encima del dueño de estas empresas, y si ya fueron
condenados por abusos e ilegalidades, se procederá
“a anular los procedimientos administrativos abiertos
contra medios y/o profesionales de la comunicación”
(Art. 126).
El contenido de los medios no escapa a esta regla.
“Los contenidos de los medios (TV, Radio, Internet,
Redes Sociales) no serán regulados con base a la
exclusividad discrecional de las autoridades” (Art. 1.150). Los
productores de televisión-basura violenta y pornográfica
podrán autorregularse. Bajo esta premisa, el mercado se
encargará de interpretar la responsabilidad social y
pedagógica de los medios de comunicación.
Al nivel de las telecomunicaciones, la MUD reitera que “la
nacionalización de Cantv y su filial Movilnet ha sido un intento de control
hegemónico de las
telecomunicaciones” (Art. 1.145). En vez de preocuparse
porque su antiguo dueño —la empresa estadounidense Verizon— grababa las
conversaciones 62 63
del palacio presidencial
21
, muestran su “temor” de
que el Estado pueda controlar Internet y las
telecomunicaciones. Como si Cantv fuese la única operadora de estos servicios.
Sigue el programa de la MUD: “El gobierno actual pretende
establecer un punto de conexión de
Internet, lo cual supondría un peaje de censura al
ciudadano, que limitaría su derecho al libre acceso a
la información. En Venezuela las instituciones actuales no
garantizan el resguardo seguro y permanente
de la inversión privada nacional y extranjera. En general
existe un deterioro de la calidad de servicio de
las telecomunicaciones” (Art. 1.149). Para la derecha, una
empresa pública siempre será una escoria
que hay que eliminar urgentemente. Poco importa
que Cantv ostente ganancias nunca obtenidas bajo
la gestión privada; cualquier intento de intromisión
pública en el mercado es visto, simplemente, como
una monstruosidad.
Con una desreglamentación de todas las funciones
del Estado en materia de comunicaciones, el sector privado
tendrá las manos libres para aumentar sus beneficios. El rol del medio de
comunicación en la educación
21. “Chávez: Cantv servía de espía para intereses
estadounidenses”, El
Universal, http://www.eluniversal.com/2007/01/19/pol_ava_19A826393.
shtml (20 de febrero de 2012).
popular será subordinado a las ganancias de los dueños;
la producción de documentales y obras televisivas será
exclusivamente dominada por las productoras privadas. En
efecto, el programa de la MUD buscaría “reducir a lo estrictamente técnico las
funciones de Conatel”
(Art. 133) y con “adecuado nivel de autonomía” (Art.
1.162); es decir, acabar con la competencia que este ente
estatal introduce con el financiamiento de centenares
de Productores Nacionales Independientes (PNI).
Bajo este lineamiento, el Estado tendrá como única
función regalar el dinero de los venezolanos a cadenas
privadas mediante “una ley de regulación de la publicidad
oficial que atienda a la asignación de la publicidad
del gobierno” (Art. 137).
Esta Ley, precisa el documento, será preparada y presentada ante la
Asamblea Nacional “en las primeras etapas del gobierno”. ¿Antes
de la salud o la educación? ¡Qué ocurrente manera de
jerarquizar los problemas de todos los venezolanos!
A pesar de la retórica, el programa de Capriles
no pretende profundizar la libertad de expresión
sino proteger a los terratenientes comunicacionales.
Por eso, “se restituirá a RCTV una concesión para
la transmisión de su programación en señal abierta
(…) y se adoptarán decisiones similares en relación
con emisoras de radio írritamente tomadas por el 64 65
Estado” (Art. 127). Al
mismo tiempo, estudiarán “las
condiciones en que se encuentran Telesur y Radio
del Sur para servir efectivamente como parte de proyecto de
integración de América Latina” (Art. 138),
abriendo así la posibilidad de su privatización porque
siendo la integración una política, dichos medios no
podrían ser ni neutrales, ni despolitizados.
La concentración del capital impide una proliferación de
medios de comunicación, como la ha favorecido
la acción del gobierno bolivariano. En los llamados paí-
ses desarrollados las cifras hablan por sí solas. En
Francia, de los 175 medios de comunicación que existían en
1945, sólo permanecen 65, que en su inmensa mayoría,
son propiedad de sólo 9 grupos industriales. En Estados
Unidos, la casi totalidad de los 157 canales de televisión
pertenecen a sólo 5 imperios mediáticos.
¿Y según la MUD? ¿Cuántos grupos económicos deberían tener
el control de nuestro derecho a
ser informados?
Buen Gobierno
En la Venezuela de la MUD…
• Se aplicará una política de despidos
en la función pública
(Art.211)
• Se atomizará el Estado
(Art. 263
y 264)
• Se eliminará el Fonden
(Art. 274)
• Se reformará el Consejo Federal
de Gobierno (Art.
286)
• Se aplicarán políticas de privatización (Art. 295 b)66 67
L
os ataques de la MUD, que asemejan el centralismo a la
dictadura, nos obligan a reafirmar
una realidad histórica: existen en el mundo muchos
países democráticos que han adoptado el centralismo
como forma de organización territorial. ¿Considera la
MUD que Francia, Grecia, Portugal, Suecia, Luxemburgo o
japón son dictaduras? Este modo de administración estatal sólo puede ser asimilado
a un régimen
dictatorial por una retórica simplista y electorera.
Venezuela es un país federal, con autonomía de sus
partes regionales. Desde la Constitución de 1811, las
políticas del país criollo oscilaron entre un sistema
federal descentralizado o centralizado, pero federal. No
tiene nada que ver con una organización cercana a la
los países centralizados anteriormente mencionados.
Este vaivén no es propio de la historia de Venezuela.
Otros países federales decidieron inclinarse a lo largo
de su historia por una u otra de estas orientaciones.
Durante el New Deal y la aplicación de un programa
keynesiano, Estados Unidos incrementa el poder del
gobierno central para aplicar sus medidas económicas y
sociales. Años después, Ronald Reagan hizo de
las políticas de descentralización uno de los pilares de
su política. Movido por sus convicciones neoliberales, el
presidente Reagan veía en la descentralización
la manera más adecuada para dejar funcionar la libre
competencia entrabada por el poder del gobierno de
Washington.
Al nivel retórico, la descentralización es vendida a los
ciudadanos como una manera de acercar el
poder hacia la gente. En realidad, permite al Estado central
racionalizar sus costos delegando el financiamiento de los servicios públicos a
entidades
subnacionales. Como nos informa Andrew Ives, la
política de Reagan permitió, sobre todo, “modificar
la relación entre el Estado y el Capital, reduciendo
la capacidad del Estado en influir sobre el funcionamiento
del mercado (…) Una re-localización del
poder decisional hacia los Estados regionales servía
Temas conexos
• Autonomía del BCV
(p. 86)
• Calidad de vida (p.
129)
• Protección social: ¡misión(es) imposible! (p. 149)
• Educación: el pueblo a las (j)aulas
neoliberales (p. 154)
• Salud: ¿derecho o privilegio? (p. 165)
• Transporte y viabilidad: el sector privado
gana la carrera (p.
199)68 69
para diluir el contrapoder del Estado como depositario del
poder decisorio: con un poder económico reducido, los Estados miembros no
podían imponer su
voluntad al Capital. Las empresas podían entonces
escoger de invertir donde les proponían las mejores
condiciones. Con la descentralización, los diferentes
estados competían por la búsqueda de inversiones
destinadas a crear nuevos empleos. Esta competencia tuvo
como consecuencia obligar a todos los gobiernos regionales a bajar sus
impuestos, flexibilizar
su reglamentación del código laboral, o a renunciar a
fortalecer sus leyes ambientales, para evitar la salida
de las empresas de su territorio”
22
.
Lejos de responder solamente a intereses políticos, la
organización territorial del poder está sujeta al
control de los intereses económicos privados. La visión de
Estado federal descentralizado, como lo propone la MUD, se vincula con los
postulados ultraliberales, tal y como lo expusieron los ideólogos de este
sistema: Friedrich von Hayek y Milton Friedman.
22. Andrew Ives, “Néolibéralisme et décentralisation dans
les Etats
fédéraux”, Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, http://nuevomundo.revues.
org/46313 (15 de diciembre de 2008). Traducción nuestra.
Atomización del Estado
Esta política de atomización del Estado se encuentra
expresada en el programa de la MUD a través de varios mecanismos.
• Descentralizar para privatizar
Como acabamos de señalar, existe un abismo
entre la presentación retórica de las ventajas de la
descentralización y la realidad. La MUD presenta
este sistema como “un vehículo para una mayor democracia,
para la eficacia del Estado, el impulso de
la diversidad y la vida y para la minimización de los
vicios del centralismo” (Art. 263).
En realidad, el contenido de esta propuesta contradice la
elocuencia de su enunciación: “Este rumbo
estará signado por cuatro aspectos fundamentales: 1)
la subsidiariedad, que define que ningún ente superior
debe interferir en la autonomía de un ente inferior y
privarlo del ejercicio pleno de sus competencias 2) la
corresponsabilidad fiscal, que no sólo debe mejorar la
autonomía financiera a partir de la fuentes fiscales de los
Estados y Municipios, sino que los ciudadanos puedan exigir
responsabilidades por las decisiones de gastos, así como demandar que los
impuestos que pagan
sean revertidos en servicios para su propia localidad 70 71
o región; 3) la transparencia, que supone una actuación
del sector público con reglas claras, conocidas y
compartidas, abierta al escrutinio de los ciudadanos, con
información oportuna sobre las funciones, las cuentas
públicas y las intenciones de gastos de los diferentes niveles de gobierno; y, 4) la
participación, que no
tiene que ver con la movilización promovida por el
partidismo, el caudillismo o el clientelismo, sino que
emerge de los esfuerzos personales y colectivos que se
conjugan en el bien común” (Art. 264).
La “subsidiaridad” hace eco a la destrucción del Estado como
actor político y decisorio. Este principio ultraliberal permite liquidar la más
fuerte y coherente muralla de protección contra las veleidades del mercado.
La “corresponsabilidad fiscal” impide el desarrollo
igualitario de todo el territorio nacional. Esta
medida reforzaría la concentración poblacional en
el eje costa-montaña, impidiendo que el excedente
de recursos locales sea dedicado al financiamiento
de áreas más pobres y menos desarrolladas. En otros
términos, impide totalmente que las regiones con
mayores recursos sostengan el equilibrio territorial.
Vimos en el capítulo precedente cómo la “participación
apolítica” condenaría a los consejos comunales a ser una instancia tercerizada
de los poderes
públicos regionales y municipales.
Al querer “estructurar los equipos intergubernamentales para
la instrumentación de la transferencia
de servicios y recursos en el marco de las competencias
concurrentes, especialmente en las áreas de
educación, salud, seguridad pública, deportes, turismo,
vivienda y desarrollo económico” (Art. 269), la
MUD institucionaliza la desigualdad permanente y
la competencia entre los estados regionales.
• Reforma del Consejo Federal de Gobierno
El Consejo Federal de Gobierno (CFG) es un
instrumento previsto por la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela en su artículo 185.
Fue puesto en marcha por el gobierno bolivariano a
fin de articular las políticas entre el poder nacional
y los gobiernos regionales y municipales. Aprobado
el 30 de julio de 2005 por la Asamblea Nacional, el
Consejo Federal de Gobierno tiene como objetivo
organizar un proceso de descentralización hacia el
poder popular, y aprobar los recursos al Fondo de
Compensación Territorial. En su seno se está gestando una
visión democrática e igualitaria de la descentralización, completamente opuesta
a las teorías liberales de las que se alimenta la MUD. Como bien lo
resaltó el vicepresidente de la República, Elías jaua: 72 73
Con respecto a la descentralización, sí hemos
defendido siempre la descentralización que está
en la Constitución, que no es la transferencia del
poder de las oligarquías centrales hacia las oligarquías
regionales, sino la transferencia del poder
al pueblo originario, que es el pueblo organizado,
porque el federalismo venezolano no está sustentado y no
tiene su origen ni su nacimiento en las
teorías democráticas liberales burguesas, sino en
las masas campesinas que siguieron a Zamora.
Ese es el origen del federalismo venezolano (…)
(…) para el año 2010-2011, el presupuesto aprobado por la
Asamblea Nacional en materia de Situado Constitucional, del IVA, el cual ahora
va al
Fondo de Compensación Interterritorial, supera
en un 24,6% el presupuesto total, incluyendo el
excedente de lo que fue el presupuesto 2010 para
las gobernaciones y alcaldías (…) Entonces, es falso
que el Gobierno Bolivariano le reste dinero a las
gobernaciones y alcaldías (…) A través del Fondo
para los Consejos Comunales, las regiones recibieron 3 mil
254 millones de bolívares fuertes, que fueron directamente a las comunidades
organizadas.
Eso les duele a algunos de poder en las regiones
23
.
23. Véase discurso de Elías jaua en el texto: La Revolución
Bolivariana rinde cuentas al pueblo. Ministros y ministras del Gabinete
Político y del
Gabinete Social ante la Asamblea Nacional, Caracas 8 y 9 de
febrero de 2011,
Caracas, Ediciones del Correo del Orinoco, Colección La
Revolución Transparente, 2011, pp. 15-16.
Para la MUD, el Consejo Federal de Gobierno
debería ser la única función del Estado nacional,
además de sus poderes régaliens
24
. Un Estado rector
que no tiene un rol protagónico sino que reparte la
riqueza nacional. Como lo subrayan en el artículo
286: “Se convocará al CFG para proponer y aprobar
la nueva perspectiva de la descentralización y evaluar
periódicamente los cambios instrumentados”.
Para financiar los caudillismos locales, la derecha
venezolana piensa “reorientar el flujo de recursos
a estados y municipios. La principal medida es la de
garantizar a lo largo del año 2013, la transferencia de
20% de los ingresos ordinarios del presupuesto por
concepto de Situado Constitucional, tope establecido
en la Constitución. Esto obliga a la integración o
eliminación de los fondos para-fiscales (Fonden y otros)
dentro de un presupuesto único, que refleje todos los
ingresos y gastos públicos” (Art. 274). Al eliminar el
Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), al prohibir al
Banco Central de Venezuela (BCV) financiar el gasto
público (Art. 408), y al reducir los aportes de Pdvsa a
las regalías e impuestos, quisiéramos saber ¿cómo la
MUD piensa superar las transferencias actuales que el
gobierno bolivariano otorga a las regiones y alcaldías?
24. Ver nuestro capítulo IV, relativo a la Calidad de vida.
74 75
Esta orientación contradice totalmente su objetivo a mediano
plazo de “mejorar los servicios de vialidad, puertos, aeropuertos, programas de
protección
social, educación, salud, seguridad pública, deportes y
vivienda, a partir de la nueva administración
descentralizada” (Art. 294 a). Entre sus objetivos a largo plazo, proyectan
“contar con estructuras de regulación
de los servicios descentralizados, a través de arreglos
acordados entre los niveles de gobierno, las comunidades y
la sociedad civil organizada. Como contraparte, el gobierno central se deberá
racionalizar para
disminuir su tamaño, habiéndose reducido la nómina
de los servicios” (Art. 295 b).
Manejar el Estado como una empresa:
productividad y despidos
Si bien una organización racional en el aparato
funcional estatal es necesaria, en cuanto a los funcionarios
públicos el programa de la MUD se parece a
cualquier guía managerial que se utiliza en el sector
privado. Leamos literalmente algunos ejemplos:
Se
estimulará la mística en el trabajo y el sentido de pertenencia (Art. 230).
Los
ascensos estarán guiados por criterios científicos
basados en sistemas de méritos en el desempeño de las
funciones encomendadas (Art. 231).
Se
implementarán instrumentos de valoración y reconocimiento, no necesariamente
económicos, para responder a los aportes de cada persona en el logro de los
objetivos de la organización y estimularlos a aportar ideas para
hacer mejor las cosas (Art. 234).
Se
simplificarán las normas y los procedimientos en la
administración para facilitar a los funcionarios y
trabajadores al servicio del Estado el cumplimiento de su trabajo (Art. 237).
Establecer
la necesaria vinculación entre la evaluación
del rendimiento y la compensación (Art. 244).
La eficiencia del Estado en la aplicación de sus
políticas y la atención a los ciudadanos es de suma
importancia. Sin embargo, el Estado no puede ser
considerado como una empresa. La empresa es una
entidad individual, manejada por los criterios de la
ganancia y la competencia con las demás empresas. El
Estado es una entidad colectiva que asume la responsabilidad
de toda la nación, sin dejar a ningún ciudadano por fuera. La esencia de las
dos entidades basta
para considerar esta visión como una aberración.
Una vez más, la MUD no inventa nada sino que
aplica las teorías de reforma del Estado que se han
venido empleando en los países anglosajones desde
los años setenta. En estos países, el respeto de los
procedimientos administrativos fue reemplazado por 76 77
la cultura del resultado; los objetivos cuantitativos
dominaron las metas cualitativas, y la competencia
fue generalizada entre los departamentos y entre los
funcionarios. En consecuencia, para mejorar “su ganancia”,
el Estado tiende a deponer sus funciones en
organismos autónomos y racionalizar sus gastos despidiendo a
sus empleados.
Apegado a esta visión de Estado-empresa, la
MUD se queja del alto número de funcionarios que
actualmente tiene la nómina de la administración
pública. “Este crecimiento en el número de ministerios ha
estado acompañado de un crecimiento en el
número de funcionarios públicos (ministerios y entes
descentralizados). Para el año 2011, el crecimiento había sido de 127,6% [en
comparación con el año
2000] al alcanzar la cifra de 1.422.534 funcionarios
en la Administración Central. Corresponden al nivel
ministerial 972.761 funcionarios (68,3%) y 449.773 a
entes descentralizados (31,7%). En los estados y distritos
laboraban 346.626 funcionarios. En las empresas públicas no financieras, se
estima una cifra cercana a las 150.000 personas (de éstas, 114.000 trabajan
para Pdvsa y sus filiales)” (Art. 154 y 155).
Hagamos un cálculo rápido. Según las cifras de la
MUD, el número de funcionarios se eleva a 1.919.160.
Si comparamos con el número total de la población
activa que se ubica en 13.458.589 en el mes de marzo
de 2012
25
, encontramos que los funcionarios representan 14,2% de la
población activa. ¿Es mucho?
En Francia, la cifra de funcionarios públicos alcanza 21,1%
de la población activa
26
; en Canadá 21%
y, en Suecia, 24,8%. Estas tasas se sitúan muy por
encima de las de Venezuela. A pesar de lo que dicen
los teólogos ultraliberales, no existe una relación
entre el número de servidores públicos y la salud de
la economía.
¡Poco les importa! Para la MUD es imperativo:
“Impulsar mecanismos consensuados que faciliten
ajustar el número de funcionarios a un nivel adecuado en
cantidad y calificación para operar una administración pública con calidad en
sus procesos y
agilidad en las decisiones” (Art. 211), y “disminuir el
tamaño [del Estado] habiéndose reducido la nomina de los
servicios” (Art. 295 b). Podemos imaginar
las consecuencias de las condiciones laborales en un
sector público dirigido por la MUD. Guiado por los
criterios de productividad y competencia, los servidores
públicos se desempeñarán en una inseguridad
25. Instituto Nacional de Estadísticas, “fuerza de trabajo”,
Informe
mensual, Caracas, marzo de 2012. www.ine.gob.ve
26. Xavier Molénat, “Le nouvel esprit d´action
publique”, Sciences Humaines, julio de
2011.
http://www.scienceshumaines.com/lenouvel-esprit-de-l-action-publique_fr_27418.html78
79
laboral permanente. ¿Cuántos accidentes laborales y
daños sicológicos resultarán de esta forma de organización
del trabajo?
Bajo esta premisa, las empresas públicas estarán sometidas
al mismo espectro que el aparato estatal. “Una vez analizado el complejo de
empresas,
y tomando muy en cuenta las características de los
mercados en los que ellas participan, se fijarán los
lineamientos de política acerca del futuro de cada
empresa en particular, habida cuenta de sus capacidades
competitivas presentes y futuras”, nos dice el
artículo 260 de este programa.
Las recientes promesas del candidato Capriles de
“descartar despidos en empresas estatales”, no parece
adecuarse a la capacidad competitiva que enfatiza
en los lineamientos de su plan de Gobierno.
Sociedad Productiva
En la Venezuela de la MUD…
•Se impedirá a Pdvsa el financiamiento
de programas sociales
(Art. 499 b)
•Se acabará con la regulación de precios (Art. 379,
420)
•Se aplicarán modelos del FMI (Art. 403)
•Se acabará con el control de cambio (Art. 406)
•Se impedirá al BCV financiar gastos públicos (Art. 408)
•Se privilegiará a EEUU en la venta
de hidrocarburos
(Art. 455)
•Se impedirá el control político sobre
la actividad petrolera
(Art. 482,
499 a)
•Se desestabilizará la Opep
(Art. 485)
•Se retomará la orimulsión
(Art. 491)
•Se prohibirá a Pdvsa sus actividades
no petroleras (Art.
499 b)
•Se retomarán los caminos de la apertura
petrolera (Art. 504)
•Se aumentará el precio de la gasolina (Art. 518)
•Se derogarán la Ley de Tierras y la Ley de Pesca (Art. 547)
•Se autorizarán los cultivos de organismos
genéticamente modificados
(Art. 567)80 81
L
a política productiva ha sido uno de los enfoques
determinantes de los gobiernos venezolanos para intentar liberarse de la
monoproducción
petrolera y de sus nefastas consecuencias en la política
económica. El gobierno bolivariano intentó hacer
suya la máxima de Arturo Uslar Pietri de “sembrar el
petróleo”
27
.
La actividad del gobierno bolivariano se ha orientado hacia
el desarrollo de una economía productiva
real y no hacia el desarrollo de la capacidad de consumo de
una clase media condenada a consumir las
importaciones manejadas por una burguesía compradora.
Tampoco se está privilegiando la producción
de falsas necesidades, o de artefactos que si no se
venden en el mercado interno pueden exportarse.
Para la MUD, la producción industrial no tiene
que estar vinculada con las necesidades de la población. Por
eso, proponen “diseñar e implementar ciertas políticas como la aduana en
factoría (figura de un
depósito franco ubicado en las sedes de las industrias o
sitios aledaños, el cual bajo control aduanero, permite
importar mercancías con suspensión de los derechos
de importación para su transformación y posterior
reexportación o despacho a consumo” (Art. 646). Este
tipo de políticas condenan al país a un rol periférico
de la economía mundializada. Las empresas transnacionales
podrán convertir a Venezuela en su patio de
27. El 14 de julio de 1936, el intelectual y político Arturo
Uslar Pietri
publicó un artículo en el periódico Ahora, intitulado
“Sembrar el
petróleo” para resaltar la importancia de aprovechar los
grandes recursos provenientes de la explotación de hidrocarburos para la
consolidación y la diversificación del tejido industrial venezolano.
Temas conexos
•Demolición del aparato legal (p. 36)
•¿Derechos humanos o derecho
a la propiedad? (p.
46)
•Alimentación y nutrición: ¡unidos
y desnutridos! (p.
145)
•Protección social: ¡misión(es) imposible! (p. 149)
•Educación: el pueblo a las (j)aulas
neoliberales (p. 157)
•Salud: ¿Derecho o privilegio? (p. 165)
•Pensiones: mercantilización del bienestar
de los adultos mayores
(p. 172)
•Cultura: Disneylandia en Miraflores (p. 175)
•Ambiente: en defensa de un capitalismo verde (p. 195)
•Política exterior: el fin de una visión multipolar (p. 211)82 83
manufactura para la confección de productos para su
propio consumo, sin abastecer el mercado nacional.
Contrariamente a las políticas liberales que privilegian una
producción caótica dirigida por el imperio de la ganancia privada, la labor del
gobierno
bolivariano ha sido orientar la actividad productiva
de necesidades básicas sin que esta se haga en detrimento de
los trabajadores. Conjugar el factor humano y el desarrollo productivo ha sido
el trabajo
del gobierno del presidente Hugo Chávez. El Estado
tiene un papel central en esta materia, tanto al nivel
de regulación de los mercados, como en su rol planificador y
de participación mediante sus empresas, o
la nacionalización de empresas estratégicas.
Pese a que el papel del Estado nacional ha permitido el
relanzamiento económico de los países occidentales después de la Segunda Guerra
Mundial,
según la MUD, “este proyecto, semejante al que se
mantiene por la fuerza en Cuba y Corea del Norte, es
incompatible con los principios fundamentales de la
Constitución de 1999”. Poco importa que, a diferencia de
estos dos países, el sector privado represente en
Venezuela cerca de 70% del Producto Interno Bruto (PIB);
tampoco importa que desde el New Deal en
Estados Unidos hasta las políticas económicas de la
postguerra en Europa occidental, el papel del Estado
ha podido ser valorado de manera positiva. La ceguera
liberal de la MUD determina que el papel del Estado
debe ser reducido a su mínima expresión para construir el
bienestar colectivo. Con razón constatan que
“las políticas de hoy se orientan en dirección exactamente
opuestas a la que siguen otros gobiernos” (Art.
326). Esta orientación que ha tomado el Estado desde
1999, quizás sea una de las razones del crecimiento de
la economía venezolana y de la paz social que muchos
países del sur de Europa envidian al país criollo.
El Estado sometido a la economía
privada
Milton Friedman, uno de los padres fundadores
del neoliberalismo decía del Estado que “la existencia de un
mercado libre no elimina la necesidad de
un gobierno. Por el contrario, el gobierno es esencial
(…) como árbitro para aplicar las reglas que se decidan. Lo
que el mercado hace es reducir mucho el
espectro de problemas que hay que decidir políticamente y,
por consiguiente, minimiza la medida en la
que el gobierno tiene que participar directamente en
el juego”
28
. La MUD hizo suyas las predicas del economista neoliberal,
minimizando el papel del Estado
28. Milton Friedman, Capitalismo y Libertad, Madrid, ed. Rialp,
1966. 84 85
y negando su posibilidad de interferir directamente
en el mercado. Así, “se deberá revisar y flexibilizar
el marco jurídico e institucional que afecta la creación de
empresas y su productividad. La meta sería
eliminar los obstáculos para la creación de empresas
y los excesivos normativos para su funcionamiento”
(Art. 372). Negando la realidad internacional que, en
comparación, muestra que Venezuela es un país con
pocas trabas y poca “voracidad fiscal” (Art. 354), la
MUD propone acabar con la intervención del Estado en la
economía para someterlo a un rol de árbitro
de las diferencias entre capitalistas.
En consecuencia, “no corresponde al Estado (…) fijar los
precios a los que cada uno deba venderse” (Art.
379). Esta afirmación hace eco al artículo 124 que propone
revisar la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y
Servicios. Pero, ¿quién entonces podría
asegurar que los más vulnerables tengan acceso a los bienes
de primera necesidad? El profesor estadounidense
responde: “Mucha gente quiere que el gobierno proteja
a los consumidores. Un problema mucho más urgente es
proteger a los consumidores del gobierno”
29
.
29. Milton Friedman, “¿Quién protege al consumidor?”,
Universidad
Francisco Marroquín,
http://www.newmedia.ufm.edu.gt/gsm/index.
php/%C2%BFQui%C3%A9n_protege_al_consumidor%3F (16 de
abril de 2012).
Como buen alumno, el programa de la MUD
declara en su artículo 380: “No debe subordinarse
la sociedad al Estado. Debe subordinarse el Estado
a la sociedad”, y propone como argumentos para la
regulación de precios que el Estado los estabilice
“por medio del control de sus propios gastos” (Art.
379). ¿Y cómo un Estado controla sus gastos? Según
la lógica neoliberal, reduciendo la inversión social,
despidiendo a sus empleados, privatizando sus empresas y a
los sectores que no generen rentabilidad
a corto plazo, tal como la educación, la salud, la cultura,
etc.
Aún si Friedman y la MUD tuvieran razón, lo
que la historia invalida, serían pocos los venezolanos
que pudieran comprar los productos a precios estabilizados
por la competencia del mercado.
Por otro lado, Milton Friedman nunca pretendió
imponer su doctrina de manera democrática. Como
lo ha mostrado Naomi Klein, todos los países que
adoptaron las medidas del profesor de Chicago eran
dictaduras o tuvieron que adoptar medidas autoritarias para
preservar la aplicación del neoliberalismo
de rebeliones populares
30
. Como lo menciona el artículo 388, “es indeseable una
drástica e inmediata
30. Naomi Klein, La doctrina del shock. El auge del
capitalismo del desastre, Barcelona, Paidós, 2007.86 87
reasignación del gasto público (…) Este es un espacio
en el que la disciplina y la gradualidad deben ser
conciliadas”. Como podemos ver, los mismos objetivos
que Friedman, pero con otras estrategias políticas.
De la misma manera, “la flexibilización de los
controles [de precio] debe ser gradual, consensuada
y contingente” (Art. 417), “esta flexibilización gradual es
indispensable para que su futura eliminación
pueda estimular efectivamente la actividad privada”
(Art. 420).
Autonomía del Banco Central
de Venezuela
Uno de los mayores problemas de la crisis europea es la
imposibilidad, por parte del poder político,
de controlar y orientar la acción de sus bancos centrales y
del Banco Central Europeo (BCE). El Tratado de Lisboa impide toda capacidad de
acción frente
a una crisis económica. Prohíbe al BCE prestar dinero a los
Estados con un interés mínimo; prohíbe el
control de los movimientos de capitales, e incentiva
la desregulación financiera. Un país como Grecia,
actualmente sumergido en una crisis económica terrible, no
puede pedir préstamo al BCE. Este BCE
sólo presta sumas dinerarias a unos bancos privados
con un interés de 1%, y ellos, a su vez, prestan este
mismo capital a Grecia con un interés de hasta 20%.
Más allá de este ejemplo, la imposibilidad legal en la
esfera política para controlar su soberanía monetaria
es una de las causas de la permanencia griega en el
espectro de la bancarrota social.
A pesar de este escenario, estas medidas parecen
ser el lema de la oposición venezolana. En su artículo 348, se quejan de que “el tipo
de cambio controlado es fijo, las reservas internacionales por encima
de un determinado nivel deben ser transferidas al
fisco, las operaciones de mercado abierto han devenido en
una forma más de financiamiento público,
las tasas de interés están controladas y el encaje legal se
usa como instrumento de financiamiento de
programas públicos”. En otros términos, gimotean
ante el hecho de que las políticas monetarias estén
atadas a las decisiones del gobierno electo y que sirvan de
manera coordinada al desarrollo de la nación.
Las reservas internacionales que posee el BCV no
son propias de ningún interés particular, sino que
pertenecen a la nación y, por ende, deben contribuir
a su crecimiento.
Por eso, proponen en el artículo 408 prohibir “al
BCV financiar gasto público y convalidar políticas
fiscales deficitarias”, con el fin de que la “autonomía
del BCV debe ser respetada como un valor social.” 88 89
Triste cinismo semántico llamar valor social a unas
medidas que atentan contra la sociedad.
Fieles a las políticas liberales, proponen la “eliminación
gradual del control de cambio” (Art. 406),
siendo conscientes de que su eliminación generaría
una “maxidevaluación” (Art. 405) que puede afectar
los depósitos del público en los bancos venezolanos.
La solución invocada es la “estabilización” de la economía.
Pero no es exagerado recordar a la MUD que
la economía venezolana nunca ha sido tan estable
desde el Viernes Negro
31
.
Además, en el tema cambiario, el Gobierno aplicó una
devaluación en el 2010, y creó el Sistema de
Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera
(Sitme), para administrar correctamente el flujo de
divisas. Se saneó el sistema financiero privado con
la intervención de pequeños bancos que socavaban
los intereses de los depositantes; se aumentaron las
reservas internacionales y la deuda pública bajó de
56.2% del PIB en la década 1989-1998, a 28,3% en la
década 1999-2010. Así mismo, el promedio de la inflación en
la década 1989-1998 era de 52,45%, contra
31. El viernes 18 de febrero de 1983, el Bolívar sufrió una
fuerte devaluación. Como consecuencia, todos los productos de importación
subieron de precio, hundiendo al pueblo venezolano en una
grave
crisis de abastecimiento.
21,7% en la década 1999-2010. No hay peor ciego
que aquel que no quiera ver.
Si no le compete al BCV financiar el gasto pú-
blico, ¿quién se encargará de ello? El artículo 403
nos da una señal. “Para ello tocará al nuevo gobierno
informar a la banca internacional y multilateral, y a
la comunidad financiera internacional, en general,
la situación de las finanzas públicas, la planificación
fiscal del nuevo gobierno, sus necesidades previstas
de endeudamiento y el cronograma proyectado de
pagos y amortizaciones, con la intención de contribuir a
reducir la prima de riesgo del país y abrir
nuevas fuentes de financiamiento”. La MUD prevé y prefiere contratar
una deuda con los bancos y
organismos internacionales, supeditando la nación
al pago continuo de intereses excesivos, antes que
delegar el financiamiento del gasto público al BCV.
El jefe de campaña de Capriles Radonski, Armando
Briquet, fue aún más preciso sobre este tema en una
entrevista ofrecida a la cadena colombiana RCN,
asegurando que se “podrían adoptar algunas medidas del FMI”
32
. Nos preguntamos, ¿por quién aboga
32. Véase: “jefe de campaña de Capriles asegura que podría
aplicar
‘algunas’ medidas del FMI”,
Agencia Venezolana de Noticias,
http://
www.avn.info.ve/node/100965 (27 de febrero de 2012).90 91
la derecha venezolana? ¿Por los bancos occidentales
al borde de la quiebra o por los venezolanos?
Política petrolera: el petróleo no cae del
cielo, yace en el subsuelo
Es sobreentendido decir que la política petrolera es
fundamental para el porvenir de Venezuela. El
carácter monoproductivo de la economía nacional y
sus consecuencias nefastas sobre la renta, sobreevaluación de
la moneda, importación y la baja producción no petrolera, han sido el corazón
de las políticas
económicas y sociales del siglo XX. El “excremento
del diablo”, para parafrasear a juan Pablo Pérez Alfonso,
puede ser considerado acertadamente como
la causa y la solución de muchos de los problemas
del país.
La historia política del siglo XX se orientó
mundialmente hacia la lucha por la distribución de
esta riqueza. Transnacionales petroleras, oligarquía
criolla y grandes potencias consumidoras del “oro
negro” se disputaron con el pueblo venezolano para
sacar el máximo provecho del subsuelo nacional.
Más que unas estrategias para administrar la
renta petrolera, la diferencia entre el gobierno bolivariano
y sus oponentes se articula alrededor de
visiones ideológicas que reflejan el puesto que debe
tener Venezuela en el concierto de las naciones, en
la forma de redistribución de la riqueza entre los
ciudadanos y en la consolidación de una economía
productiva no petrolera.
El programa de la MUD se inscribe en esta larga
lucha de más un siglo y, particularmente, en su penúltimo
capítulo: la década neoliberal de los noventa.
• Mirada retrospectiva
En los años noventa, el camino a la privatización
de la empresa petrolera venezolana, Pdvsa, estuvo
marcado por una creciente autonomía de esta frente
al control del poder Ejecutivo.
La estrategia de internacionalización de la empresa tenía
como objetivo sacar importantes activos
de la empresa en el extranjero, privando así al Estado
venezolano de toda ganancia y retornos fiscales.
Por su parte, la famosa “apertura petrolera” iniciada en los
años noventa tenía como finalidad la
cesión parcial o total de los activos de la industria
para volver a una relación Estado-transnacionales
petroleras donde el Estado percibe de las empresas
un sólo régimen de regalías, dejando a estas las actividades
productoras y comerciales. Pdvsa, como empresa autónoma, tenía el completo
manejo gerencial 92 93
y operacional; decidía sus alianzas estratégicas pero
su participación en el capital de las empresas mixtas
no podía superar el 34%.
La empresa petrolera empezó a ser desmembrada en beneficio
del sector privado. Como lo resaltó
el entonces diputado Alí Rodríguez en una sesión
del antiguo Congreso: “La venta de Pdvsa se pone
de espaldas a una política que haga realidad una
Venezuela productiva y refuerza las amarras que
aún nos atan a la Venezuela rentista (…) En el caso
de algunos inteligentes ideólogos tropicales de la
privatización a ultranza, no solo plantean la venta
de Pdvsa sino que ya, dándola por un hecho, hacen
gala de su talento diseñando la mejor manera de
proceder, bien destazándola como una res en canal
para venderla por piezas, bien entregándola en pie,
a puerta de corral”
33
.
Los ideólogos de la MUD mencionan la resistencia de aquellos
diputados al proceso de privatización
para sacar un análisis de la situación: “los actuales
gobernantes, entonces en la oposición, acusaron a
la gerencia de la estatal de representar los intereses
de las transnacionales, de tomar decisiones por encima del
Ministerio de Energía y Minas, de no rendir
33. Alí Rodríguez Araque, El proceso de privatización
petrolera en Venezuela, Caracas, Fundación Editorial El perro y la rana, 2007,
p. 141.
cuentas claras al Ejecutivo Nacional y de escamotar
al fisco los ingresos petroleros. Según ellos, el plan
para aumentar la producción (…) era contrario a la
política de defensa de los precios del petróleo, y solo
pretendía facilitar la privatización de la industria”
(Art. 450).
Notemos el uso que hacen del condicional y del
“según ellos”, como si las líneas directivas de la vieja
Pdvsa dependieran de opiniones simples y personales de los
bolivarianos.
Los redactores del programa de la MUD, prosiguen expresando
que “desde el punto de vista del
nuevo gobierno, Pdvsa debía compartir sus funciones
y responsabilidades en la política social; dejando de
ocuparse exclusivamente del manejo de la industria
petrolera. Las diferencias entre el gobierno y la cultura
corporativa de Pdvsa en un ambiente de severa
confrontación política llegaron en 2002 a un punto
de quiebre” (Art. 452).
Precisamos que la realidad histórica nos ense-
ñó que no se trató de un punto de quiebre sino de
un golpe de Estado donde los partidarios de la vieja
Pdvsa pisotearon la Constitución y la democracia
venezolana. Si existe un punto de quiebre, es entre la
visión del gobierno bolivariano de supeditar
la empresa petrolera al proceso de desarrollo de la 94 95
nación, y el enfoque liberal de la oposición sobre la
puesta en marcha de un empresa autónoma y floreciente en el
mercado mundial, pero desvinculada de
sus responsabilidades como eje nodal de la política
socioproductiva nacional.
Estas visiones son irreconciliables y eminentemente políticas
a pesar de la retórica mediática del candidato Capriles. Las acciones del
gobierno bolivariano
para detener el proceso de privatización, reafirmar el
papel del poder político electo en la industria petrolera y
revertir los convenios desfavorables a los intereses nacionales, son
sistemáticamente criticadas.
A menudo escuchamos a la oposición venezolana
vociferar que la permanencia de Chávez en el poder
se debe a la bonanza de los precios petroleros, como
si aquellos fuesen impuestos por la gracia del Dios petróleo
y no por el fruto de una política coherente. Después de un papel diplomático
del gobierno bolivariano
en la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(Opep), la producción se estabilizó y los precios del barril
se incrementaron. Se puso fin a la explotación de
la mal llamada “Faja Bituminosa del Orinoco”, donde
las transnacionales se llevaban los barriles de petróleo
a precio del carbón. En 2006, las reformas de la Ley
Orgánica de Hidrocarburos y la Ley de Impuesto sobre
la Renta elevaron los impuestos petroleros a 50% y las
tasas de regalía a 33%. En 2007, la Ley de Nacionalización
de todos los Convenios de Asociación de la Faja
Petrolífera permitió la creación de empresas mixtas con
una participación pública mínima de 60%, ratificando
el control de la actividad petrolera por parte del Estado,
de una de las reservas más importante del mundo.
En ese mismo año fueron creadas Pdvsa Industrial
y Pdvsa Agrícola, empresas filiales cuyo objetivo es
participar protagónicamente en el desarrollo del tejido
productivo nacional. En mayo del 2009, la Ley Orgá-
nica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos
a las Actividades Primarias de Hidrocarburos, detuvo
aquella vieja tendencia a desmantelar la estatal petrolera.
La nacionalización de varias empresas conexas ayudó a la integración de miles
de trabajadores y puso fin
a la multiplicación de empresarios sin escrúpulos que
vendían sus servicios a un único cliente: Pdvsa.
Según el ministro de Petróleo y Minas, Rafael
Ramírez, esas acciones permitieron percibir hasta
el año 2010, “la cantidad de 289.737 millones de dó-
lares, que de otra manera se hubieran ido a las empresas
transnacionales”
34
.
34. Véase el discurso de Rafael Ramírez en La Revolución
Bolivariana
rinde cuentas al pueblo. Ministros y ministras de los
gabinetes de Desarrollo Territorial, de Economía Productiva y del Económico y
Financiero ante la Asamblea
Nacional, Caracas, 17, 22 y 24 de febrero de 2011, Ediciones
del Correo del
Orinoco, Colección La Revolución Transparente, 2011, p.
14.96 97
Todo el aparato legal que ha configurado el gobierno
bolivariano para lograr sus objetivos es reprobado por la oposición por ser
contrario a los
intereses del sector privado, visto para ellos como
el motor principal del progreso del país. Esta visión
ideológica, aunada a la pérdida de jugosos negocios
por parte de la vieja oligarquía petrolera, orienta todas
las propuestas de la MUD en el sector petrolero.
Básicamente, proponen retomar las vías exploradas
antes de la llegada del presidente Chávez al poder.
Pdvsa: una empresa
sin conducción política
Para satisfacer “el desarrollo de la actividad petrolera en
beneficio de los venezolanos de la generación actual y de las futuras
generaciones” (Art. 480), la MUD
sugiere “reducir la discrecionalidad del poder ejecutivo
en la captación y uso de los recursos petroleros y (…) la
necesidad de hacer de la reestructuración de Pdvsa una
tarea dentro de un plan superior cuyo propósito sea
desarrollar la industria de hidrocarburos como primera
prioridad” (Art. 482). Como se puede apreciar, la estrategia
de la MUD es impedir el control político sobre
la industria petrolera y desviar la actual prioridad de
Pdvsa —el desarrollo socio-productivo de la nación—
hacia el crecimiento propio de la empresa.
Para cumplir con sus objetivos, la MUD propone la separación “del cargo político del
ministro con
competencias en hidrocarburos de la presidencia de
Pdvsa y ampliar la composición de su Asamblea de
Accionistas para garantizar a la empresa autonomía
gerencial, financiera y operacional” (Art. 499 a). Capriles
Radonski podría insistir en su campaña sobre
la ampliación de la Asamblea de Accionistas. ¿De qué
se trata? Para formar parte de dicha Asamblea, hay
que poseer acciones. ¿Cómo se repartirán? ¿Quién
estará a cargo de esta repartición? ¿Piensan vender
parte de los activos de Pdvsa?
La “autonomía” de la empresa nacional petrolera
es una mampara para llegar al objetivo de impedir
que, el poder electo, destine de manera coherente
los inmensos recursos del subsuelo al crecimiento
social. Por eso, prevén “limitar las contribuciones
sociales de Pdvsa al pago de impuestos y regalías,
suspendiendo las transferencias al Fonden u otros
fondos parafiscales discrecionalmente administrados
por el Ejecutivo” (Art. 499 h). Recordemos que entre el 2005
—fecha de nacimiento del organismo— y
el 2010, Pdvsa aportó 29.459 millones de dólares al
Fonden para estimular la economía productiva e incentivar
políticas sociales. 98 99
Estos fondos son manejados por el poder Ejecutivo para tener
una coherencia en las políticas de desarrollo. El Fonden es un instrumento que
permitió
corregir desigualdades demográficas, económicas y
sociales entre los estados regionales. Ahora bien, no
perdamos de vista que esta visión de la redistribución
de la riqueza asociada a los planes de descentralización
fiscal impediría un desarrollo armonioso del país.
Pdvsa, según la derecha venezolana, debe “entenderse como
una empresa con fines comerciales que
(como las demás empresas del sector) está obligada
a honrar sus compromisos fiscales” (Art. 500). ¿Una
empresa como las demás transnacionales? Según Capriles y su
equipo, la estatal petrolera tendría el mismo
compromiso con el país que Chevron, Repsol, Total,
o Indoil. Tenemos algunas dudas sobre la preocupación real
de estas empresas en relación al crecimiento
económico y social de Venezuela.
La orientación de estas empresas trasnacionales y
la protección de los yacimientos venezolanos “corresponderían
a un nuevo ente, dotado de personalidad
jurídica, patrimonio propio e independiente del fisco
nacional, con autonomía física, financiera, organizativa,
normativa e administrativa” (Art. 521). Un ente con tan
ampliada autonomía sería, de hecho, un organismo
independiente. ¿Cuáles serían sus funciones? Lo señalan
explícitamente: “proponer alternativas y proveer criterios
técnicos y fiscales para resolver posibles diferencias entre las empresas y el
Ministerio” (Art. 522). En
otros términos, el nuevo organismo, independiente del
fisco nacional, se encargará de discutir las tasas de
imposición de las multinacionales petroleras. Esta orientación promueve las
resoluciones de conflictos con
contratos particulares por encima de la ley. En suma,
se experimentaría una significativa disminución de los
ingresos por este concepto. Como lo exponen en el artículo
354, la “voracidad fiscal” del Gobierno alejaría a
las empresas privadas.
Así mismo, este nuevo ente tendría el poder de
“otorgar licencias y permisos para realizar todas las
actividades (exploración, explotación, refinación, procesamiento, transporte,
comercialización, importación y
exportación)” (Art. 524). Después de haber desposado
el poder político electo del control de Pdvsa de la
fiscalización de las empresas petroleras, la MUD pretende
quitarle al poder central la facultad de regir la
administración del patrimonio nacional. Dichas políticas son
contrarias a todo el aparato legal que Venezuela se ha
venido procurando desde la nacionalización de 1976.
En nombre de una ciega creencia en la religión
del Mercado que vincula ingenuamente la prosperidad de las
empresas privadas con el desarrollo del 100 101
país, la MUD pretende quitar al pueblo venezolano
toda legítima posibilidad de beneficiarse de las riquezas de
su subsuelo.
Además, al desvincularse el poder nacional de la
política petrolera, la República pierde todo poder de
negociación en la geopolítica mundial. Que nadie lo
dude: sin el manejo soberano del instrumento petrolero, se
acabará la construcción de un mundo multipolar y la integración
latinoamericana.
• Reapertura petrolera
El esfuerzo de reforma legal de la política petrolera ha
permitido al gobierno bolivariano incentivar,
desde Pdvsa, el crecimiento de la economía real y
productiva. No sólo se trata de tomar el control de
la industria petrolera sino de ponerla al servicio de
la nación. La participación del Estado en la planificación y
la organización del tejido productivo se ha
incrementado con la creación de Pdvsa Industrial,
Pdvsa Agrícola y su red de Empresas de Producción
Social (EPS). Es por ello que la MUD propone que
la empresas “no petroleras sean independientes de la
estatal” (Art. 499 b), preparando así su liquidación
o su privatización. Estas instancias productivas que
han nacido con el gobierno bolivariano representan,
según la perspectiva liberal, una competencia desleal. En
efecto, permiten regular las ambiciones del
sector privado que, movido por la ganancia, trabaja
por encima de las necesidades del ser humano.
Sobre los hidrocarburos, la MUD pretende “incluir empresas
privadas, venezolanas o no, cuya participación en todas las etapas (incluso sin
asociación
con Pdvsa) se realice en un ambiente de competencia” (Art.
504). Nuevamente vemos a la MUD
pretendiendo desconocer el aparato legal votado por los
representantes del pueblo en la Asamblea Nacional.
El artículo 512 de este programa refleja todavía más
la ambición de hundir el marco legal para dar rienda suelta
a la competencia capitalista: “Las normas
constitucionales no imponen directamente la proporción
accionaria que Pdvsa deba mantener en sociedad con otras empresas, ni exigen la
presencia de
Pdvsa en todas las actividades vinculadas con hidrocarburos,
ni prohíben la competencia en el sector.
Restricciones de este tipo se han impuesto en el marco legal
a partir de 2006, a pesar de lo cual persisten
artículos que admiten la actividad privada sin participación
del Estado y exigen la competencia entre
proveedores en algunas actividades del negocio. Tales
restricciones no sólo han debilitado a Pdvsa, sino
también a la industria de los hidrocarburos como un 102 103
todo”. Y continúan señalando que “Venezuela podría
perder la oportunidad de lograr una buena parte de
las inversiones por hacerse en el planeta, si el Estado
no flexibiliza el marco legal vigente” (Art. 513). “Para
ello se requiere, entre otras cosas, la reforma de los
artículos del decreto 5.200 que fijan en 60% la
participación accionaria de Pdvsa en empresas mixtas; el
diseño de un nuevo impuesto a las ganancias súbitas
progresivo y no discrecional en lugar del establecido
en la Ley de Contribuciones Especiales de 2011 y la
derogación de las leyes de expropiación de los bienes
y servicios de actividades conexas” (Art. 514).
La MUD quiere, nada más y nada menos, revertir todo el
proceso político que devolvió la soberanía
en materia petrolera y ha sido la piedra angular del
incremento de las ganancias de Pdvsa, del Estado y
del pueblo venezolano. Esta visión echa por la borda
la posibilidad de un verdadero crecimiento socioproductivo,
dando licencia a las empresas transnacionales para que obtengan enormes
ganancias sin
invertir en el futuro del país.
La privatización de las actividades conexas a la
producción petrolera reavivan la posibilidad de que
empresas o gobiernos extranjeros, puedan adueñarse
de informaciones estratégicas de la petrolera estatal,
como ocurrió con el caso Intesa, empresa conformada
por Pdvsa y la compañía estadounidense Science Applications
International Corporation (Saic). La vieja directiva
decidió asociarse con esta firma vinculada al complejo
militar-industrial norteamericano, en el manejo de su
servicio de computación. Durante el paro petrolero de
2002-2003, Intesa fue el principal actor en el sabotaje
dañando todos los datos financieros, técnicos y
presupuestarios de la empresa alojados en sus servidores.
¿A alguien le cabe duda que este sea el modelo
que la MUD quiere repetir?
• Gestión de la producción
Para defender la soberanía petrolera nacional,
el gobierno bolivariano adoptó medidas nacionales
e internacionales para controlar el precio del crudo,
limitar su producción y diversificar su cartera
de clientes.
Por su cercanía geográfica, Estados Unidos fue y sigue
siendo un cliente privilegiado en las exportaciones
de petróleo. Esta relación ha tejido lazos de dependencia
que han repercutido en la política exterior de Venezuela. Aprovechando el
crecimiento de la demanda
mundial por parte de economías emergentes, como
China, Venezuela decidió ampliar el abanico de sus
clientes. En este caso, el Gobierno adoptó los criterios 104
105
tradicionales del libre mercado. Si la MUD se apegara en
este caso a su visión ideológica, debería felicitar
al gobierno, pero, por supuesto, no es así. La derecha
acusa a Pdvsa de “descuidar mercados tradicionales y
geográficamente próximos (…) para vincularse con paí-
ses lejanos como China, Rusia, y Bielorrusia” (Art. 455).
La necedad de este argumento sólo puede compararse
con su irracionalidad. Nunca se ha escuchado a la derecha
venezolana opinar sobre el hecho de que Arabia
Saudita, segundo país poseedor de reservas mundiales
de petróleo, destina su producción a Estados Unidos a
pesar de la larga distancia geográfica que los separa. Su
sumisión al gigante del Norte les ha hecho olvidar los
principios del comercio y la necesidad de diversificar
sus clientes.
¿Que pasaría si de un día para otro EEUU decidiera parar las
importaciones de crudo venezolano?
¿Si la MUD quiere inspirarse en la economía cubana de los
años ochenta, hay que recordarle que la
isla caribeña, sometida a un bloqueo severo desde
los años sesenta, no tenía otra opción que tener a un
solo cliente para su caña de azúcar? Venezuela, que
no está sometida a ningún vil bloqueo, tiene todo el
derecho de ampliar sus clientes, vendiendo petróleo
en Marte si eso favorece sus intereses.
Con el objetivo de favorecer el suministro de
petróleo a Estados Unidos, la MUD anuncia la
“revisión de los contratos, acuerdos y convenios
internacionales firmados con otras empresas y gobiernos”
(Art. 499 g).
Por otra parte, la derecha propone “aumentar la
producción en campos maduros activos en la Faja del
Orinoco”. ¿En qué proporciones? El colega de Capriles Radonski,
el golpista Leopoldo López, propone
duplicar la producción de crudo haciéndola pasar a
seis millones de barriles diarios. Lo más insólito es
que las señoras y señores de la MUD saben que esta
decisión no puede ser tomada de manera unilateral.
Venezuela, como miembro de la Opep, está obligada
a enmarcar su producción en las cuotas que define
esta organización internacional.
No obstante, para pasar por encima de la política
de restricción productiva, la MUD señala: “Aunque
el interés por estabilizar [los precios] pueda ser
compartido por la mayoría de los miembros de la Opep
y por otros países petroleros, pocos de ellos tienen
reservas como para aumentar significativamente su
producción. Venezuela está entre los que podrían
hacerlo y le conviene (como país y como miembro
de la Opep) comenzar a invertir para incrementar su
capacidad futura de producción” (Art. 485). En otros 106 107
términos, proponen de manera arbitraria dinamitar
las políticas de la organización petrolera. Esta visión
tendría un efecto devastador sobre los precios actuales y,
por ende, sobre los ingresos petroleros de
Venezuela. Para quienes sí sería una verdadera bendición, es
para los grandes países consumidores, Estados Unidos a la cabeza.
Esta política se traduciría, indudablemente, en
una baja mundial de los precios del crudo. Siguiendo las
líneas de la MUD, Capriles regalaría dinero
en el exterior a las transnacionales y a los países
consumidores, sin exigir ninguna contraparte bajo
la forma de cooperación técnica u otras que puedan
beneficiar al país. Si esta política se traduce en una
pérdida de dinero, ¿quienes pagarán las consecuencias? Los
venezolanos, tanto ricos como pobres,
porque se incrementarán “los precios de los hidrocarburos
consumidos en el mercado interno (…)
todo eso con el propósito de aumentar la productividad,
competitividad y capacidad del sector petrolero público y privado”(Art. 518).
¿Tal medida les
suena familiar? Era una de las políticas impuestas
por el Fondo Monetario Internacional que originó
El Caracazo. Con estas posturas, vemos claramente
cómo la MUD aspira favorecer a las transnacionales en
detrimento del pueblo venezolano, quien terminaría pagando las pérdidas
ocasionadas.
Este afán para aumentar la producción es dictado
por la voluntad de retomar la producción de orimulsión. Dice
la MUD: “el gas natural y otros combustibles líquidos destinados a la
generación termoeléctrica podrían ser sustituidos por orimulsión (Art.
491)”. La exportación de este combustible “depende
de la recuperación de la reputación de Pdvsa como
único productor, de los acuerdos establecidos en la
Opep con respecto a las cuotas de exportación de
Venezuela” (Art. 492).
Como bien lo expresó el venezolano y experto
petrolero Bernard Mommer, “en el caso de la orimulsión, por
el contrario, al crudo extrapesado no
se le atribuye valor alguno. No sólo se le pone a
competir con el carbón reduciéndose su precio a
niveles mínimos sino que, considerando única y
exclusivamente los intereses de los inversionistas, se
utiliza el régimen fiscal como comodín, reduciéndose la
regalía a niveles ínfimos y el impuesto sobre la
renta a la tasa no-petrolera. Una política semejante
puede tener sentido dentro de los países consumidores, pues
en éstos los consumidores y los dueños
del recurso natural coinciden. En consecuencia, lo 108 109
que no cobran como dueños del recurso natural, los
beneficia como consumidores. ¡Pero la situación es
cualitativamente distinta cuando de exportaciones
se trata!”
35
.
La producción de orimulsión podría ser una estrategia para
un gobierno de derecha de pasar por
encima de las cuotas de la Opep, considerando que
se trata de bitumen y no de petróleo. Se permitiría a
las empresas transnacionales llevarse petróleo pesado a precio
de carbón, como ocurrió en la época en
que estaban vigentes las mismas políticas que hoy
defiende la MUD.
• Consecuencias sociales de las políticas
petroleras de la MUD
Como ya lo hemos dicho, la aplicación de una
política neoliberal en el ámbito petrolero traerá
tres consecuencias: la imposibilidad de levantar
una política de producción no petrolera coherente, la
imposibilidad de actuar sobre los precios del
petróleo y, por corolario, una disminución tangible
de la renta petrolera para el desarrollo social. Vale
destacar que, gracias a las acciones del gobierno
35. Bernard Mommer, El mito de la Orimulsión. La
valorización del crudo extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco, Caracas,
Ministerio de
Energía y Minas, Fondo Editorial Darío Ramírez, 2004, p. 42.
bolivariano, Pdvsa ha podido disponer de 83.834
millones de dólares para el desarrollo social.
Un declive en la capacidad del Estado para asegurar el
bienestar de su población incidiría en el sistema de pensiones, de salud, de
educación, de cultura,
de alimentación, etc. Como lo veremos en el capítulo
siguiente, la MUD pretende también resolver esta
problemática abriendo estas potestades estatales al
sector privado.
La lógica del capitalismo es implacable. Si se abre
al sector privado la mayor riqueza del país, tendrán
que abrirse también todos los otros atributos que el
Estado maneja para la felicidad de sus ciudadanos.
jugosos negocios para los empresarios, y miseria para
los más desposeídos que no podrán beneficiarse de
la redistribución equitativa de la riqueza nacional.
Esta no se puede confundir con la caridad o la
responsabilidad social de los empresarios.
En cuanto a las misiones sociales, el candidato
Capriles ofreció “mantenerlas para mejorarlas”. Cabe
recordar que las misiones sociales se crearon para
saldar la deuda social que el Estado había contraí-
do en la IV República con la aplicación de políticas
neoliberales. Parece insólito que hoy en día se quieran
“mejorar las misiones” con estas mismas recetas.
El artículo 499 b resalta la necesidad de “transferir a 110
111
los ministerios competentes los programas sociales
actualmente a cargo de Pdvsa”.
Una empresa estatal con fines “estrictamente comerciales” no
puede encargarse de la organización
de las misiones. ¿Y cómo va a asumir el Estado esta
nueva carga? Adoptando medidas de descentralización y
ofreciendo al sector privado la posibilidad de
participar significativamente en ella. La disolución
de las misiones en el aparato Estatal formal significa
simplemente su liquidación. Los redactores del programa de la MUD lo saben, ya que
tienen un proyecto diferente de protección social
36
.
Dentro de Pdvsa, podemos temer que la aplicación del
programa se traduzca en despidos masivos.
¿Se contradicen cuando afirman que, a pesar de un
“incremento en los empleados de la empresa de 60%
entre 2001 y 2010” (Art. 454), existe “una escasez de
recursos humanos” (Art. 480)? Deberían precisar
que se trata de “sus” recursos humanos. El artículo
499 nos deja entender que el personal que participó
en el sabotaje petrolero podría ser reenganchado:
“Pdvsa deberá cumplir con los compromisos laborales
legalmente adquiridos por la empresa hasta la
fecha incluyendo los derechos violados de los tra-
36. Véase capítulo IV de este libro.
bajadores entre 2002 y 2003” (Art. 499 c). “[Pdvsa
deberá] identificar cuales son las áreas críticas que
actualmente o en el futuro requerirán de personal
especializado y crear incentivos para atraer a Venezuela un
talento humano potencialmente escaso,
teniendo en cuenta a los venezolanos que fueron
retirados de la empresa desde 2002” (Art. 499 d).
Bajo estos principios, Pdvsa llegará a ser una empresa
privada como cualquier otra. Nos preguntamos:
¿para qué importar personal si sus trabajadores se pueden
formar en el país? Pdvsa tiene un compromiso con
las futuras generaciones y la MUD debería pensarlo
dos veces antes de sugerir un escenario que promueva
la competencia internacional en el mercado laboral.
Política energética y sector eléctrico
La crisis energética que conoció el país en 2010
marcó un punto de ruptura con las políticas del pasado.
Esta ha llevado al gobierno bolivariano a establecer un
diagnóstico real y repensar sus políticas en este sector.
El presidente Hugo Chávez anunció e inició ese año un
plan para generar 15.000 megavatios.
Para la oposición, “el gobierno de Unidad Nacional debe
evaluar el estado de dichas empresas,
organizaciones y proyectos, para identificar sus for-112 113
talezas y debilidades. En algunos casos, entre los
cuales destaca el eléctrico, son indispensables costosas
inversiones que el Estado no puede hacer sin
comprometer otras responsabilidades” (Art. 424).
La MUD no precisa cuáles serían las responsabilidades
comprometidas. ¿El gasto social?, ¿las polí-
ticas de cultura?, ¿el compromiso laboral público?
Cualquier excusa es buena para justificar la racionalización
de los gastos públicos.
Así mismo nos indican que “se deberá alcanzar un
acuerdo político nacional, promovido desde la Presidencia de
la República, para establecer una Política
Energética Integral” (Art. 542). Tampoco se habla de los
actores de este acuerdo. ¿Se tratará de actores políticos
o económicos? ¿Quiénes, aparte de los partidos que conforman
la MUD, serán invitados a esta negociación?
Como lo hemos dicho en la parte anterior, la derecha quiere
retomar las políticas de orimulsión para
generar energía eléctrica. Eso tendrá sus consecuencias en
las políticas de soberanía petrolera y en polí-
tica exterior, sobre todo en la Opep
37
.
El resto de la política eléctrica de la MUD está marcado por
el sello del capitalismo salvaje. Descentralizar y
privatizar son las únicas propuestas que enarbola la MUD
37. Véase la sección de políticas petroleras del programa.
sobre este sector. Como lo mencionan en el artículo 982,
“la actual estructura del Ministerio de Electricidad y
Corpoelec [debe ser adecuada] a fin de hacerla eficiente,
efectiva y menos onerosa y acometer su conversión hacia una
estructura descentralizada, desconcentrada, con
la participación de municipios, comunidades y la iniciativa
privada”. La descentralización abre la puerta a la
privatización de este servicio público. La MUD resalta
esta necesidad en el artículo 985: “Abrir el sector
eléctrico a la participación privada en áreas específicas, como
complemento a la inversión estatal: particularmente en
distribución, comercialización y prestación de servicios
especializados”. Nuevamente la derecha pretende aplicar en
Venezuela una tendencia ultraliberal que se ha
venido desarrollando a nivel mundial en las últimas dos
décadas. Donde fueron aplicadas, estas medidas se han
traducido en un aumento del precio de la electricidad
y en un incremento de los recortes, consecuencia de la
poca inversión privada sobre el mantenimiento.
Consecuente con su visión liberal, la MUD prevé
“mejorar la cobranza” en el sector eléctrico y “racionalizar
sus gastos” (Art. 984). Está escrito: con Capriles de Presidente, las tarifas
eléctricas aumentarán
de igual manera para los ricos y los pobres. ¿Quiénes
serán verdaderamente los afectados?
Para una empresa no hay muchas maneras de “ra-114 115
cionalizar” sus gastos. La primera de ellas se expresa
en una política de despidos. Esta inclinación se entiende
entre las líneas del artículo 980 cuando proponen “reprofesionalizar el sector
eléctrico”.
Las medidas de privatización son los únicos lineamientos
concretos que propone la MUD. Hay
un silencio absoluto sobre el acceso igualitario de
los ciudadanos al servicio eléctrico, de las mesas
técnicas de electricidad o de la Misión Revolución
Energética
38
. Después de tanto escándalo y calumnias sobre los bombillos
ahorradores, la MUD no
dice absolutamente nada sobre los micrófonos que,
según sus voceros mediáticos, el comandante Fidel
Castro había instalado en cada bombilla para penetrar en los
hogares del pueblo venezolano. A estos
señores de la oposición les recordamos que las mentiras
tienen patas muy cortas.
Sector agroalimentario: nada nuevo
desde el 11 de abril de 2002
La producción agroalimentaria ha sido uno de
38. Creada en el año 2006, esta misión tenía como objetivo
el ahorro
de energía sustituyendo los bombillos incandescentes por
bombillos
ahorradores.
los problemas más importantes que ha enfrentado
el gobierno bolivariano. Cabe destacar que dos de
los 49 decreto-leyes sancionados en el año 2002,
que tocaron los intereses de aquellos sectores reaccionarios
que perpetraron el golpe de Estado, estaban vinculados a la producción de
alimentos: la Ley
de Tierras y Desarrollo Agrario, y la Ley de Pesca,
incentivaron a la oposición a adoptar una postura
antidemocrática.
En una rueda de prensa convocada el 21 de
noviembre de 2001, el entonces presidente de la
Federación Nacional de Ganaderos (Fedenega),
josé Luis Betancourt, llamó a incurrir en la ilegalidad
rompiendo la Gaceta Oficial que promulgaba
la Ley de Tierras. Fracasados el golpe de Estado
y el lock-out patronal del 2002, las propuestas del
sector privado golpista se inscribieron en el Plan
Consenso País que representaba el primer intento
de la oposición para sistematizar sus propuestas
de Gobierno. Llamaban, en la parte IV 6-6 C a), a
derogar la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y a
pasar por encima del Ministerio del Poder Popular
para la Agricultura y Tierras para coordinar directamente
con los poderes locales
39
.
39. Plan Consenso País. Propuesta de consensos para
políticas públicas, dis-116 117
El actual programa de la MUD retoma las criticas a la
“imposición de un marco legal (…) (ley
de tierras y sus reformas, ley de pesca, ley de soberanía
alimentaría...)” (Art. 547), proponiendo
“realizar reformas legales y aplicar políticas destinadas a
garantizar los derechos de propiedad y las
libertades económicas” (Art. 548). Dicho en otras
palabras, revertir las expropiaciones y desconocer
las leyes que motivaron a la derecha a cometer el
golpe de Estado del 2002.
Así mismo, “se garantizará la participación
efectiva de las gobernaciones y alcaldías en el diseño y
ejecución de las políticas agroalimentarias”
(Art. 550), impidiendo así el papel protagónico del
Estado nacional, y favoreciendo por consecuencia
la apertura al sector privado.
El candidato Capriles anuncia la supresión de
la Productora y Distribuidora de Alimentos S.A.
(Pdval) y de la Corporación Venezolana de Alimentos (Cval) a
través de un “proceso de desvinculación de los entes públicos de las
actividades
productivas o comerciales” (Art. 556), reservando
este sector a las empresas privadas, y condenando
al pueblo a sufrir las consecuencias del alza de los
ponible en
http://www.11abril.com/index/especiales/ConsensoPais/
PoliticasPublicas040304.pdf (7 de abril de 2012).
precios de la canasta básica.
Las políticas agrícolas del gobierno bolivariano han
permitido la democratización de la propiedad en el campo con la creación de
miles de
cooperativas agrícolas, articuladas por un polo
público de producción de alimentos. La producción agrícola
ha aumentado a 44% durante los
años de mandato del presidente Chávez
40
.
Cuando proponen “elevar la
competitividad”
como una garantía de mejoramiento de la producción agrícola,
¿de qué competitividad habla la
derecha? ¿De la competitividad entre las grandes
empresas de la agroindustria y las cooperativas de
campesinos?
El artículo 567 nos da una idea clara de las aspiraciones de
la MUD. Proponen la “utilización
de plantas y animales genéticamente modificados”. Los
organismos genéticamente modificados
(OGM), prohibidos por el gobierno bolivariano
desde el año 2004, son criticados por todas las
asociaciones de protección del medio ambiente y
las organizaciones de pequeños y medianos agricultores en el
mundo. Además de provocar serios
40. “Producción agrícola tuvo 44% de incremento en
Revolución”, Radio Nacional de Venezuela,
http://www.rnv.gov.ve/
noticias/?act=ST&f=&t=149991 (21 de abril de
2012).118 119
daños ambientales y sanitarios, el modelo de los
OGM promueve un sistema de poder y dominación económica
manejado por cinco empresas
comercializadoras en esta área: Monsanto, Bayer
Cropsience,
Dupont-Pioneer, Dow Chemicals
y Syngenta.
Estas firmas obligan al productor a
comprar cada año las semillas y los pesticidas que
ellos producen, impidiendo la reutilización o el
intercambio de semillas. Los cultivos transgénicos
contaminan a los cultivos naturales, obligando
a los productores naturales a comprar los productos de las
firmas vendedoras de OGM. Este sistema, que genera una dependencia del
agricultor
con su proveedor, favorece a las grandes industrias
agroalimentarias, y es responsable, a nivel
mundial, de grandes desplazamientos de campesinos hacia las
ciudades.
Como defensora de las grandes empresas
agroalimentarias, no parece extraño que la MUD
quiera retomar el camino de la producción de organismos
genéticamente modificados
41
.
41. Sobre los OGM en Venezuela, leer Lorna Haynes, “Los
transgé-
Propiedad: un defensor de las contras
nicaragüenses orienta la visión de la MUD
Según el programa de la MUD, “Venezuela
ocupa en 2011 el último lugar en la clasificación
del Índice Internacional de Derechos de Propiedad” (Art.
578) debido a “políticas gubernamentales que han ido en contra de la libertad
económica, usurpando el derecho a la propiedad privada
a través de leyes que amenazan el sector privado”
(Art. 579).
¿Será que vivimos en un país donde el Gobierno
te quita los zapatos cuando caminas en la calle? ¿Un
país donde no existe
el disfrute de bienes personales y donde los centros comerciales no son más que
un gran centro de distribución de la riqueza, administrados
por funcionarios rojos? Como nuestra realidad nos enseña cotidianamente lo
contrario, vamos
a interesarnos en la fuente de la MUD. El Índice
Internacional de Derechos de Propiedad (Iidp) es una
clasificación anual elaborada por un think tank
42
estanicos: más allá
de la decisión del Presidente de prohibirlos en Venezuela”, Aporrea:
http://www.aporrea.org/actualidad/a7992.html (2 de
mayo de 2004).
42. “Un think tank es un centro de investigaciones que tiene
como
tarea principal la producción de análisis y consejos sobre
la actualidad social, política, económica, cultural y militar. Hoy en día, una
gran parte de los think tanks en Estados Unidos y Europa
actúan
como lobbistas, ya que su financiamiento principal proviene
de gran-120 121
dounidense ultraconservador y ultraliberal: Americans
for Tax reform. Cercano al Partido Republicano, este
grupo de presión fue fundado por su actual presidente,
Grover Norquist, quien, como antisocialista visceral, fue uno de los defensores
de la doctrina Reagan
en los años ochenta. Apoyó y organizó planes de comunicación
a favor de grupos violadores de derechos
humanos tales como las contras nicaragüenses, la Resistencia
Nacional Mozambicana (Renamo) de Mozambique y la Unión Nacional para la
Independencia
Total de Angola (Unita) de Jonas Savimbi en Angola
43
.
Con un currículo así, Venezuela
puede enorgullecerse
por figurar de última en esta clasificación. En cuanto
a la MUD, sus vínculos ideológicos reflejan una vez
más un abismo entre su visión ideológica y su retórica
mediática.
des empresas y agencias gubernamentales. También la
participación
de funcionarios públicos en la producción de estrategias y
análisis
de una entidad supuestamente privada ha cambiado la
naturaleza
de estos organismos, que son hoy en día asesores
gubernamentales.
Por ejemplo, la participación en las juntas Directivas de
los principales think tanks de Estados Unidos de miembros del Gobierno
estadounidense ha sido determinante para la conducción de la política
imperial de Washington”. Véase Eva Golinger y Romain Migus,
La
telaraña imperial, Caracas, Monte Ávila Editores, 2008.
43. Apoyados por los regímenes conservadores de Estados Unidos,
Israel y África del Sur, la Renamo y la Unita, se opusieron
militarmente a los gobiernos progresistas que llegaron al poder en Mozambique y
Angola durante los años setenta.
Manteniendo una confusión permanente entre
la propiedad de bienes personales y la propiedad de
medios de producción, el proyecto de la MUD exalta los
principios del capitalismo como forjadores de
libertad individual y colectiva. A pesar de dicha confusión,
ninguno de los artículos del programa hace
una clara referencia a la propiedad privada de bienes
personales (casas, carros, etc.), o a los pequeños
comercios, quizá porque están absolutamente convencidos de
que el Gobierno nunca representó una
amenaza a este tipo de propiedad.
Según ellos, “el actual gobierno ha expropiado o
ilegalmente ocupado un importante número de empresas y
tierras, algunas de las cuales producen (o
producían) bienes y servicios esenciales para el crecimiento
económico y el bienestar de la población. Entre ellas hay empresas productoras
de electricidad,
telefonía, acero, cemento, vidrio, servicios agrícolas
y alimentos” (Art. 422). Es determinante saber si los
propietarios originales “conservan intereses en recuperar lo
expropiado” (Art. 426), porque el “gobierno
de Unidad nacional reconocerá los títulos y cualidad
de los legítimos dueños de tierras, empresas e inmuebles
expropiados” (Art. 427). En caso de las tierras
agrícolas, la MUD plantea “revertir de manera inmediata y
permanente aquellas tierras rescatadas no 122 123
abandonadas a sus antiguos propietarios” (Art. 606)
y “definir modelos de negociación en los casos de tierras
productivas rescatadas que ahora están ocupadas
productivamente” (Art. 608).
El programa es simple. Se trata de borrar los esfuerzos que
el gobierno bolivariano ha hecho para
implementar una política productiva o de servicios
públicos accesible a todos. Esta política se proyecta
establecer con acciones inmediatas y acciones legales como
lo estipula el artículo 597: “accionar legalmente en contra de los artículos
inconstitucionales
que presenta cada uno de los instrumentos normativos que
menoscaban el derecho a la propiedad”. O el
artículo 590: “Prohibir –vía decreto– a todos los órganos
del poder ejecutivo central la instrumentación
de cualquier modalidad de intervención que vulnere
(…) los derechos a la propiedad”.
El programa propone “establecer la preeminencia de la
propiedad privada, frente a la propiedad estatal, en especial la de aquellos
activos y servicios
donde la evidencia histórica demuestra su mayor
eficiencia” (Art. 587). Si miramos los resultados de
las empresas nacionalizadas, es poco probable que
esta “preeminencia” pueda ser demostrada. A medida que
aumenta la participación del Estado en
la producción agrícola, la escasez de los productos
básicos tiende a bajar; Cantv o Conviasa registran
beneficios nunca alcanzados bajo la gestión privada;
el establecimiento de un polo público en la banca
aleja las amenazas de bancarrota como en los años
noventa, y la producción de acero y cemento no se
orienta hacia la exportación sino a la construcción
de viviendas populares.
Pretenden en su artículo 612, “incorporar en el
sistema educativo básico y medio, temas demostrativos sobre
la conexión entre propiedad, progreso
económico, libertad política y desarrollo social”,
para preparar a las futuras generaciones en la adopción de la
doctrina neoliberal. Vale destacar que si
esta conexión era tan natural, no sería necesario hacerle la
propaganda en las escuelas primarias. Bajo
estas premisas, la escuela se convertirá, entonces,
en un instrumento de reproducción de la ideología
capitalista. ¿Ante este sesgo saldrán también los
partidarios de Capriles
a vitorear la frase “con mis
hijos no te metas”?
Economía social y cooperativas;
políticas de turismo; Ciencia,
tecnología e innovación: ejercicio
de “triangulación” política 124 125
La estrategia de “triangulación política” es aplicada
con atención especial por la MUD cuando se trata de
la economía social, el turismo y las políticas de ciencia,
tecnología e innovación
44
. Frente a la imposibilidad de
negar los avances del gobierno en estos sectores, la
oposición se adjudica esos logros, prometiendo mejorarlos.
Así, ofrecen “fortalecer las genuinas cooperativas, rescatar
las recuperables e impulsar nuevas”
(Art. 625), o “valorar el capital social” (Art. 626)
de las cooperativas, como si no fuese una preocupación del
gobierno bolivariano. Proponen la
“puesta en marcha de políticas publicas en este
sector” (Art. 627), olvidando toda una década de
esfuerzos del gobierno del presidente Chávez para
democratizar el capital. Desde la reestructuración
de la Superintendencia Nacional de Cooperativas
(Sunacoop), la creación del Ministerio para la Economía
Popular (Minep), la Misión Vuelvan Caras
y la Misión Che Guevara hasta las herramientas
ofrecidas por el Ministerio del Poder Popular para
las Comunas y la Protección Social (Mppcps), no
se puede negar la voluntad del gobierno bolivariano de
manejar políticas públicas para el desarrollo
de la economía social.
44. Véase el artículo “La estrategia de Henrique…”, op.
cit., (13 de febrero de 2012).
Está misma estrategia se encuentra en las propuestas para
las políticas de turismo. La derecha
venezolana no puede hacer abstracción de que “el
turismo nacional se ha mantenido y ha crecido
permitiendo la subsistencia de las empresas locales
proveedoras de servicios turísticos” (Art. 629).
La MUD pretende focalizar sus políticas sobre
el turismo extranjero olvidando que si Venezuela
conoció una disminución de visitas extranjeras, en
los años 2002-2003, fue precisamente por la situación de
conflicto que la misma oposición generó
durante el golpe de Estado y el paro petrolero.
Como lo demuestran las cifras, el promedio anual
de turistas internacionales durante el mandato del
presidente Chávez supera 32% del promedio anual durante la
última década de la IV República. Sin considerar
que cada año, más de la mitad de los ciudadanos del país
hacen turismo nacional. Cifra extraordinaria que explica
por qué los prestadores de servicio turístico han efectuado
un salto de 37% en estos últimos diez
años
45
.
Frente a la incapacidad de proponer una polí-
tica seria, sólo queda a la oposición la desviación
semántica y la cándida promesa de “mejorar” este
logro.
45. Veánse las estadísticas del Ministerio del Poder Popular
para el
Turismo en su portal
http://www.mintur.gob.ve/estadisticasTur.php.126 127
La oposición utiliza también la triangulación
para definir su programa en ciencia, tecnología e
innovación. Si bien reconocen que “en el actual
gobierno, se ha esforzado la institucionalización
del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación
(CTI)” (Art. 656), proponen la “creación de un
real y moderno CTI” (Art. 662), después de una
revisión “en detalle de los resultados de la gestión
actual con el propósito de identificar las posibilidades de
mejoras y ajustar el marco legal y reglamentario en consecuencia” (Art. 664).
¿Cómo
proponen mejorarlo? Garantizando un “financiamiento
sostenible a ciencia, tecnología e innovación y sus actores”. Nuevamente
incurren en una
desviación semántica, omitiendo mencionar que
el gobierno bolivariano aumentó dicha inversión a
633% (en porcentaje del Producto Interno Bruto)
según las cifras del Ministerio del Poder Popular
para Ciencia y Tecnología.
Esta estrategia de triangulación política no
debe hacernos dudar sobre las verdaderas intenciones de
Capriles Radonski y sus colaboradores.
Abrir la competencia entre las cooperativas y las
grandes empresas o proveedores turísticos nacionales contra
las grandes corporaciones mundiales
del turismo, significaría su liquidación inmediata. 129
Calidad de vida
En la Venezuela de la MUD…
• No se propondrá nada nuevo en materia
de seguridad ciudadana
• Se utilizará la descentralización como
primer paso para privatizar los servicios
públicos (Art. 76,
763,
829, 860, 872,
879, 881, 921,
927, 928, 954,
1.085, 1.127,
1.140)
• Se entregará al sector privado
la construcción de viviendas
(Art. 391)
• Se autorizarán los cultivos de organismos
genéticamente modificados
(Art. 567)
• Se ideologizará la educación (Art. 612)
• Se liquidarán las casas de alimentación (Art. 777)
• Se acabarán las misiones
sociales (Art. 794)
• Se eliminará el Ministerio del Poder
Popular para el Deporte
(Art. 858, 939)
• Se acabará la cooperación con Cuba
en la Misión Barrio Adentro
(Art. 882)
• Se abolirá la regulación de precios
en las clínicas privadas
(Art. 891)130 131
C
omo ya hemos mencionado, para los teóricos liberales el
Estado no debe interferir en
la esfera económica y social. Su papel debe reducirse a
cuatro funciones: asegurar la seguridad exterior,
mantener el orden público interior resguardando los
bienes y la vida de los individuos, hacer justicia, y
orientar la política monetaria emitiendo la moneda.
Esta última función fue criticada por pensadores
neoliberales como Friedrich von Hayek, quien abogaba por la
privatización de la moneda.
Es así como encontramos rasgos de la visión neoliberal
cuando la MUD nos dice que pretende entregar la política monetaria a un ente
autónomo más
permeable a la influencia del mercado que orientado
al desarrollo nacional. Estas funciones son llamadas
pouvoirs régaliens del Estado, o poderes del Estado
Real. De esta manera, el Estado es reducido a su mí-
nima expresión: no puede participar directamente en
la construcción del interés general, ni intentar acciones
para elevar el nivel de vida de su población; deja el
pulso libre a la expansión del capital en todas las esferas
sociales y los servicios de primera necesidad para
la población, se convierten en mercancía de donde se
debe extraer la máxima ganancia.
Este sistema desigual formulado por la MUD
supone una profunda revisión del aparato legal y el
desmantelamiento del Estado en los sectores donde adoptó un
papel protagónico desde la llegada de
Hugo Chávez a la presidencia de la República.
Insistimos en que el proceso de descentralización es la
estrategia principal para ofrecer al sector
privado la comercialización de la parte social del Estado.
En este segmento del programa, podemos ver
que la MUD quiere entregar a los estados regionales y las
alcaldías la carga financiera y administrativa
—lo que supone también el aumento de los recursos
humanos— de la red de salud y educación (Artículos
872 y 860); de la infraestructura vial (Art. 1.127); del
financiamiento de los consejos comunales (Art. 76);
de los aeropuertos (Art. 1.140); de las políticas de
ambiente (Art. 1.085) y de construcción de viviendas
(Art. 954); del sistema penitenciario (Art. 763); de los
servicios públicos de deporte (Art. 829); de la cultura
(Art. 921), y del aprovisionamiento en agua (Art. 927)
Temas conexos
• Atomización del Estado
(p. 69)
• Descentralizar para privatizar (p. 69)
• El Estado sometido a la economía privada (p. 83)
• Política petrolera: el petróleo no cae
del cielo, yace en el subsuelo (p. 90)
• Sector agroalimentario: nada nuevo
desde el 11 de abril de 2002
(p. 115)132 133
y electricidad (Art. 982). El papel del Estado nacional
se reduce a sus funciones régaliennes y a ser un simple
organismo rector de las políticas subnacionales.
Fiel a esta concepción neoliberal, los redactores
de la MUD sólo preservan el papel del Estado en las
políticas de seguridad ciudadana y judicial.
Más que proteger la vida de los ciudadanos, este
sistema es una garantía de protección de los bienes y
medios de producción. La policía y la justicia se convierten
en instrumentos del capital para alejar y reprimir a los ciudadanos que se
quedan al margen de
las ofertas privadas en materia de calidad de vida.
En este tema del programa, la MUD se enfrenta con una
contradicción fundamental. El gobierno socialista ha desplegado, en 13 años, un
esfuerzo
considerable para incrementar el nivel de vida de los
venezolanos y venezolanas. Eso está a la vista de todos
quienes recuerdan cómo era su situación en el
pasado. Para disfrazar sus propuestas, la MUD recurre a un
ejercicio de triangulación política, de calumnia absoluta en cuanto a la
situación actual y de
demagogia, haciendo promesas sin dar a conocer el
contenido de las estrategias para lograrlas.
Analicemos entonces cuál sería la calidad de
vida que aspira la MUD y su candidato Capriles
para el país.
Seguridad: reducir el Estado
a sus prerrogativas régaliennes
La inseguridad interpersonal es, sin lugar a dudas, el
problema que más afecta a los venezolanos. Es un problema
complejo que incluye unas dimensiones históricas,
culturales, educacionales, económicas, cognitivas y, por
ende, se necesita una interpretación transdisciplinaria.
Sería cínico decir que la inseguridad es un nuevo
problema en Venezuela. El gobierno bolivariano ha
heredado una situación económica de marginalización
simbólica y geográfica de las clases populares
que forma parte del enfoque multicausal para entender la
situación que vivimos hoy en día. Las ciudades
informales donde se concentran las clases populares
se construyeron en las adyacencias de la ciudad formal,
creando unas fronteras simbólicas y violentas
aún más fuertes que las propias clases sociales.
En el sistema capitalista, la felicidad y el respeto se
adquieren mediante los mecanismos del mercado. El
poseer determina el ser. Por lo tanto, siendo América
Latina el continente más desigual del planeta, no resulta
extraño que la delincuencia —método artificial para
acceder a la felicidad material— adquiera tal amplitud.
Una explicación funcionalista, sin embargo, resulta limitada
para aportar soluciones prácticas al problema
de la inseguridad y a su percepción en la población. A 134
135
pesar de los enormes avances sociales y la reducción
de las desigualdades, la tasa de homicidios ha ido
aumentando y la inseguridad es percibida como el principal problema del país.
El reforzamiento de un cuerpo
para el mantenimiento de un orden público eficiente y
honesto es esencial, como lo es la reforma judicial y el
reordenamiento del sistema penitenciario.
El tema de la inseguridad se ha convertido en
una bandera política de la oposición desde hace varios años.
En vez de sumarse al combate de este flagelo, utiliza el dolor de sus
compatriotas con fines
electorales. No pasa un solo día sin que la derecha o
los medios de comunicación comerciales incentiven
el sentimiento de inseguridad de los venezolanos. La
elaboración del programa de la MUD es una buena
manera de ver la orientación de sus propuestas, más
allá de la retórica mediática.
El análisis de la situación actual por parte de la
MUD está basado en una serie de calumnias y de
verdades a medias. Más que un análisis que tome en
cuenta múltiples factores, y entre ellos la historia
reciente, es una descripción desfachatada de una
realidad deformada por necesidad electoral, que
niega cualquier acción que haya tomado el gobierno
bolivariano. Veamos.
En 2006, y después de varias estrategias para establecer una
política de seguridad ciudadana, el Gobierno lanzó la (Conarepol), integrada
por especialistas del área. Después de un año de trabajo, elaboraron
una serie de recomendaciones tales como la creación
de un nuevo modelo policial, la aprobación de una Ley
de la Función Policial, la conformación de un Sistema
Integrado de Policía (que incluya las policías locales),
el lanzamiento de un Consejo General de Policía, el
establecimiento de un Fondo Intergubernamental
para la Gestión policial, entre otras medidas
46
. Esta
Comisión incluía a personas ajenas a la política o a la
gestión del Gobierno, tales como el antiguo diputado
de oposición juan josé Molina y el empresario Alberto
Vollmer. Tenía como meta construir un nuevo modelo policial adaptado a las
realidades de la Venezuela
del siglo XXI, alejado de los esquemas represivos de
las décadas anteriores.
Hoy en día, según Soraya El Achkar, integrante de
la Conarepol y actual coordinadora de la Universidad
de la Seguridad (Unes), “82% de las recomendaciones
se han concretado. El Gobierno [nacional] ha sido
responsable en materia policial”
47
. ¿Quién mejor que esta
46. “Recomendaciones generales de la Conarepol”,
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2007/pdf/Conarepol%20recomendaciones%20finales.pdf
(10 de abril de 2012).
47. Entrevista realizada a Soraya El Achkar, “No puede haber
desesperación en temas de seguridad”, El Universal, http://www.eluniver-136 137
especialista, que colaboró con la Conarepol y ahora trabaja
en una de sus realizaciones, para aclarar sobre los
avances en materia de seguridad?
En el colmo de su negación de la realidad, la
MUD anuncia en el artículo 689 que “el trabajo
realizado por la Conarepol no fue tomado en consideración”.
¡Qué desconsiderada es la derecha en
sus apreciaciones!
Siguiendo la misma línea electorera, indican que
“el Estado ha fracasado en el combate de la legitimación de
capitales, el tráfico de drogas, la corrupción, el
terrorismo y su financiamiento y otros delitos propios
de la delincuencia organizada. No han existido políticas
acertadas en esta materia” (Art. 691). El hecho de
que no hubo actos terroristas en Venezuela —aparte
de los perpetrados por un afín a la oposición contra la
embajada de España y el consulado de Colombia—, es
suficiente para destacar la positiva labor del Gobierno.
Mala gestión tienen o sus aliados en Afganistán.
La política antidroga del Estado venezolano ha tenido
grandes resultados desde su ruptura con la Drug
Enforcement Agency (DEA, por sus siglas en inglés).
Fractura que no aisló a Venezuela de la lucha antidroga ya
que, por una parte, mantiene en ese campo 50
sal.com/2010/09/05/sucgc_art_no-puede-haber-dese_2024575.shtml
(5 de septiembre de 2010).
acuerdos internacionales con 37 países, la mayoría europeos
y, por otra parte, Venezuela sigue teniendo un
vínculo permanente con las autoridades estadounidenses para
combatir este flagelo, como lo muestran
las extradiciones de traficantes de droga hacia EEUU.
Además de estos acuerdos bilaterales, Venezuela colabora
plenamente con la Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de Drogas (Cicad), instancia que
depende de la Organización de Estados Americanos (OEA) —de la cual forma parte
EEUU—, con
la Comisión de Estupefacientes de la Organización
de Naciones Unidas (ONU) y con la Organización Internacional
de Policía Criminal (Interpol).
Las incautaciones de drogas por parte de las autoridades han
aumentado tanto como las extradiciones
de capos de la droga. Para sistematizar sus diferentes
políticas de prevención, la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) lanzó, en 2008,
el Plan “Sembrando
Valores para la Vida” cuyo papel es la formación de
los ciudadanos venezolanos para que combatan la raíz
del consumo. Como oficina gubernamental, la ONA
supo adaptarse a los cambios estructurales del aparato
estatal venezolano, en su transformación en un
verdadero Estado revolucionario, dándole una prioridad a la
colaboración con los consejos comunales. 138 139
De acuerdo con los artículos 8 y 9 de la Ley de Consejos
Comunales, la ONA participa en la creación
de Comités de Prevención Comunal para reforzar
la realización local del trabajo de información sobre
los peligros de la droga por parte de las organizaciones de
base
48
.
¿Qué política alternativa propone la MUD?
Aparte de una retahíla de críticas, no aparece ningún
lineamiento que nos pueda aclarar esta duda.
Apegándose a las recomendaciones de la Conarepol, el
Gobierno ha creado el Consejo General de
Policía, organismo intergubernamental encargado de
consolidar el Sistema Integrado de Policía. También,
la Ley del Estatuto de la Función Policial, aprobado por la
Asamblea Nacional en el 2010, unifica los
criterios que regulan los cuerpos policiales. A pesar
de estos éxitos obtenidos, la MUD considera que
“nunca ha habido un verdadero plan integral (…). La
politización de la seguridad por parte del Ejecutivo
Nacional, ha obstaculizado el debido entendimiento con
gobernaciones y alcaldías a cargo de funcionarios no afectos al oficialismo”
(Art. 694). ¿Qué
pensarían de esta mentira los cuerpos policiales de
48. Romain Migus, “Mitos y Realidades de la lucha antidroga
en Venezuela”, Red Voltaire,
http://www.voltairenet.org/Mitos-y-Realidades-de-la-lucha, (16 de
septiembre de 2009).
alcaldías y gobernaciones de oposición que participaron en
los programas de asistencia técnica? Para
el año 2010, 106 de los 123 cuerpos policiales con
que cuenta el país, habían participado en estos programas,
es decir, 78%49
.
Así mismo consideran que “el jefe de Estado ha incumplido
con el deber de colocarse a la cabeza de las
políticas destinadas a resguardar la vida y los bienes de
los venezolanos. Por el contrario, el contenido de su
discurso ha estado cargado de elementos generadores de
mayor violencia. El Presidente de la República tampoco
se ha interesado en otorgar los recursos necesarios para
el combate de la criminalidad” (Art. 695). Es bastante
cómodo responsabilizar a Hugo Chávez de todos los
males del país. Esta conducta les permite simplificar el
problema y eludir sus múltiples causas. También evaden
la responsabilidad de los medios de comunicación que,
tanto por el contenido de su programación como por
su cobertura del tema de la inseguridad, crean un clima
favorable al incremento de los comportamientos violentos. La
MUD está consciente del papel de los medios
de comunicación en la propagación de la violencia ya
que el artículo 724 menciona la necesidad de promover
49. Consejo General de Policía, “Hacia el nuevo modelo
policial en
Venezuela”, Caracas,
ed. Coordinación de Política Comunicacional
del Consejo General de Policía, 2011, p. 14.140 141
“campañas, con la colaboración de los medios de
comunicación, destinadas a fortalecer la cultura de la paz, la
convivencia, la no violencia y los valores familiares y
ciudadanos”. ¿Se prohibirá la difusión de mensaje y contenido violento en los
canales comerciales?
Por su parte, el Presidente nunca ha evadido su
responsabilidad ante este hecho. La ha asumido pú-
blicamente rechazando las acusaciones denigrantes
de la MUD: “Yo asumo mi responsabilidad, siempre
la he asumido. Pero en realidad se trata de una
corresponsabilidad. ¿Qué yo he permitido que maten a
150.000 personas? ¡Creo que yo no merezco eso!”
50
.
Nunca se ha escuchado a ningún gobernador o alcalde de
oposición responsabilizarse de igual manera.
El Gobierno dedicó al tema de la seguridad y justicia
una inversión a la altura de los desafíos. Sin embargo,
incumbe a dirigentes opositores sumarse o no a esta
tarea. Como lo resaltó el ministro del Poder Popular
para las Relaciones Interiores y Justicia (Mpprij), Ta-
50. Ver Mensaje anual del comandante Hugo Chávez, Presidente
Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela presentado a la
Asamblea
Nacional de conformidad con lo establecido en el artículo
237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Palacio
Federal Legislativo,
sábado 15 de enero de 2011, Correo del Orinoco,
http://www.correodelorinoco.gob.ve/wp-content/uploads/2011/01/Mensaje-Anual-a-laAsamblea-Nacional-2010.pdf
(18 de febrero de 2012).
rek El Aissami: “El Gobernador del estado Miranda
(Henrique Capriles), el estado de mayor incidencia
criminal, no previó ni un bolívar ni solicitó recursos, que
le corresponden por la Constitución, para la
dotación y equipamiento del estado Miranda”
51
. Así
mismo, a pesar de su alto nivel de criminalidad, los
estados Miranda y Lara rechazaron incorporarse al
Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise); estos
estados prefirieron guardar el control total de su
milicia local en vez de sumarse al esfuerzo nacional
de lucha contra el crimen.
El documento de la MUD no propone nada tangible o nada que
no se haya hecho con el gobierno
bolivariano. Bajo una estrategia de triangulación política,
proponen la realización o el mejoramiento de
acciones que ya están siendo tomadas por el Ejecutivo. Por ejemplo, las propuestas relativas al
desarme
(Art. 704, 705, 706, 707) están incluidas en la Comisión
Presidencial de Control de Armas, Municiones
y Desarme. ¿Cómo es posible que Capriles ignore
eso cuando sabemos que el diputado del partido Primero
Justicia (PJ), Juan Carlos Caldera, forma parte
51. “El Aissami: Capriles no pidió real para policías”,
Últimas Noticias,
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/el-aissami--capriles-no-pidio-real-para-policias.aspx
(7 de febrero de 2012). 142 143
de esta Comisión?
Al leer el programa de la MUD, nos damos cuenta
de que la mayoría de sus propuestas son expresiones
de esta misma estrategia. Aprovechándose del descontento de
la población, reformulan planteamientos que ya están en curso bajo la gestión
del gobierno
bolivariano. Leemos textualmente que:
Se
incrementará el número de efectivos de estos cuerpos policiales (Art. 710).
Se
crearán en todas las policías departamentos adecuados para la participación, la
denuncia ciudadana y la
atención a la víctima (Art. 717).
Los
cuerpos policiales actuarán siempre apegados a las
normas legales y respetando los DDHH (Art. 723).
Se
ejecutarán programas dirigidos a reducir los alarmantes índices de embarazo
precoz en el país (Art. 733).
El Cuerpo
de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) será fortalecido para la investigación de los
distintos hechos punibles (Art. 743).
Las cárceles
se convertirán en espacios para el trabajo,
el estudio, el deporte, la
recreación y la cultura (Art.
761).
Se
construirán nuevos recintos carcelarios y los ya existentes serán acondicionados para el respeto de los
derechos humanos de los internos (Art. 765).
Estos ejemplos muestran cómo la oposición se
atribuye proyectos desarrollados por el Ministerio del
Poder Popular para las Relaciones Interiores y justicia, el
Ministerio del Poder Popular para los Servicios
Penitenciarios, el Ministerio del Poder Popular para
la juventud, la Policía Nacional Bolivariana, la Universidad
de la Seguridad, el Consejo General de Policía,
entre otros entes dependientes del Ejecutivo.
En suma, cuando no se copian de proyectos existentes, los
lineamientos carecen de todo contenido.
Son propuestas vacías que no explican las estrategias
para su realización. Citamos algunos ejemplos:
Se
implementarán planes efectivos de atención a la infancia abandonada (Art. 725).
Se
ejecutarán programas que permitan la reinserción
social de las personas que se encuentren en situación de
calle o estado de indigencia (Art. 726).
Se
desarrollarán planes especiales destinados a atender
a aquellos jóvenes que forman parte de las pandillas
delictivas (Art. 727).
Se fortalecerán
y multiplicarán las instituciones destinadas a la atención de personas con
problemas de consumo de alcohol y/o drogas ilícitas (Art. 728).
Se
ejecutarán planes para prevenir y controlar la venta
y el consumo de drogas ilícitas, alcohol y tabaco en las
escuelas y liceos (Art. 729).
El Estado
establecerá políticas que contribuyan al aumento de la matrícula escolar y a
combatir el ausentismo y la deserción escolar (Art. 730).
Se
promoverán y masificarán las políticas que promuevan la práctica del deporte
(Art. 731).
Se
implementarán políticas destinadas a disminuir el inmenso índice de
desocupación que actualmente existe
en el sector juvenil de la población (Art. 732).144 145
Nunca sabremos qué tipo de planes o de políticas piensan
aplicar. Las promesas no tienen ninguna consistencia. Tienden a ser como el
título de una
canción sin letras o el índice de un libro sin capítulos;
está en total discrepancia con el resto del documento que
propone soluciones liberales explícitas para
todo los aspectos de la vida económica y social.
Consecuente con su visión del Estado reducido a
sus pouvoirs régaliens, la Mesa de la Unidad Democrá-
tica no hace de la descentralización su política central
en seguridad pública como en los ámbitos económico
y social. El sistema penitenciario que quieren delegar a
las gobernaciones y alcaldías (Art. 763) puede ser
considerado como una mercancía más y no entra en los
atributos “régaliens”.
No obstante, planean “despolitizar” el Cicpc
(Art. 748), el Ministerio Público (Art. 752) y los
tribunales penales (Art. 755). En el caso de estos dos
últimos, subrayan que “estos organismos son eficientes en
perseguir a la disidencia política y soslayan el combate contra el crimen”
(Art. 682). Dejaremos que el poder judicial evalúe el contenido de
esta patraña.
¿A qué se refieren cuando hablan de despolitización? ¿Al
retorno de las políticas represivas que culminaban en el pasado? Si se trata de
volver al modelo
conceptual que predominaba antes de la llegada de
Hugo Chávez al poder, no es muy seguro que los venezolanos y
venezolanas acepten esta política.
Alimentación y nutrición:
¡unidos y desnutridos!
Las acciones del gobierno bolivariano en el
campo de la alimentación y la nutrición nacieron
de una doble perspectiva: contrarrestar las amenazas del
sector privado de la industria agroalimentaria y distribución de alimentos, y
de la necesidad de
resolver los problemas de nutrición que afectaban
a los más pobres.
Con el lanzamiento de la Misión Alimentación
en el año 2003, y luego con la creación de la red
Mercado de Alimentos (Mercal), el Gobierno respondía a esta
doble tarea. Ante la desestabilización
orquestada durante el lock-out de diciembre de 2002,
el gobierno del presidente Chávez se dio cuenta de
la importancia de recuperar los centros de acopio
y de distribución de alimentos, totalmente controlados por
el sector privado, para poder abastecer
de forma permanente al pueblo venezolano con los
productos de la canasta básica. En 2004, la creación del
Ministerio para la Alimentación refuerza la 146 147
preocupación del Gobierno por formular políticas
coherentes en torno a los problemas de nutrición.
El problema de la alimentación en Venezuela es
un tema que se origina en el campo para terminar
en el plato. El desarrollo paralelo a la producción
agropecuaria, a través de Pdval o de la Cval, ha permitido
asegurar las comidas diarias que todos aquellos ciudadanos empobrecidos soñaban
en la década
liberal de los noventa.
Las políticas de alimentación están íntimamente
vinculadas a las estrategias agrícolas que el Estado
está llevando a cabo. Al impedir al Estado producir
y comercializar los productos alimentarios (como lo
mencionan en el artículo 556), el camino a la privatización
anhelado por la MUD sentenciaría de muerte
todos aquellos logros alcanzados por el gobierno bolivariano
en esta materia
52
.
Cada vez más viscerales, acusan
al gobierno de
Hugo Chávez de ser el responsable de un estado de
malnutrición en el país (Art. 772). Bastaría con recordarles
que la meta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura
(FAO, por sus siglas en inglés) considera que una dieta es
correcta cuando aporta 2.700 calorías a su con-
52. Ver apartado sobre el sector agroalimentario en nuestro
capítulo III.
sumidor. Hace 15
años, este consumo se ubicaba en
1.700 calorías, y hoy en día se sitúa en 3.182 calorías,
ubicándose por encima, incluso, de las metas del organismo
de la ONU.
Con absoluta desvergüenza, los redactores del
programa de la MUD escriben: “Las alternativas del
gobierno, concentradas en la Misión Mercal y en el
Programa de Alimentación Escolar [PAE] no han resuelto la
problemática de la alimentación y nutrición”
(Art. 775). Es verdad
que Mercal y el PAE figurarían
como una alternativa chucuta. Y fue por ello que el
Gobierno desarrolló políticas de control de precios
sobre los rubros alimentarios, nacionalizó una cadena
de supermercados, creó Pdval, lanzó el programa de
Casas de Alimentación, y tiene un papel protagónico
en la producción. Estas “interferencias” del Estado en
un sector que la MUD quiere reservar al sector privado,
permitió al Gobierno enorgullecerse de buenos
resultados en materia de nutrición.
El programa de Casas de Alimentación, que alimenta a los más
pobres, cuenta con una red de más
de 6.000 lugares. El artículo 777 sella su destino: “Se
delineará una política de estímulo al trabajo, la
capacitación, en lugar de las ayudas para romper la dependencia”. En palabras claras, la derecha prevé eliminar
este programa social. Para comer, hay que trabajar, y 148
149
si no hay trabajo, pues los más pobres se morirán de
hambre. Esta visión maltusiana muestra los límites
del humanismo de la oposición venezolana.
La MUD promete reservar una “especial atención a
la red Mercal” (Art. 786). ¿Si el Estado no podrá encargarse
de la distribución y de la comercialización de los
alimentos (Art. 556), quien se encargará de esta especial
atención? ¿Las empresas de alimentos Polar? ¡Qué paradoja!
Sobre todo si consideramos que Mercal fue creado
precisamente para romper el monopolio de estas grandes
empresas agroalimentarias que permanentemente
especulan al consumidor y juegan al desabastecimiento
alimentario para sembrar terror en la población.
Así mismo, la MUD creará “una comisión presidencial para
enfrentar los problemas del hambre,
de la pobreza, y la malnutrición” (Art. 782) y revisará
“las funciones del Ministerio de Alimentación”. La
preocupación de la derecha por la reducción del gasto público
parece indicarnos que el Ministerio será
liquidado y reemplazado por esta Comisión dependiente del
jefe de Estado.
Protección social: ¡misión(es) imposible!
Al ser consultado sobre el futuro de las misiones sociales
si gana las elecciones, Henrique Capriles
alardeó diciendo: “¿Quitar las misiones? ¡Ni que fuera loco!
Pero las misiones son para todos no para un
grupo (…) Las misiones hay que mejorarlas”
53
.
Así mismo, recurría a dos
matrices de opinión de
la oposición sobre las misiones: que sólo los chavistas
pueden participar en ellas, y que continuará con
estos programas sociales. La primera matriz es un
viejo resorte de la derecha venezolana. En la campa-
ña presidencial de 2006, Manuel Rosales se dirigía
a los integrantes de las misiones y pronunciaba: “los
voy a liberar del acoso y de la persecución política de
que son víctima. Se les persigue y acosa con las migajas que
se les entrega en medio de su necesidad”. Y
aseguró también que las misiones serían “ampliadas
y mejoradas”
54
. ¿Les suena familiar? “Una mentira
repetida mil veces se transforma en verdad”, decía
el comunicador del régimen nazi, joseph Goebbels.
No obstante, el pueblo de las misiones sabe que no
se le pide ser registrado en ningún partido para
beneficiarse de estos programas sociales.
Como Manuel Rosales, Capriles Radonski pro-
53. “Henrique Capriles sobre las misiones sociales”, http://www.
youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZowIFv1JJmk
(2
de noviembre de 2011).
54. Véase discurso de
Manuel Rosales en “El gobierno está regalando nuestras riquezas”, Unión Radio Noticias, http://www.s97228416.
onlinehome.us/vsm/medios.html (25 de agosto de 2006).150 151
mete “mejorar” las misiones sociales. Veamos como.
El Gobierno dedicó a las inversiones sociales
más de 330.000 millones de dólares, como lo señaló el máximo
representante del poder popular para
la Planificación y Finanzas, Jorge Giordani. Según el
ministro, además de contribuir al bienestar de la población,
esta inversión es la base del crecimiento de
la economía venezolana
55
.
Para la MUD, el crecimiento
económico debe ser
obtenido por la desregulación del mercado. Por lo
tanto, “el gobierno de Unidad Nacional debe estimar
sus necesidades de gasto social para afrontar con eficiencia
las tareas incumplidas por la actual administración” (Art. 389). Reduciendo el
gasto social, ¿cómo
pretenden mantener y mejorar las misiones? Además,
el artículo 393 indica que “teniendo en cuenta que
gradualmente se deberá reducir la tasa de incremento del
gasto corriente para ahorrar en tiempos de bonanza,
el gobierno debe procurar nuevos recursos y dar mejores usos
a los que tiene. Por ello, aparte de estimular
la actividad privada, el próximo gobierno de Unidad
Nacional deberá revisar sus ingresos y coordinar sus
gastos con los gobiernos subnacionales”. Como bien
55. “Giordani: Inversión social es la base del crecimiento
de la economía venezolana”, Ciudad Caracas, http://www.ciudadccs.info/?p=173177
(25 de mayo de 2011).
podemos suponer el enfoque principal de la derecha
no es la inversión social, cuyo financiamiento será
recortado, sino la estimulación de la actividad privada,
supuestamente generadora de prosperidad para todos.
Privadas del aporte financiero que le concedía
el gobierno bolivariano, ¿cuál será el porvenir de
las misiones sociales? Parece estar más claro que el
agua: serán reemplazadas por un Sistema de Protección Social
y Empleo (Spse). “A tal efecto, con carácter perentorio se deberá examinar el
estado de los
programas existentes, y garantizar su continuidad en
cuanto sean (sic) adaptados al sistema de protección
y empleo” (Art. 794). Como ellos mismos lo dicen, se
operará con discrecionalidad en la decisión de seguir
o no con una misión. Y más grave aún, el artículo 795
precisa que “el PSE forma parte de una política más
amplia, concebida como un contrato entre la ciudadanía y el
Estado para el ejercicio de los derechos
universales”. En una República, lo único que vincula al
Estado con los ciudadanos es la ley, concebida
como una herramienta para acceder al interés general. El
contrato resulta de un relación de dominación
donde la parte dominada accede a las condiciones
establecidas en el contrato. Definir los programas
sociales como un contrato obliga a los beneficiarios
a pagar la deuda que van a contratar con el Estado. 152 153
¿Cómo exigir una contraparte a los beneficiarios de
la Misión Negra Hipólita o de la Gran Misión Hijos
de Venezuela? En todo caso, ¿no es responsabilidad
del Estado garantizar a estas personas un nivel de
vida mínimo sin exigir un retorno inmediato sobre
la inversión que se generará? Para la MUD, si accedes a las
misiones, deberás devolver la ayuda con
“inversiones productivas” (Art. 797) o vendiendo tu
fuerza de trabajo en el mercado laboral. “Como contraparte
del recibimiento de dinero, la MUD propone la realización de “pasantías en
empresas” (Art.
806). En otras palabras, el contrato entre el Estado
y el beneficiario de la misión estipula la entrega de
la fuerza laboral bajo los términos de una pasantía
subpagada y no de un empleo digno. En suma, una
visión inhumana e ideológicamente coherente con el
modelo liberal.
En efecto, el artículo 803 precisa que “el PSE
se financiará con recursos regulares y el apoyo del
sector privado”. O sea, ¿Polar financiará la Misión
Mercal, Rescarven la Misión Barrio Adentro, y la
Universidad Católica Andrés Bello la Misión Sucre?
Además de los conflictos de intereses que eso podría
generar, lo que la MUD pretende es desvirtuar el espíritu de
estos programas sociales. Uno de los papeles fundamentales de las misiones es
el de romper
con el dominio de las empresas privadas en sectores
de primera necesidad para el pueblo. Esta visión permitirá a
la empresa privada obtener en retorno una
fuerza laboral regalada bajo la figura de los pasantes.
Eso tiene un nombre: explotación.
Al final, la pregunta es: ¿quién debe pagar por la
solidaridad nacional? ¿Los ricos o los pobres? ¿Cuál
sería el mejor camino para aumentar el presupuesto
de la nación, tener una fuerte política de imposición
fiscal al sector privado o recortar el gasto social? El
programa de Capriles se orienta hacia la primera. ¿Y
los pobres? ¡Que los salve la empresa privada!
El programa de la MUD arremete contra la esencia de las misiones.
Menciona en el artículo 802 que
“el Sistema de Protección Social y Empleo deberá
estar y mantenerse articulado a la institucionalidad
del Estado. Es decir no incorporará bajo ninguna
circunstancia intervenciones transitorias, programas
especiales o generará estructuras paralelas ajenas a la
rectoría y a la organización administrativa formal del
Estado”. Tenemos que recordarles que las misiones
precisamente fueron creadas para superar ciertas
ineficiencias del Estado formal, e incorporar las organizaciones populares a la
administración y la gestión
protagónica de los programas sociales. Recordémosle
como, por ejemplo, la Misión Robinson, cuyo éxito 154 155
fue reconocido por la Unesco, fue paliando la incapacidad de
alfabetizar dentro de las estructuras del
Ministerio de Educación. Las misiones son los pilares
fundamentales de la construcción de un nuevo aparato
estatal. Al derrumbarlas, se propone retornar al
modelo liberal de Estado que prevaleció antes de la
llegada del presidente Chávez al poder, con la ineficiencia
y burocracia de aquel entonces.
Educación: el pueblo
a las (j)aulas neoliberales
Decía Bolívar que “un pueblo ignorante es el instrumento
ciego de su propia destrucción”. La ignorancia, de hecho, se convierte en un
arma de dominación
y de control de las masas ejercida por las clases
dominantes. La educación de todos los ciudadanos por
igual, sin que influya su clase social, es una condición
absolutamente necesaria para hablar de democracia.
No obstante, representa un peligro para las clases en
el poder, llámese burguesía, nobleza u oligarquía. Un
pueblo que usa su razón crítica exige el cumplimiento
de sus derechos. La lucha por el derecho a una educación
gratuita para todos es, pues, una lucha para alcanzar la emancipación y vencer
el oscurantismo.
Además, lo que está en juego con la educación es
la imposición de una ideología; es decir, de un marco
de lectura de la sociedad que orientará la acción de las
futuras generaciones. La derecha venezolana lo sabe
muy bien. La imposición de su ideología es lo que
le permitió controlar al pueblo durante años, hasta
que su modelo ideológico de sociedad entró en total
contradicción con las aspiraciones reales del pueblo.
El Caracazo es una de las experiencias más relevantes
de esta contradicción entre la alienación del pueblo
y su vida formal.
Cuando la oposición denuncia de forma hipócrita la
“ideologización de la educación”, y grita a coro
que “con sus hijos no se metan”, quiere en realidad
reemplazar la enseñanza de una visión libertadora y
humanista por la ideología del capital. El artículo 88
está libre de toda ambigüedad sobre los deseos de
Capriles y su equipo. Proponen “revisar los planes
curriculares, instructivos o prácticas que pretenden
utilizar la enseñanza primaria y media como espacios
para la ideologización” para “incorporar en el sistema
educativo básico y medio, temas demostrativos sobre
la conexión entre propiedad, progreso económico, libertad
política y desarrollo social” (Art. 612).
Claro, para la derecha, no se trata de ideologizar a los
niños y niñas de Venezuela, sino de
inculcarles la única visión que ellos predican: la
religión del mercado. Como lo destacan, deben 156 157
ofrecer “una educación de calidad en un mundo
competitivo” (Art. 43). Esta misma creencia es la
que condenó al pueblo venezolano a ser “el instrumento ciego
de su propia destrucción” en el pasado. Porque la apología del interés personal
y de la
ganancia entran en contradicción con el derecho
universal a la educación.
Las “buenas intenciones”, como el aumento salarial de los
docentes (Art. 853), se contradicen con
la preocupación actual de la MUD para reducir el
gasto público. Así mismo, cuando declaran que “la
desigualdad e injusticia educativa [son] producto de
las políticas del gobierno actual” (Art. 810), la fórmula
parece surrealista cuando queremos comparar
las situaciones históricas.
Cuando la MUD propone “lograr una mayor
y mejor inversión en educación” (Art. 817) parece olvidarse
que bajo la gestión liberal en la IV
República, la inversión en educación representaba
3,38% del PIB (en 1998). Con la gestión socialista,
esta tasa se incrementó cerca de 10% en 2010
56
,
sabiendo que el PIB nominal aumentó, en el mis-
56. “Cerca de 10% del Producto Interno Bruto de Venezuela
está
destinado a la educación”, Correo del Orinoco,
http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/cerca-10-producto-interno-bruto-venezuela-esta-destinado-a-educacion/
(27 de enero de 2010).
mo lapso, en 290%.
• Educación básica y media
La Revolución Bolivariana hizo de la educación
uno de los pilares fundamentales de sus políticas. La
tasa de escolaridad en educación primaria se elevó a
92,3%, mientras los índices de escolarización en educación
preescolar y primaria aumentaron respectivamente a 86,1% y 74,6%. La cifra de
beneficiarios del
Programa de Alimentación Escolar (PAE) aumentó,
entre 1998 y 2010, a 3.293% pasando de 119.512 niños y
niñas a 4.055.135
57
. Al mirar estas cifras, ¿quién puede
creer a la derecha venezolana cuando promete “alcanzar los
casi 5.000.000 alumnos que se beneficien del
PAE en los primero años del gobierno de la Unidad”
(Art. 824), y, sobre todo, cuando especifican que “este
programa se ejecutará a través de las gobernaciones y
las alcaldías” (Ibíd.).
Los lineamientos de la MUD relativos a la educación media
estrechan el vínculo entre educación
y aprendizaje. Bajo el lema de preparar a los alumnos para
el mundo laboral, se recortan los tiempos
de estudios para “Promover pasantías laborales para
57. Véase discurso de la ministra de Educación, Maryann
Hanson,
en el texto La Revolución Bolivariana rinde cuentas al
pueblo. Ministros y
ministras del Gabinete Político…, op. cit, pp. 59-65.158 159
todo estudiante de educación media [y] establecer
relaciones de articulación y complementación de
servicios con el mundo del trabajo, que permitan
ampliar el radio de acción de la escuela en el sector
productivo, que garantice el aprendizaje en la práctica de
trabajo” (Art. 838). Esta propuesta resume la
esencia del programa de la derecha: ofrecer al capital mano
de obra joven y barata en detrimento de la
formación integral que ellos deberían recibir en los
colegios. El tiempo pasado en la empresa no se recupera para
estudiar Historia, Economía, Arte, Letras,
y otras medidas necesarias para formar los futuros
ciudadanos. Para este tipo de intercambio, existen
las escuelas técnicas, cuyo número aumentó a 230%
en la gestión del gobierno bolivariano.
Entre la formación de un pensamiento crítico y la
reproducción de la ideología capitalista,
la MUD escogió el camino para los adolescentes:
“promover en los alumnos de educación media actitudes de
emprendedores” (Art. 835). ¿Quisieron
decir de empresarios?
• Educación superior
Contrariamente a esta visión, el gobierno bolivariano
insistió en ofrecer a todos los venezolanos
y venezolanas una alternativa de estudio. Con la
creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV),
la reestructuración de la Universidad Nacional de las Fuerzas Armadas (Unefa) y
la Misión
Sucre, la matrícula de educación universitaria se incrementó
en 192%, pasando de 785.285 estudiantes
en 1998 a 2.293.914 en 2010. Lo que convierte a Venezuela,
según la Unesco, en el quinto país del mundo con más estudiantes universitarios
58
. La Misión
Alma Mater, por su parte, permitió la creación o la
transformación de nuevas universidades. El Estado,
pues, cumpliendo con su responsabilidad de ofrecer
una educación superior gratuita y de calidad a todos
los ciudadanos que lo desean.
En este sector, la MUD propone “constituir una
Comisión Presidencial para la reforma de la educación
superior, de carácter plural, con la participación
de actores internos y externos a las instituciones del
sector” (Art. 839). ¿Quiénes podrían ser los actores
externos? Con su deseo de “completar la autonomía
de las universidades que han adquirido esta condición” (Art.
840) tenemos un esbozo de repuesta. Si
la autonomía impide al Estado determinar la orga-
58. “Gobierno hace historia al colocar a Venezuela como
quinto país
del mundo en matrícula universitaria”, Agencia Venezolana de
Noticias,
www.avn.info.ve/printpdf/18327 (20 de septiembre de 2010).
160 161
nización y administración de las universidades, no
prohíbe las colaboraciones con el sector privado o,
mejor dicho, con “un actor externo a la institución”.
Con su deseo de completar la autonomía universitaria, la MUD
alejará los centros de estudio de las necesidades reales de profesionales para
el desarrollo
de la nación, y favorecerá la fuga de cerebros hacia
las empresas privadas nacionales y extranjeras.
Estas políticas obedecen al catecismo liberal
y fueron aplicadas en los países que sometieron su
política universitaria a las reglas del mercado. El
sociólogo francés Pierre Bourdieu, refiriéndose a estas
políticas de educación superior, escribía en el 2002:
El investigador debe intentar ayudar a las organizaciones
que tienen por misión (cada vez menos, en
mala hora, incluidos los sindicatos) de resistir a la
política neoliberal; él debe darse como tarea asistirlos
proporcionándoles instrumentos. Particularmente, instrumentos contra el efecto
simbólico
que ejercen los “expertos” comprometidos con las
grandes empresas multinacionales. Hay que llamar
las cosas por su nombre. Por ejemplo, la política actual de
la educación es dirigida por la Unión de las
Industrias de la Comunidad Europea (Unice), por
el Instituto Transatlántico, etc. Es suficiente leer el
informe de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) para conocer la política de educación que
tendremos en cinco años. El ministerio de la educación
nacional no hace sino reflejar las consignas
elaboradas por juristas, sociólogos, economistas, y
que, una vez convertidos al paso jurídico, son puestos en
circulación
59
.
Basta con leer las propuestas de
la OMC, profetizaba el gran sociólogo…
Podemos notar que a lo largo de sus proyectos por
la educación básica, media, y superior, la MUD no hace
ninguna referencia a propuestas artísticas y desarrollo
personal de los alumnos. Es verdad que eso no es muy
rentable, ni sirve para los futuros empleados.
Tampoco se menciona a los trabajadores de las
escuelas, colegios y universidades que permiten el
desarrollo de las actividades escolares. Para la derecha son
invisibles y no forman parte de la comunidad educativa a pesar de representar
el verdadero
lado productivo de los planteles.
• Educación no formal
Las propuestas de la MUD sobre la educación
no formal relevan la misma estrategia de negar el
59. Pierre Bourdieu, “Pour un savoir engagé”, Le Monde
Diplomatique,
http://www.monde-diplomatique.fr/2002/02/BOURDIEU/16120 (24
febrero 2002). 162 163
pasado para recurrir a la demagogia de mejorar la
situación actual con una política general de corte liberal.
Parece que, para ellos, el millón y medio de venezolanos y venezolanas que el
gobierno
bolivariano rescató del abismo del analfabetismo
llegaron de la luna, y no fueron el resultado de las
políticas aplicadas en el pasado.
Contradiciéndose con el resto de su planteamiento general
para las misiones
60
, la MUD propone “mejorar la calidad de la Misión Sucre”
(Art.
843) y “Fortalecer y mejorar la calidad de los programas
sociales, llamados misiones por el gobierno actual” (Art. 846). Con la política
petrolera que
pretenden aplicar, estas promesas son pura demagogia. Como
los vimos, quieren amputar el presupuesto de las misiones de todos los aportes
de Pdvsa e incorporarlas a un sistema formal que tildan
de “protección social y empleo”. Debemos estar
claros, para la MUD y Capriles, el mejoramiento
de las misiones significa su liquidación. Capriles
sólo se refiere en términos críticos a la Gran Misión Saber
y Trabajo
61
.
60. Ver capítulo “Protección social y salud”.
61. “Capriles critica
la Misión Saber y Trabajo: ´No es ideologizando como se generan empleos”, 6to Poder, http://www.6topoder.
En cuanto a la educación profesional (que los
ideólogos de la MUD llaman equívocamente “educación no
formal”, mostrando así el desprestigio
que hacen del trabajo manual), la derecha piensa:
“Rescatar, reestructurar y fortalecer el Inces, como
mecanismo de diálogo social entre trabajadores,
empresarios y gobierno” (Art. 850). Y prevén lanzar
el “Programa trabajo para capacitar y dar trabajo a
jóvenes y adultos desempleados que carecen de un
oficio e insertarlos al mercado laboral en las áreas
productivas consideradas clave para el desarrollo
del país y el bienestar de su población” (Art. 847).
Además de subrayar la formulación populista de la
propuesta, cabe preguntarse: ¿Qué empresas van a
absorber al mismo tiempo los integrantes del Inces,
los pasantes de educación media, los integrantes de
misiones “mejoradas” y a toda persona que carezca
de un empleo? Las promesas sólo comprometen a
aquellos que estén dispuestos a creer en ellas.
• Descentralización y “apertura
educacional”
¿Quién va a financiar las promesas de la MUD?
com/2012/03/14/capriles-critica-la-mision-saber-y-trabajo-no-es-ideologizando-como-se-generan-empleos/
(14 de marzo de 2012).164 165
Como en todos los ámbitos de la vida económicosocial, la
derecha liberal plantea la atomización de los
atributos del Estado nacional a través de un proceso de
descentralización. En el sector educación, la MUD planea
“transferir el mantenimiento y cuidado de la planta
física escolar a las gobernaciones y municipios” (Art.
860); “Articular las distintas fuentes de recursos
financieros estatales destinados a programas especiales para
la educación superior” (Art. 842) y atribuir al Estado un
único papel de rector (Art. 858). En otros términos, el
Estado central dejará de ejercer sus funciones de
participación, financiación y administración directa en este
sector. Nada nuevo, ya que proponen lo mismo para las
políticas de salud, de agricultura, de hidrocarburos, de
vivienda, de ambiente, de deporte, y de transporte.
Este lineamiento ultraliberal reduce a figura de
árbitro el papel del Estado. Es una política profundamente
desigual que impide el reequilibrio de las riquezas hacia las regiones más
pobres y abre la puerta a las
privatizaciones. En efecto, los estados regionales no
pueden enfrentar las cargas de estas nuevas
responsabilidades. La empresa privada termina descuartizando
al ente subnacional de esos atributos, para hacer de la
educación un mercado y de los alumnos unos clientes.
Por eso, la MUD proyecta la implementación de
una “alianza estratégica entre la empresa privada y
el Ministerio de Educación a fin de que la primera garantice
la planta física, dotación y presupuesto
operativo de los centros preescolares y el Ministerio
de Educación proporcione el personal docente, directivo y
seguimiento pedagógico” (Art. 822). Cabe
preguntarse: ¿Por qué el Estado tendría que asumir la
parte más costosa? ¿Cuáles serían los beneficios para
el Estado? ¿Por qué hacer esta alianza desventajosa
para el Estado y no reforzar la red de escuelas públicas?
Otra vez, la creencia en la doctrina neoliberal
predomina sobre la razón. En realidad, es un verdadero
regalo hecho a la empresa privada. En consecuencia, se pondrían en competencia
las diferentes
escuelas y universidades a costa de la universalidad
del derecho a una educación de calidad.
Salud: ¿derecho o privilegio?
En su delirio por desconocer todo logro alcanzado
durante el gobierno de Hugo Chávez, la derecha se atreve a
decir que: “luego de trece años de ineficacia e improvisación, los venezolanos
no cuentan con un sistema
de salud unificado, consolidado, descentralizado y que le
garantice servicios básicos necesarios” (Art. 869).
Con el gobierno bolivariano y la cooperación de
la República de Cuba, la salud dejó de ser un producto
lujoso administrado por mercaderes de la muerte. 166 167
El ciudadano dejó de ser un cliente para volver a ser
el paciente que nunca hubiera debido dejar de ser.
Gracias a las acciones del Estado, se restableció la
igualdad de todos frente a la posibilidad de tratar y
prevenir enfermedades.
El gobierno rompió con el casi monopolio de un
sistema privado perverso entre los centros de salud
y sus cómplices: las aseguradoras. En los últimos 12
años, el número de establecimientos de salud aumentó a 164,2
%, pasando de 5.077 a 13.413 según
las estadísticas del
Ministerio del Poder Popular
para la Salud. En esta red pública, se desarrolla más
de 15.000.000 de consultas anuales. Más de la mitad del país
utiliza este servicio al menos una vez al
año. La Misión Milagro devolvió las ganas de vivir a
1.247.125 pacientes operándolos de cataratas desde su
lanzamiento en 2004. Como si fuera poco, los acuerdos de
“Sandino” firmados en agosto de 2005 entre
el presidente Chávez y su homologo de entonces, el
comandante Fidel Castro, abrieron las consultas a
todos los pobres del continente.
Haciendo un breve repaso con visión integral, vemos como,
por ejemplo, las unidades odontológicas
se incrementaron en 243.5% desde la llegada de Hugo
Chávez al poder y la creación de la Misión Sonrisa. La
Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoció que
Venezuela había cumplido con la eliminación
de la rubéola y el sarampión. La mortalidad infantil
bajó de 25.76% a 13.95% muertos por 1.000 nacidos
vivos entre 1990 y 2010. La inversión estatal en el sector
salud se incrementó a 1.553% entre 1998 y 2010,
alcanzando por este año la cifra de 12.430 millones de
bolívares según los cálculos de la Oficina Nacional de
Presupuesto (Onapre). Como consecuencia, 81.8% de
los venezolanos acuden a centros públicos de salud
cuando es necesario, según las cifras del Instituto Nacional
de Estadísticas (INE). Estas políticas públicas
han sido considerablemente plasmadas en los indicadores del
Índice de Desarrollo Humano (IDH).
Muchos países en el mundo envidian esta “ineficacia” e
“improvisación” del gobierno bolivariano.
En pleno auge liberal mundial, Venezuela es uno de
los pocos países que invierte tanto en la salud de
sus compatriotas.
Dentro de todos los esfuerzos gubernamentales,
la Misión Barrio Adentro es uno de los ejes centrales de
esta política de inclusión y protección de la
vida de los venezolanos. Inserta en el corazón de las
zonas más pobres o reculadas del país, esta misión
ha permitido salvar 304.432 vidas desde su creación
en el año 2003. Establecida en las zonas más populares, las
728.000.000 de consultas han permitido 168 169
el ahorro de 218.400 millones de bolívares que los
pacientes hubiesen debido pagar al consultar un
médico privado
62
.
Más allá de las cifras, la práctica de una medicina
preventiva cambió el paradigma del enfoque mé-
dico. Esta concepción diametralmente opuesta a la
medicina asistencialista, permite a los integrantes de
la comunidad tener una higiene de vida que los aleja de la
toma indiscriminada de medicamentos. Esta
medicina, pues, no representa solamente otra visión
sino que es enemiga declarada de la salud privada
que hace del enfermo su fuente de ganancia. Este
éxito del gobierno bolivariano no hubiese sido posible sin
la cooperación de miles de médicos cubanos,
quienes, lejos de sus seres queridos, lejos de la Isla,
dan vida cada día a esta maravillosa experiencia.
A pesar de lo que haya podido decir Henrique Capriles en los
medios de comunicación, la Misión Barrio
Adentro será eliminada. En el artículo 882 se lee: “Se
revisará el Convenio Cuba-Venezuela”. ¡Falacias! “Revisión”
es el término que utilizan para encubrir la intención de
suprimir la misión. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ellos
mismos, anticipadamente, han expresado que pretenden anular
los convenios petroleros y diplomáticos con
62. Véanse los indicadores en http://www.venezueladeverdad.gob.
ve/content/salud (23
de abril de 2012).
la nación caribeña
63
. ¿Quiénes reemplazarán a los médicos cubanos? No será ni un
empleado de las empresas
de salud ni tampoco un médico integral comunitario, ya
que la MUD propone también la revisión de “la actividad
desempeñada en los establecimientos de atención
médica por los egresados de la primera y segunda cohorte del
programa de Medicina Integral Comunitaria”
(Art. 884).
El programa de la MUD en el sector salud es
una aplicación estricta de su visión ideológica.
Quieren impedir al Estado financiar programas de
salud obligándole solamente a tener un papel rector, de la
misma forma que, en los temas petroleros,
de deporte, o en la construcción de viviendas. Así,
los expertos de la MUD quieren poner “en marcha
un sistema público nacional de salud (Spns) que
fortalezca la función rectora del Ministerio” (Art.
871). Está función se resume en desarrollar “las capacidades
rectoras del Ministerio para atender las
demandas de los estados y localidades en materia
de salud” (Art. 872).
Pdvsa o el Fonden ya no podrán financiar la salud
de los venezolanos. Como lo menciona el artículo 873:
“Se garantizarán los recursos para sufragar un seguro
63. Ver nuestro capítulo V sobre política exterior.170 171
público de salud de cobertura amplia y universal, financiado
con recursos fiscales”. Entre 2003 y 2010, Pdvsa
financió a la Misión Barrio Adentro a la altura de 6.356
millones de dólares, cantidad de dinero que no se invertirá
por medio de los únicos recursos fiscales. Así
mismo, ¿cómo pretenden “mejorar las remuneraciones
de todos los profesionales de la salud” (Art. 876) si van
a obtener menores entradas de dinero? Esta contradicción nos
habla sobre los “loables” planes que tienen
para el sistema de salud pública.
En realidad, en su afán de destruir el Estado nacional,
prevén “la red de establecimientos de atención médica de la Misión Barrio
Adentro I y II a
los estados: Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo,
Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas,
Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y
Zulia; y a la Alcaldía Metropolitana” (Art. 879) y
transferir “los establecimientos de salud adscritos
al Ministerio a las
gobernaciones de los estados:
Amazonas, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro, Guá-
rico, Portuguesa y
Vargas” (Art. 881). Bajo esta concepción de descentralización, que la MUD
quiere
aplicar para todos los atributos del Estado nacional
a lo largo de su programa, la derecha abre la puerta
a la privatización de la salud pública en Venezuela. Nos
preguntamos, ¿cómo los estados regionales
se harán cargo de semejante obligación financiera? ¿Cómo los
estados Amazonas, Cojedes o Delta
Amacuro, por ejemplo, podrán financiar los centros
de salud que ahora pertenecen al Estado nacional si,
por concepto de situado constitucional o recaudo
de impuestos locales, no perciben la cantidad de dinero
suficiente?
Este es el preludio de la privatización del sector
salud. El interés personal y la ganancia se impondrán
sin que ninguna ley pueda regularlo. En efecto, en el
artículo 883, “se propiciará la aprobación de la Ley de
Salud que sea expresión de los puntos de vista de los
diferentes actores del sector” (Art. 883). La desintegración
de todo el aparato de leyes sancionadas durante la
gestión del presidente Chávez es otro de los resortes
de la MUD, junto a la atomización del Estado nacional.
Podemos imaginar, sin muchos esfuerzos, cuál sería el
contenido de dicha ley si esta refleja los puntos de vista
de los dueños de empresas médicas y aseguradoras.
Así mismo, “se incorporará en los procesos de
toma de decisiones la evaluación económica de las
intervenciones, con la participación de expertos en
el área, con el propósito de que se alcance el mayor
impacto en términos de las condiciones de salud y de
la sostenibilidad financiera del sector” (Art. 891). Con
este artículo, se permite acabar con la regulación de 172
173
precios para las clínicas privadas; en otras palabras,
destrabar cualquier impedimento para obtener ganancias
ilimitadas en detrimento de la vida de todos
los venezolanos y venezolanas.
En unas declaraciones, Henrique Capriles
dijo: “En la Venezuela del progreso tendremos
hospitales que funcionen”
64
. ¿Pero, con la aplicación de su programa, todavía podemos
creer que
existirán hospitales?
Pensiones: mercantilización
del bienestar de los adultos mayores
Con el gobierno bolivariano, el número de personas jubiladas
que ahora cobran sus pensiones ha aumentado a 74.9% entre 1998 y 2010
65
. Para la MUD,
este aumento “ha sido posible sólo a través a (sic) la
transferencia masiva de recursos generados por la
bonanza petrolera” (Art. 893). En realidad, ha sido
posible gracias a un cambio de política fiscal y petrolera
decidido por el Ejecutivo. En cuanto a la situación actual, los economistas de
la MUD alertan que
frente al “envejecimiento acelerado de la población
venezolana (…) la reforma no es una opción” (Art.
894). Con una edad promedio de 26 años, según el
64. Prensa Primero justicia, 10 de marzo de 2012.
65. Prensa Primero justicia, 10 de marzo de 2012.
Censo Nacional de Población y Vivienda 2011, Venezuela está
lejos de vivir la situación de los pensionados europeos, aunque la estructura
piramidal de la
población revela una tendencia a su envejecimiento.
Como es mejor prevenir que lamentar, la modificación del
sistema de jubilación puede ser legítimamente considerada, pero según qué
criterio.
Con los proyectos fiscales, la reducción del gasto público y
la prohibición de financiarlo impuesta al
BCV, como lo han expuesto los expertos de la MUD a
lo largo del documento, sólo quedarían unas promesas.
Aunque parezca complejo, el tema de las jubilaciones es
bastante simple. Se resume en las siguientes
preguntas: ¿Quién va a financiar el bienestar de los
adultos mayores después de que ellos pasen toda su
vida trabajando por la comunidad nacional? ¿Cómo
se debe repartir esta cotización para que todas las
personas mayores puedan disfrutar de su jubilación?
La MUD dice: “Se propone un mecanismo gradual
de transición del sistema de reparto actual hacia un
sistema de tres pilares. Un primer pilar asistencial
financiado con recursos públicos que otorgue pensiones
mínimas. Un segundo pilar de capitalización individual
con un componente solidario, el cual mediante el aporte
proveniente de la liquidación de activos públicos y
aportes tributarios, pueda ir fondeando el pasivo ac-174 175
tual del sistema hasta lograr su capitalización total. Y
un tercer pilar voluntario de capitalización individual”
(Art. 900).
La capitalización individual es un aporte del
trabajador a un fondo de ahorros encargado de capitalizar su
futura liquidación. Con la orientación
ideológica de la MUD, no cabe la menor duda de
que esta liquidez será aprovechada por compañías
de seguro o por el capital financiero. En otros términos,
los trabajadores estarán obligados a apostar
la felicidad de su vejez, confiando sus cotizaciones
a empresas que invertirán su dinero en operaciones
financieras. Si la empresa quiebra o realiza inversiones dudosas,
el jubilado perderá todo su capital
acumulado. Para realizar una transición hacia este
sistema de capitalización total, la MUD afirma querer borrar
el pasivo actual del sistema liquidando
activos públicos. Sería interesante saber cuáles y a
quiénes. ¿Bancos transnacionales, capital nacional?
En cuanto al tercer pilar de capitalización individual
voluntaria, sólo una minoría de cuadros o
empleados podrán realizarla. Es una visión profundamente
desigual.
La derecha actúa en su proyecto de pensiones
como si Venezuela no tuviera historia. Las mismas
orientaciones incidieron en las políticas que se aplicaron
durante la década de los años noventa, con la
eliminación del carácter retroactivo de las prestaciones
sociales, la liquidación anual del pasivo laboral de los trabajadores —cuando
la inflación llegó a
culminar hasta en 103.2%— y el congelamiento del
aumento de la jubilación.
Cultura: Disneylandia en Miraflores
La cultura, bien sea las Bellas Artes, las culturas
tradicionales o en un sentido antropológico que la
define como aquellas expresiones que unen a una
comunidad, refleja una manera de vivir y percibir en
común. La cultura es lo que enlaza a los seres humanos, los
diferencia y permite los intercambios. Las
políticas de cultura son, por otra parte, metaproyectos que
posibilitan las evoluciones de las sociedades.
La cultura es una condición necesaria de la democracia para
que todos los ciudadanos piensen, actúen, y
expresen sus emociones por medio de este canal.
El hecho de que la MUD consagre a la cultura
solamente dos páginas sobre las 166 que contiene su
programa, es un serio indicador del poco de interés
que muestran sobre este tema fundamental. De igual
forma, también nos indica mucho que la MUD haya
decidido nombrar como presidente de la Comisión 176 177
de Cultura en la Asamblea Nacional a un representante de un
canal privado de televisión que se destacó por ofrecer lo peor que se puede
programar en
materia cultural. No son coincidencias. Para la derecha, la
cultura es una mercancía y debe ser rentable.
Con el objetivo de liberar a la cultura de las garras
del mercado, el gobierno bolivariano fundió varias
instituciones, tales como la Fundación Villa del Cine, la
distribuidora Amazonia Films, la Compañía Nacional
de Danza, la de circo, el Centro Nacional de Historia
(CNH), la Imprenta Nacional de la Cultura (INC), la
editorial El Perro y la Rana, la Feria Internacional del
Libro de Venezuela (Filven), las Librerías del Sur, la
Fundación Museos Nacionales, la red de Cinemateca, la
Universidad Nacional de las Artes (Unearte), el
Centro Nacional del Disco (Cendis), la Misión Cultura y,
sobre todo, el Ministerio del Poder Popular para
la Cultura y sus gabinetes regionales.
Para Capriles y su equipo, estas instituciones
parecieran no existir. Su programa prevé “organizar
sistemas nacionales de artes y actividades culturales:
danza, artes escénicas, literatura, música, artesanía,
gastronomía, cine, artes, visuales” (Art. 920).
El artículo 907 del programa de la MUD menciona que “el
gobierno nacional ha abierto la puerta
a la burocratización, la militarización y la partidización
de la cultura”. Les aconsejamos que se acerquen
a las instituciones mencionadas para que se atrevan
a develar al país donde está la militarización de la
cultura. Todavía no se ha visto a los soldados de la
42 Brigada de Infantería Paracaidistas presentar una
obra de ballet en la
Compañía Nacional de Danza.
Tampoco hemos tenido noticias de que en el Cendis
se haya grabado música de desfile militar. Los únicos
militares que hubieran podido entrar a la Compañía
Nacional de Circo fueron los que dieron el grotesco
espectáculo de la plaza Altamira en el año 2002.
En cuanto a la partidización de la cultura, ¿hablarán de las
editoras y redes privadas de librerías,
donde la totalidad de los libros políticos presentados son
críticos al gobierno de Hugo Chávez? ¿Hacen una insinuación a las políticas
públicas pasadas
donde la cultura era el dominio de una élite, como,
entre otros, era el caso del Ateneo de Caracas, o del
Teatro Teresa Carreño?
Las políticas de diversificación de la cultura propuesta por
el gobierno nacional se inscribe en cuatro
áreas: la diversificación entre las obras propuestas
(multiplicación de la producción cultural); la
diversificación de los públicos (integración de los ciudadanos con pocos
recursos); la diversificación del polo 178 179
de atracción cultural (de Caracas hacia el interior);
la diversificación de los actores rectores de la cultura
(del monopolio del sector privado a una propuesta
pública). Estos tipos de diversificación permiten enriquecer
la cultura venezolana en su sentido antropológico, y deslindarse de los
estándares impuestos
por las grandes industrias culturales.
Estas políticas gubernamentales entran en contradicción con
la ideología liberal de la MUD que
propone “impulsar la modernización y profesionalización de
las industrias culturales y creativas nacionales (cine, televisión, radio,
editoriales, industria
gráfica, música) como asunto estratégico de política
pública de innovación cultural, que contribuya a la
generación de riqueza y calidad de vida, en el marco
del proceso de globalización económica y mundialización
cultural” (Art. 939). Las industrias culturales
no tienen como objetivo llevar sus productos culturales a la
totalidad de los ciudadanos de la nación.
Tampoco se preocupan por la construcción y
el fortalecimiento de una identidad cultural nacional y
regional —cultura andina colombo-venezolana, cultura wayüu, cultura afrovenezolana,
etc. Las industrias privadas, bien sean culturales,
siderúrgicas, manufactureras, tienen como único
horizonte la ganancia, y si no la tienen, desaparecerán
dilapidadas por otras industrias. El papel
del Estado no es doblegar la cultura a los intereses
privados como lo propone la MUD, sino garantizar el acceso
de todos a los bienes culturales. Así
mismo, el “asunto estratégico” de la acción pública de la
cultura no es “generar riqueza”, al menos
que se contemple excluir a los más humildes de
los proyectos culturales y se proyecte debilitar la
cultura histórica de un pueblo ajustándola a los
estándares de la economía cultural mundializada.
Las vanguardias artísticas nunca fueron rentables cuando
marcaban una ruptura con el arte establecido. Esta mercantilización de la
cultura supone
una desvalorización de los modelos culturales nacionales y
tradicionales, y una sumisión a los modelos
culturales foráneos. La cultura se convierte, bajo
estas premisas, en un producto cuyo fin último es
su consumo inmediato. Esta homogeneización de
las culturas por medio de las grandes industrias se
traduce en una verdadera guerra cultural cuya meta
es implantar un comportamiento cultural único que
legitime el orden del capitalismo.
Un ejemplo muy simbólico de la transculturización como
resultado de la guerra cultural es el caso
de Irak. Después del saqueo de los tesoros de los mu-180 181
seos de Bagdad organizado por el Ejército de EEUU,
un parque de diversión al estilo norteamericano está
en construcción en la capital iraquí. El robo de las
obras históricas de Mesopotamia de los museos en
Irak impide a la memoria colectiva iraquí toda reflexión
sobre su pasado, principio necesario para
la construcción de una nación soberana. El nuevo
parque de diversiones, la Disneylandia iraquí, cuya
construcción es asumida por el Pentágono, tendrá
por objetivo formar una “nueva” clase media desprovista de
su historia nacional. El jefe de proyecto de
la Disneylandia iraquí, el asistente subsecretario de
defensa para asuntos de transformación comercial,
Paul A. Brinkley, fue muy claro en cuanto a los objetivos de
este proyecto: “No solamente hay hidrocarburos en Irak, también hay niños”
66
.
¿Ese es el modelo que defiende la MUD cuando propone
“estimular la integración de las industrias culturales y creativas con los
sectores
productivos del país” (Art. 911)? Cada gran empresa tendrá
su fundación cultural, vigilando que
la cultura no sea demasiado subversiva para ame-
66. Pauline Delassus, “Bientôt un Disneyland à Bagdad!”,
Marianne,
http://www.marianne2.fr/Bientot-un-Disneyland-a-Bagdad_a87166.
html, (3 de abril de 2012). Ver también Eva Golinger y
Romain Migus, La telaraña imperial…, op. cit., 2008.
nazar sus intereses económicos.
Deporte: un solo campeón vale más
que un pueblo sano
Las políticas públicas que el gobierno bolivariano ha
desarrollado han tenido un mérito objetivo e
incuestionable. No se puede acusar al Gobierno de
falsificar los resultados o haber comprado una encuesta. Los
resultados de las calificaciones de los atletas en competencias internacionales
hablan por sí
mismos del éxito de las políticas públicas en el sector
deporte.
En los juegos centroamericanos y del Caribe, desde 1938
hasta 1998 —14 ediciones— Venezuela estuvo representada con 3.362 atletas.
Durante el mandato de Hugo Chávez, en sólo tres ediciones, ya han
participado 1.502 deportistas. En los juegos Olímpicos, en
sólo nueve años de gobierno bolivariano
—hasta los juegos olímpicos de Beijing en 2008—,
participaron más atletas que en 22 años de gobierno
de la IV República. Con la participación masiva de
los atletas venezolanos en los juegos Olímpicos de
Londres 2012, la brecha se ampliará aún más.
Para ir a estos juegos, no sólo hace falta tomar
un avión, sino que hay que clasificarse. Por la multitud de
jóvenes que se elevaron al nivel requerido, 182 183
hay miles que practican estas disciplinas sin lograr
todavía competir con los mejores. Eso sí es un indicador de
una verdadera política de masificación
y de integración al sistema deportivo.
Estos éxitos se deben a la constante preocupación del
gobierno nacional por esta área del desarrollo humano. Por una parte, con el
aporte financiero y, por otra, con una nueva visión del deporte
en la sociedad. En doce años de gobierno bolivariano, de
1999 al 2010, se invirtieron 6.830.614.741
bolívares en deporte y actividad física, según la
Dirección de Presupuesto de Mindeporte. Cifra
que supera ampliamente las inversiones en la dé-
cada anterior.
Además, la puesta en marcha de la Misión
Barrio Adentro Deporte, a partir del 19 de abril
de 2003, ha permitido concebir la actividad física
como una higiene de vida, vincularla a las políticas
de salud, e integrar niños, adolescentes y adultos
mayores a la práctica de una actividad física. Esta
misión hubiese sido imposible sin el apoyo de la
República de Cuba que puso a disposición a miles
de sus entrenadores. Los resultados de dicha misión se
pueden ver en los éxitos actuales alcanzados por los atletas venezolanos.
Para la MUD, “el establecimiento de un convenio con Cuba no
sólo implicó la llegada de diez
mil entrenadores de ese país al territorio venezolano, sino
que trajo también la intolerancia ideoló-
gica y el sectarismo en el terreno deportivo” (Art.
925). Cabe preguntarse, ¿quién se encargaba de las
actividades físicas de los venezolanos más humildes ante la
llegada de los cubanos? Nadie, porque
el deporte era visto como una actividad rentable
para el sector privado y para poder practicar, había que asumir
grandes costos. Con su política de
caridad, las empresas privadas o la embajada de
Estados Unidos financiaban algunas canchas de
béisbol, y garantizaban el retorno de inversión
captando a los futuros talentos para jugar en las
grandes ligas, convirtiéndolos en mercancías deportivas. La
inversión del sector privado era una
apuesta mercantil, sin comparación alguna con una
política pública de masificación y diversificación
del deporte nacional. Si hubo o hay “intolerancia
ideológica y de sectarismo” ha sido por parte de la
derecha, quien ve en Barrio Adentro Deportivo un
ataque frontal a las empresas privadas dueñas de
instalaciones deportivas.
No nos cansaremos de repetirlo: el Ministerio
del Poder Popular para el Deporte es directamente amenazado
en el proyecto de la MUD y del can-184 185
didato Capriles. Entre otras políticas, contemplan
“retomar la reestructuración funcional del Ministerio de
Educación y Deporte” (Art. 858) y “Crear
el Consejo Superior del Deporte con representantes del
sector de Educación Física, Deporte y Recreación como máximo organismo de
planificación
del sector deportivo y otorgar rango de Ministro
de Estado al Presidente de ese organismo” (Art.
939). Planean, entonces, la eliminación del actual
Ministerio para “fortalecer la autonomía plena de
las federaciones deportivas nacionales” (Art. 934),
para dejar así abierta la posibilidad de que las entidades
privadas se encarguen del futuro deportivo del país, privilegiando la formación
selectiva de
muy pocos individuos en menoscabo de una visión
del deporte como garantía de salud y recreación
masiva para todo el pueblo.
Desarrollo urbano y vivienda:
¿la vuelta a los techos de cartón?
Cuando la derecha no gira sus ataques permanentes sobre el
tema de la inseguridad, es para orientarlos
hacia otro tema esencial: la vivienda. Estas críticas son
recientes y empezaron cuando el gobierno bolivariano decidió
privilegiar la cooperación internacional en
la construcción y dejar de apoyarse exclusivamente en
el sector privado venezolano. La batalla de las cifras
empezó y comenzaron a vociferar que Hugo Chávez
ha construido menos casas que los gobernantes de la
IV República, reduciendo el tema habitacional al nú-
mero de casas cuando este abarca toda una visión de
organización territorial, calidad de vida, y aumento
necesario de las fuentes de trabajo productivo.
No entraremos en el análisis del ejercicio retó-
rico de la oposición, pero sí a preguntarle ¿cómo se
planea construir? ¿Quién estará a cargo de la construcción?
¿Qué incidencia en la economía real y en
la formación de una nueva ciudadanía tiene un plan
masivo de construcción de viviendas?
El tema de la vivienda en Venezuela obliga a
enfrentarse al siguiente dilema: ¿cómo conjugar la
emergencia de la situación habitacional con una
planificación que incluya la creación de fuentes laborales,
el incremento de la calidad de vida, y un
ambiente que favorezca los intercambios humanos
y la solidaridad? No se trata de construir jaulas para
el único descanso de la fuerza productiva sino ciudades que
permitan el impulso del buen vivir.186 187
Para la oposición, “Las políticas de ordenación
territorial deberán partir del reconocimiento de
las ventajas implícitas en el actual sistema venezolano de
ciudades, puesto que las ciudades son el
verdadero factor dinámico de la nación, y es evidente que la
difusión del dinamismo económico y
social hacia las regiones periféricas estará vinculada
directamente a la dinámica de las ciudades
principales. Lo que no significa renunciar a la
incorporación de nuevas regiones, pero ello habrá
de hacerse, sin los apremios impuestos por la dependencia de
la renta petrolera, al compás que defina una economía sana y sustentable” (Art.
956).
Para la MUD, el desarrollo habitacional se debe
organizar a partir del aparato productivo existente. La
concentración de 80% de la población en el eje
litoral-montañoso se debe reforzar dado que concentra
también una infraestructura y fuentes productivas.
En otros términos, las ciudades se deben reforzar en
función de las dinámicas económicas preexistentes, y
será el desarrollo de “una economía sana y sustentable”
lo que definirá la “incorporación de nuevas regiones”
a la nueva organización territorial. En otros términos,
se trata de construir complejos habitacionales alrededor de
las empresas. Esto nos recuerda las premisas
del capitalismo paternalista europeo del siglo XIX.
Cabe preguntarse, ¿por qué la MUD, que hizo de la
descentralización del poder un pilar fundamental de su
programa, nunca habla de descentralización de la economía
privada? El Estado podría obligar, o dar incentivos fiscales a las empresas que
decidan instalarse en las
áreas periféricas. O también, podría acompañar el desarrollo
habitacional en estas zonas con la creación de un
complejo industrial. En este último enfoque predomina
el ser humano, y la economía está sujeta a su bienestar;
visión que entra en abierta contradicción con la ideología
liberal de la MUD, según la cual el Estado debe ser
un ente rector, más no intervenir directamente.
Así proponen que “la reorganización del programa de
construcción de viviendas [debe estar] en
necesaria alianza con el sector privado” (Art. 391).
¿Cuál sector privado? Las cooperativas de construcción o las
grandes empresas que, en alianza con un
sector bancario insensato, se ha hecho responsable
de las estafas inmobiliarias que afectaron el derecho
a la propiedad de la clase media, y que obligaron al
Gobierno a rendir justicia expropiando las construcciones
inconclusas en 2010?
Esta estafa no era una excrecencia en un mercado de
viviendas sano. Estas estafas son el resultado
de orientaciones liberales. No sólo ha ocurrido en
Venezuela, sino también en España, con la diferen-188 189
cia de que, en este último país, la situación de los
afectados no fue solucionada.
En efecto, para su política de construcción de viviendas la
MUD propone “crear un mercado de valor
hipotecario” (Art. 963), “la eliminación de las trabas
regulatorias para el desarrollo de viviendas en alquiler y
para alquilar viviendas existentes” (Art. 958), y
la creación de un “programa de micro-créditos y cré-
ditos, concertado con la banca pública y privada, dirigido a
familias de bajos ingresos” (Art. 967). Estas
propuestas no son nada originales, responden a las
orientaciones del Banco Mundial que propone como
soluciones “Promover el microfinanciamiento para
la vivienda, desarrollar los mercados primarios de hipotecas
y respaldar a los mercados de alquileres”
67
.
En España, la interconexión entre agencias inmobiliarias y
bancos privados ha permitido la explosión del crédito hipotecario, aunado a
otros cré-
ditos de consumo con el inmueble en garantía. En
consecuencia muchos españoles han sido llevados a
la bancarrota. Bajo el lema de que se debía construir
un “país de propietarios” —¿les suena familiar?—, muchos
españoles fueron engañados, no por una minoría
de bandidos sino por el propio sistema de adquisición
67. Prensa Primero justicia, 10 de marzo de 2012.
de la vivienda. Leamos el testimonio de una pareja española,
que vale más que cualquier análisis:
Ester y Ángel decidieron comprarse un piso en
el año 2004. Ahora, pasado el tiempo y vistas sus
dificultades actuales, Ester se cuestiona los argumentos de
uso en la época, principalmente la frase
corriente “pagar un alquiler es tirar el dinero”: “Es
tirar el dinero porque la idea que se tiene es la de
tener algo en propiedad. Pero de esto nadie se daba
cuenta, todos nos íbamos metiendo, todos tus amigos se
compraban casa. Recuerdo haberle dicho a
mi marido: ‘O nos metemos ya [en la compra de
un piso] o lo dejamos pasar, porque esto cada vez
está más caro”. Esta inclinación por la compra de
la vivienda aún a costa de un precio desmedido e
irreal –como ya había sido reconocido por las más
altas instancias económicas españolas y europeas–
y de un endeudamiento desproporcionado, contribuyó, en gran
medida, al aumento permanente
de la demanda y al boom inmobiliario en general.
A pesar de trabajar ambos en Madrid, se deciden por un
apartamento de dos habitaciones
(F4) y 64 m2 que les ha enseñado la agencia en
Valdemoro y que cuesta 165.000 euros. Piden un
crédito personal para la entrada, 9.000 euros, que
piensan cancelar rápidamente gracias a la diferencia entre
la tasación y el precio del piso. La firma
de los papeles ante notario se hará después de for-190 191
ma rápida y sumaria sin haber tenido acceso previamente,
derecho del que raramente se informa,
a los documentos. En el caso de Ester varios cambios de
última hora variarán algunas de las condiciones de la hipoteca, algo que
después recordará
con amargura. “Ya estaba de camino. Mis padres,
que eran los avalistas, habían pedido permiso y
los dueños del piso estaban allí. No quería perder
el piso, ni tampoco el dinero de la entrada.
Pero ahora a veces me digo: ¿y si yo hubiese
dicho allí en medio, delante de toda esa gente tan
trajeada –en el despacho aparte del notario están
el director y el subdirector del banco, la chica
de la agencia y dos representantes de la gestoría
del banco–, si hubiese dicho, a pesar de parecer
una loca, ‘pues yo ahora no firmo’? Eso es lo que
tendría que haber hecho. Pero, ¿con qué fuerza
o con qué luz iba yo a hacer eso? En ese momento estaba
pendiente nada más que de comprarme
el piso. Estaba completamente obcecada, cegada
por el hecho de que ya lo teníamos, de que sólo
había que firmar. La fecha límite para la venta era
además ese día”.
Se encuentran así con una hipoteca a 40
años, como se había convenido, pero firmada con
una entidad que no habían elegido, con un interés
ligeramente superior al anunciado en un primer
momento y por un montante de 189.000 euros
que descubre en el mismo momento de la firma.
En general, hay que prever un 10% del precio
del piso para pagar los documentos e impuestos asociados a
la compra, pero en el caso de Ester y Ángel
el montante es un 14,5%. Las diferentes comisiones
de los intermediarios sale de dicho margen y, finalmente, no
queda dinero para cancelar el crédito
personal de 9.000 euros. Además la inmobiliaria ya
había cobrado 6.000 euros de comisión. Desgraciadamente en
ese momento también descubren que
el derecho al desistimiento no se reconoce en la
normativa española cuando hay presencia física de
las partes en la firma del contrato. De esta forma,
en la más completa opacidad y considerablemente
indefensos, han firmado la mayoría de los españoles
un contrato financiero que compromete una parte
considerable de sus ingresos para el resto de su vida.
Esta situación se vio favorecida por la idea de que,
como último recurso, se podía vender el piso en
poco tiempo y con una ganancia.
Las letras que empiezan a pagar Ester y Ángel se
corresponden con lo previsto, 770 euros al
mes, lo que significa un 38% de sus ingresos. Un
año después de la compra, Ester es despedida de
la empresa en la que trabaja como auxiliar administrativa.
Acaba de quedarse embarazada y sospecha que esa es la razón del despido, pero
es algo
difícil de probar en España, donde el despido sin
causa real no plantea muchos problemas al em-192 193
presario, basta ingresar en las 48 horas siguientes
la indemnización fijada por ley de 45 días por año
trabajado. A partir de entonces, Ester sólo logra
encadenar pequeños trabajos temporales, como
el 30% de los trabajadores españoles. Pero, a partir del
2008, no vuelve a encontrar nada más.
Los altos tipos de interés del año 2008 aumentan su letra a
1.130 euros. Prácticamente en el mismo momento, en noviembre, despiden a Ángel,
dejándole con cantidades pendientes por cobrar.
Es el primer mes que dejan de pagar la letra pero
por el momento no piden dinero a la familia.
“Pensábamos que al mes siguiente nos pondríamos al día y que
ya nos apañaríamos aunque
fuese sacando con la tarjeta de crédito e ingresándolo en la
cuenta. Pero el segundo mes tampoco
pudimos pagar y todo se fue haciendo una bola”.
Gracias a que Ángel encuentra por fin trabajo
pueden iniciar negociaciones con el banco para
pagar los retrasos en el momento que les llega la
notificación que amenaza con resolver su impago
judicialmente con el embargo del piso. La solución
que les ofrece el banco es pedir un nuevo préstamo para
cubrir la deuda pendiente. A esto tienen
que añadir un plan de pensiones a las condiciones
que ya exigió para la firma de la hipoteca –domiciliación de
la nómina en la entidad y suscripción
con ellos de un seguro de vida y del hogar– y aceptar un
aumento del diferencial –porcentaje de interés que añade el banco al tipo
oficial de interés
de base (spread en inglés). Una cláusula del nuevo
contrato establece, además, un límite a la bajada
de los intereses del 3,6%, precisamente a finales
del 2008, cuando los tipos oficiales están bajando
por debajo de esa cantidad.
Escandalizados por lo que consideran un nuevo abuso rechazan
la oferta y continúan pagando
como pueden, sin haber cancelado los atrasos, a
la espera de encontrar un modo de presionar al
banco para eliminar la amenaza de la ejecución
hipotecaria. Y es que en España, a pesar de ser
reclamada desde hace tiempo por las asociaciones de
consumidores, no existe ninguna ley de sobreendeudamiento familiar que permita
a los particulares hacer frente a este tipo de situaciones.
Sólo existe la ley concursal que permite, en
proceso judicial y previa contratación de un abogado, la
liquidación voluntaria de los bienes y el
orden de preferencia de los acreedores. Como última
solución, los padres de Ester están dispuestos
a pedir un crédito para ayudarles a salir de la situación.
Si en este caso lo hacen de buen corazón,
no es menos cierto que, en su calidad de avalistas,
también es una forma de evitar que se ejecute la
garantía a la que se han comprometido.
Cuando Ester piensa en el sistema que tiene
alrededor, a pesar de no sentirse a gusto con lo que
dice, la primera palabra que le viene a la mente es
“piratas”. “Yo ahora tengo la idea de que, en este 194 195
país, cuanto más pirata seas mejor te van las cosas
y mejor vida vas a tener. Está a la vista de todos: el
que mejor vive es el más listo. Ahora parto de la base
de que todo el mundo que está a mi alrededor va a
engañarme”. Y Ester extiende su reflexión a los bancos, pues
ha hecho los cálculos de lo que le terminará pagando al banco con los
intereses: 369.600 euros
por un piso de 165.000, y eso tomando como base la
cuota inicial. “Yo quería hacer otras cosas, quería
estudiar, quería terminar mi bachillerato. Y realmente
ahora me veo con un piso y nada más”
68
.
Para su crecimiento económico, el Reino de España había
apostado al desarrollo de los sectores
inmobiliarios privados —construcción y venta— y
bancarios. Hoy podemos contemplar el resultado y
lamentar que el ser humano no hubiese sido puesto
en el centro de este sistema.
Cuando prevén un “programa de construcción
de urbanización, con servicios y viviendas completas
destinadas a los sectores de ingresos bajos y medios
para ser ejecutado por el sector privado” (Art. 973),
¿qué impediría que el proyecto de la MUD nos lleve al
desastre que están viviendo los españoles? Esta
68. Raúl Guillén, “En la jungla de las hipotecas”, Mémoire
des luttes,
http://www.medelu.org/En-la-jungla-de-las-hipotecas (9 de
julio de
2009).
respuesta no está contemplada en el programa.
Ambiente: en defensa
de un capitalismo verde
En materia ambiental sorprende ver tantas “buenas
intenciones” en el programa de la MUD: evitar la
contaminación de los ríos (artículos: 1.029 y 1.030),
crear reservas de biósfera (Art. 1.069), incentivar la
educación ambiental (Art. 1.012 d), etc. Si realizamos un
análisis político de estas medidas, nos damos cuenta de que buena parte de lo
que proponen
ya está en marcha con las políticas actuales y, sobre
todo, que sus propuestas carecen de fundamento
ideológico, a diferencia del resto del programa.
En este ámbito, como en otros, la MUD pretende suprimir al
Estado la posibilidad de actuar directamente sobre las políticas ambientales.
Según el artículo 1.015, la derecha venezolana propone “fortalecer la capacidad
del Ministerio del Ambiente como
ente rector para asesorar y supervisar a los gobiernos
regionales y locales” y anuncian la “descentralización
de la administración y de la gestión ambiental” (Art.
1085). Como en muchos otros temas, nos preguntamos si los
estados regionales y las alcaldías tendrán
los recursos humanos y financieros para asumir se-196 197
mejante carga.
Más que en todos los otros ámbitos donde la
MUD promueve la descentralización, es en el terreno
ambiental donde el Estado nacional debe intervenir
todavía más, porque no se trata sólo de administrar
recursos sino de salvar a la especie humana.
Las ideas neoliberales que se expresan a lo largo
del programa de la MUD, tiene como principal característica
el incremento de la extracción de la materia
prima al menor costo posible por parte de empresas
extranjeras y del sector privado nacional. Ellos, por
razones de ganancia, deben rechazar la imposición
de criterios ambientales coercitivos y presionan a los
estados que se atreven a aplicar dichas medidas.
En ninguna de las 10 páginas que cuentan las propuestas de
la MUD para el medioambiente, se mencionaba ninguna medida contra la polución
generada
por las empresas privadas nacionales y multinacionales.
Critican la gestión del Estado actual como lo
muestra el artículo 1.008: “En la última década Venezuela ha
vivido un acentuado deterioro de las condiciones ambientales, lo cual repercute
directamente en
el empobrecimiento general de nuestra sociedad y de
su capital natural”. También tienen un discurso moralizante
a través del cual responsabilizan al ciudadano.
De allí, la voluntad de “fortalecer la educación para el
desarrollo sustentable en todos los niveles del sistema
educativo” (Art. 1.076) o de “promover instancias de
participación ciudadana a todos los niveles de la gestión
ambiental” (Art. 1.074).
Aunque sea favorable que los ciudadanos tomen
conciencia de la necesidad de preservar el medioambiente,
estas posturas permiten evadir la visión
fundamental de la depredación ecológica. Hablemos
claro: los individuos o el Estado no son responsables
exclusivos y aislados de los desastres ecológicos. La
responsabilidad principal incumbe a la organización
propia del sistema capitalista. La cuestión ambiental
está íntimamente vinculada al modo de producción.
La lógica productivista del capital contiene en sí la
destrucción del planeta.
Como lo dijo el presidente Chávez en la Cumbre sobre el
Cambio Climático en Copenhague,
Dinamarca, el 16 de diciembre del 2009: “No
cambiemos el clima ¡Cambiemos el sistema! Y en
consecuencia comenzaremos a salvar el planeta. El
capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo
está acabando con la vida, amenaza con acabar
definitivamente con la especie humana”
69
.
69. “Discurso del Presidente Chávez durante la XV
Conferencia sobre
Cambio Climático en Copenhague”, Mppre, http://www.mre.gob.ve/
index.php?option=com_content&view=article&id=3066:discurso-del-198
199
Las buenas intenciones que expresa la MUD
—proteger y defender la Amazonía contra actividades
depredadoras y contaminantes— (Art. 1.073),
suenan vacías si no se replantea la organización de
la producción. Esta exposición de la MUD nos hace
recordar los concursos de belleza donde las mises
claman por la paz mundial.
Todos los proyectos de la MUD contienen esta
contradicción, propia del capitalismo verde. Su voluntad de
“utilizar plantas y animales genéticamente
modificados” (Art. 567) para favorecer el agro negocio,
a pesar de los severos daños ambientales que se generarán,
desmiente su meta de “impulsar una política de
protección ambiental en todos los procesos agrícolas y
agroindustriales” (Art. 1.045). Notaremos que no mencionan
ninguna acción o ley coercitiva contra las empresas de este sector; por
supuesto, eso iría en contra
del laisser faire que promueven reiteradamente.
Así mismo, la revocación de la Ley de Pesca (Art.
547 a), que contemplan desde el golpe de abril de
2002 para preservar los intereses del sector de la
pesca industrial, es completamente contradictoria
presidente-chavez-durante-la-xv-conferencia-sobre-cambio-climatico
copenhague&catid=2:actualidad&Itemid=44 (10 de abril
de 2012).
con la conservación de los ecosistemas marinos que
mencionan en el artículo 1.055.
Podríamos multiplicar los ejemplos incompatibles entre los
deseos ambientalistas y la política
económica, petrolera y productiva. La defensa ciega del
modelo liberal impide cualquier acción en
el ámbito ambiental. La única transición viable es
el control de la producción a través de una planificación
ecológica. Dudamos que la MUD esté realmente dispuesta a tolerar eso.
Transporte y viabilidad:
el sector privado gana la carrera
El tema del transporte y la viabilidad está ligado
al ordenamiento territorial y a la desconcentración
poblacional cuando la construcción de vías de comunicaciones
se orienta al intercambio entre ciudades, poblados y seres humanos. Si, al
contrario,
sólo sirven para el transporte de mercancías hasta
puertos, refinerías, centros de acopios y mercados,
ninguna planificación territorial es posible y, por
consecuencia, ningún progreso. Con las políticas de
infraestructura se expresa el modelo de desarrollo
económico y social.
El gobierno bolivariano orientó su acción bajo está 200 201
premisa. Reforzó en las ciudades sistemas de transporte
público urbano —Metro de Caracas, Los Teques, Valencia, Maracaibo, y el Trolebús de Mérida— que
reducen el dominio de las empresas privadas de transporte
y favorecen un mejor ordenamiento de las ciudades.
El gobierno nacional apostó a la construcción de
una red ferroviaria para mejorar la conexión entre las
regiones del país, y brindar una alternativa a la cultura
del carro heredada de una sumisión hacia a industria
automotriz. Se procedió a la renacionalización de los
puertos, de los aeropuertos y de la compañía Conviasa, la
cual había sido regalada a la empresa española
Iberia. La privatización de Viasa, producto de un negocio de
“amistad” entre los exdirigentes Carlos Andrés Pérez y Felipe González, había
concluido en la
desaparición de una compañía nacional de aviación
que permitía la interconexión entre todos los rincones del
país, incluso los menos rentables.
Como en muchos aspectos de su programa, la
MUD quiere revertir estas políticas incluyentes bajo
el esquema del tríptico
descentralización-autonomía-privatización.
El artículo 1.124 menciona: “el punto de partida
de las políticas territoriales y urbanas del gobierno
de Unidad Nacional, es la recuperación y fortalecimiento de
la descentralización y la autonomía de las
ciudades”. A lo cual hace eco el artículo 1.126: “Se
diseñará e iniciará en los primeros meses del gobierno un
Programa de Recuperación y Mantenimiento
Vial de carreteras, autopistas y obras conexas, con
énfasis en la gestión descentralizada, generación de
empleo en mantenimiento vial y participación de la
empresa privada”.
Además de atomizar los planes de construcción
y de mantenimiento de las carreteras, la descentralización
inducirá una desigualdad entre las regiones
pobres y las regiones más ricas. Hemos visto en la
sección sobre la vivienda cómo la oposición concibe el
desarrollo poblacional, a partir de las ciudades
más pobladas. Las propuestas en transporte reforzarían aún
más la concentración de la población
cuando lleguen a delegar a estados como Sucre,
Delta Amacuro, Amazonas o Apure la gestión y el
financiamiento de la vialidad, entre todos los otros
servicios que aspiran descentralizar. Mientras estos
estados son los que más necesitan de infraestructuras viales
entre sus pueblos, caseríos y ciudades, la
asignación de recursos por situado constitucional
o por recolección fiscal, les impedirá realizar dicho
trabajo. Y la empresa privada no se encargará de
este desarrollo porque no tiene nada que ganar en
ello. Otra vez, la visión liberal de la MUD doble-202 203
ga el bienestar de la población a la realización de
intereses económicos, profesando que, del libre
ejercicio de esos intereses privados, nacerá la felicidad
colectiva.
Así mismo, “se elaborarán los decretos de descentralización
y concesiones de carreteras y autopistas”
(Art. 1.127). En otros términos, la venta de las carreteras
y autopistas nacionales al sector privado, quien
no dejará de restablecer los peajes que el presidente
Chávez había suprimido en 2008. Estas concesiones
fueron concebidas en el pasado por gobernaciones
que carecían de presupuesto para el mantenimiento
de las autopistas.
Esta política está aplicada también al transporte
aéreo. Dice el proyecto de la derecha: “Se procederá a
la reinstitucionalización del sector transporte aéreo,
a fin de separar las funciones de control de tráfico
aéreo de los de la autoridad aeronáutica (Inac). En tal
sentido, en el marco de la descentralización los aeropuertos
serán operados y mantenidos por los estados,
bajo la óptica de la posibilidad de implementar concesiones
bien diseñadas y administradas” (Art. 1.140).
Esta medida está reforzada por “el inicio del proceso
de lograr un cielo único para la región suramericana”
(Art. 1.141). Estas ideas no las tuvo Capriles ni ninguno de
sus asesores: hasta su formulación responde a
una aplicación del modelo liberal a escala mundial.
El 5 de agosto del
1981, Ronald Reagan enviaba al FBI para arrestar a los trabajadores
aéreos de
Estados Unidos en huelga para protestar contra la
privatización de las funciones de control del tráfico
aéreo. Tratados como unos bandidos, estos trabajadores
protestaban contra la introducción de la rentabilidad en este sector,
advirtiendo que la búsqueda
incesante de ganancia del sector privado conduciría a
despidos masivos y a poner en peligro el tráfico aéreo
para el público. Efectivamente, eso ocurrió y 11.359
trabajadores del cielo estadounidense fueron despedidos y
los accidentes e incidentes aumentaron.
Años después, en 2004, la Comisión Europea
lanza el programa “cielo único” —qué falta de imaginación
tiene la oposición— que pretende unificar
los controles a nivel europeo, y abre la posibilidad
de privatizar los servicios de tráfico aéreo. Una ola
de protestas surgió en los países europeos involucrados. El
4 de diciembre de 2010, para romper la
huelga, el presidente del gobierno de España, josé
Luis Rodríguez Zapatero, envió al Ejército a tomar
el control del manejo del tráfico aéreo. En febrero
de 2012, la justicia alemana prohibió la huelga de
los trabajadores en los aeropuertos de Frankfurt, y
en Francia, la huelga de estos mismos trabajadores 204 205
paralizó los aeropuertos del país. Otra consecuencia
de la privatización de los servicios aeroportuarios
franceses fue que los agentes de seguridad, quienes
se movilizaron para revindicar sus derechos, fueron
reemplazados por agentes de policías para aplastar
las manifestaciones. En todos estos movimientos, se
condenaba la lógica destructora del sector privado
en el transporte, que, para aumentar su ganancia, reduce su
personal, poniendo en riesgo a los usuarios y
condenando a los trabajadores al desempleo.
Tal como sus homólogos europeos y estadounidenses, Capriles
y los integrantes de la MUD consideran la
apertura del cielo al sector privado como un sacerdocio,
a pesar del peligro que representa para la sociedad.
Diversidad sexual:
no bastan las promesas de amor
La MUD dice: “Los Derechos Sexuales son
Derechos Humanos fundamentales y universales.
El gobierno de la Unidad Democrática se compromete a asumir,
en el marco de la promoción
de la dignidad humana, el respeto a la diversidad
sexual” (Art. 1.165).
Vale la pena preguntarse si consultaron con sus
aliados de la Confederación Episcopal la posibilidad de
legalizar el matrimonio de parejas del mismo
sexo, o de permitir a dos homosexuales adoptar a
un niño. Dudamos que el arzobispo Baltazar Porras
esté de acuerdo para bendecir dicha unión en la catedral de
Mérida.
Si de derechos se habla, ¿por qué excluir el derecho a una
unión legal? Si de respeto se trata, deberían
empezar por tomar ejemplo del Bloque Socialista Unido de
Liberación Homosexual, movimiento social que
apoya al proceso revolucionario, y que entregó a la
Asamblea Nacional un Proyecto de Ley para la Igualdad y la
no Discriminación por Orientación e Identidad Sexual y Expresión de Género.
La derecha habla en nombre de una comunidad
que siempre ha excluido. Hoy en día, sus miembros
se han movilizado creando el Consejo Patriótico de
Sexo Diversidad, en apoyo a la Revolución Bolivariana. Durante
su acto de nacimiento estuvo presente la vicepresidenta de la Asamblea Nacional
y la ministra de Comunas y Protección Social. La
presencia de estas altas dirigentes del Estado, confirmó el
alto compromiso político que la revolución
tiene con todas las y los venezolanos. En el campo
de la derecha, todavía se espera que altos dirigentes
hagan la misma muestra de solidaridad con la lucha
de sexo diversidad. 206 207
Equidad de género: demagogia
y contradicciones ideológicas
Las políticas propuestas en el programa de la
MUD en cuanto a la equidad de género son una
mezcla de mala fe electoralista con una visión borrosa que
no contiene acciones concretas.
Empecemos por reconocer que las relaciones
sociales de dominación del hombre sobre la mujer,
tanto en el espacio público del trabajo como de las
actividades cotidianas, son una realidad que traspasa
las fronteras de Venezuela: es un problema mundial.
El programa de la MUD desvincula esta dominación de todo
contexto económico-cultural.
Todas las propuestas carecen de contenido serio.
Proponen “formular y ejecutar de manera concertada y
participativa el Plan Nacional de Igualdad
de Oportunidades, que desde una visión estratégica, diseñe
una política estatal a largo plazo para el
logro de la igualdad de hombres y mujeres en todos los
planos” (Art. 1.174). Esta fórmula es completamente vacía. ¿Qué sectores serán
llamados a
participar? ¿Bajo qué lineamientos se diseñará la
política estatal?
Así mismo, la MUD quiere “impulsar en los Poderes públicos,
la participación y fortalecimiento del
movimiento de mujeres” (Art. 1.177). ¿Estarán considerado la
participación de las 2.748 organizaciones
de mujeres que conforman actualmente el Gran Polo
Patriótico?
70
En cuanto a la
voluntad de fortalecer
este movimiento, nos parece una buena idea. Sin
embargo, ya parece consolidado y muy fuerte en su
apoyo al proceso bolivariano.
La MUD pretende “impulsar la participación paritaria de
representación femenina en las posiciones
decisivas de todos los poderes públicos” (Art. 1.176).
¿Por qué nunca han empezado en el seno de sus propios
partidos o con sus representantes electos? Deben
vivir en otro planeta para no darse cuenta que hasta
hace poco, de los cinco poderes públicos nacionales,
el único detentado por un hombre era el Poder Ejecutivo. Al
lado de Hugo Chávez, Tibisay Lucena (Poder
Electoral), Cilia Flores (Poder Legislativo), Luisa Estela
Morales (Poder Judicial), Gabriela Ramírez (Poder
Ciudadano) tenían “posiciones decisivas”. Hoy en día,
Diosdado Cabello ha reemplazado a Cilia Flores en la
cabeza del Poder Legislativo, pero otra mujer, Blanca
Eeckout es vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Y
la antigua presidenta antes de ser Procuradora General
de la República era la jefa de la bancada parlamentaria
70. “Un total de 2.748 organizaciones feministas están
incorporadas
al GPP”, YVKE Mundial,
http://radiomundial.com.ve/article/un-total-de-2748-organizaciones-feministas-est%C3%A1n-incorporadasal-gpp
(5 de abril de 2012).208 209
del Psuv. Aparte de María Corina Machado, quien se
representa a sí misma, ¿existe una mujer a la cabecilla
de los partidos de la oposición en la Asamblea? Parece
que a la MUD no le gusta ver ojo bonito en cara ajena.
Más allá del alto valor simbólico de la feminización de los
cargos más altos de la República, la participación de las mujeres ha aumentado
significativamente en los cargos de elección popular. Entre 1995
y 2010, el número de alcaldesas ha aumentado a 63%.
Como enfatizó la Ministra del Poder Popular para
la Mujer y la Igualdad de Género, Nancy Pérez, “en
los consejos legislativos, la participación de la mujer
aumentó en 41%. En los consejos comunales, resulta
que 70% de las vocerías son de mujeres (…) Es tanto
así que durante toda la IV República solamente existieron 27
mujeres ministras, y durante la V República
tenemos ya a 38 mujeres ministras”
71
. De modo que
podemos responderle a la MUD: señores, la voluntad
de impulsar la participación política de la mujer ya es
una realidad con el gobierno bolivariano.
La MUD tampoco es muy precisa cuando habla sobre los
mecanismos que favorecerán dicho
71. Consúltese en el texto La Revolución Bolivariana rinde
cuentas al pueblo.
Ministros y ministras del Gabinete Político y del Gabinete
Social ante la Asamblea Nacional, Caracas 8 y 9 de febrero de 2011, Caracas,
Ediciones del Correo del Orinoco, Colección La Revolución Transparente, 2011,
p. 57.
impulso. ¿Aprobarán una ley que obligue a los partidos
políticos a presentar el mismo número de
mujeres y hombres en las elecciones populares?
Sin duda, eso fortalecería la participación femenina, pero
sería muy contradictorio que una ley venga a frustrar la famosa “meritocracia”
defendida
por la derecha en tantos otros ámbitos.
Si la derecha quisiera proponer ideas concretas,
como la creación de un Banco de la Mujer, el financiamiento
del trabajo en el hogar, la entrega de becas para
las madres en situación precaria, la creación y el
reforzamiento de redes escolares primarias y preescolares que
permitan a las madres ser más independientes y realizarse
más allá del cuidado de sus niños, sería muy beneficioso, pero la MUD tiene que
saber que estas iniciativas ya
las ha desarrollado el gobierno bolivariano.
También podrían obligar a las empresas a respetar una
paridad de género en sus puestos ejecutivos,
distribuir gratuitamente pastillas anticonceptivas,
abogar por el derecho de la mujer a disponer plenamente de
su cuerpo, e impedir el uso grosero de su
cuerpo en las publicidades y la propagación de mensajes
machistas en los contenidos de los programas
televisivos. No obstante, estos planteamientos entran en
total contradicción con la visión mercantilista que la MUD defiende a lo largo
de su programa. 210 211
La verdadera emancipación de género pasa
por el cambio de las relaciones de producción y
una profunda transformación cultural. No cabe
la menor duda de que, cuando la MUD propone
“despolitizar el Instituto Nacional de la Mujer y
la defensoría de los Derechos de la Mujer” (Art.
1.173), intentarán imponer sus propios conceptos
políticos, por encima de una verdadera igualdad
de género.
Política exterior
En la Venezuela de la MUD…
• Se abandonará la visión multipolar (Art. 1.188)
• Se utilizará a los organismos regionales
para atacar a los gobiernos progresistas (Arts. 1.192,
1.236)
• Se desestabilizará a la Opep (Art. 1.193)
• Se romperá la cooperación con Cuba (Art. 1.196)
• Se reanudarán relaciones diplomáticas
con el Estado de Israel
(Art. 1.211)
• Se acabará el Alba
(Art. 1.219)
• Se suscribirán Tratados de Libre
Comercio (TLC) (Art.
1.232)212 213
C
uando Hugo Chávez toma el poder en 1999,
la perspectiva política mundial era radicalmente diferente.
La caída de la URSS dejó las manos
sueltas a un neoliberalismo triunfante. Los países
de América Latina
yacían en un estado de miseria,
producto de las políticas dictadas por el FMI y el
Banco Mundial. La integración de América Latina,
sueño de los próceres de la primera independencia,
se resumía a la participación episódica de los gobernantes
en cumbre regionales. Desde Washington y
la Organización de Estados Americanos, los mismos
se aprestaban en redactar el plan de una zona de
libre-comercio dolarizada para todo el continente,
a la cual dieron el nombre de Área de Libre Comercio de las
Américas (Alca). Los teólogos del ultraliberalismo hablaban del fin de la
Historia para justificar teóricamente el orden económico-imperial
existente. Una sola isla, rodeada de aguas hostiles
pero más determinada que nunca, aportaba una voz
discordante en el concierto mundial de alabanzas al
sistema capitalista. Los pueblos dormían, teniendo
pesadillas que ya auguraban su despertar.
En medio de este panorama devastador, el pueblo venezolano
decidió llevar al poder al comandante Hugo Chávez. Apenas instalado en
Miraflores,
el nuevo equipo de gobierno empieza a diseñar una
nueva política de relaciones exteriores. Su primera
tarea fue incentivar una intensa actividad diplomá-
tica para relanzar la Opep y determinar las cuotas
de producción del crudo, lo que le permitió al mismo tiempo
incrementar las entradas proveniente
del sector petróleo y recuperar su poder de negociación
geopolítico. Guiado por la construcción de un
mundo multipolar, el presidente Chávez denunció
el terrorismo de Estado que practicaba EEUU en
Afganistán, y el poder imperial de ellos en América
Latina. Cuando el gobierno bolivariano adoptó estas
políticas, estaba solo en el continente. Y llegaron
Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Néstor y Cristina
Kirschner en Argentina, Evo Morales en Bolivia,
Temas conexos
• La Fuerza Armada Nacional Bolivariana:
¿pacifismo o pacificación?
(p. 48)
• Política petrolera: el petróleo no cae
del cielo, yace en el subsuelo (p. 90)
• Educación: el pueblo a las (j)aulas
neoliberales (p. 154)
• Salud: ¿derecho o privilegio? (p. 165)
• Deporte: un sólo campeón vale más
que un pueblo sano
(p. 181)214 215
Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, de
vuelta, y Cuba, siempre resistiendo con el
comandante Fidel Castro.
Las políticas del presidente Chávez han mostrado
el nuevo norte de la integración latinoamericana. La
labor del cuerpo diplomático venezolano ha permitido lograr
unos éxitos impensables en los años anteriores. El 5 de noviembre de 2005, el
presidente Chávez
declaraba ante 50.000 simpatizantes en la República
Argentina: “Venimos para enterrar al Alca. Mar del
Plata será su tumba”. En la escena latinoamericana,
el presidente Chávez ha sido el promotor de nuevas
iniciativas de integración regional opuestas a los Tratados
de Libre Comercio (TLC). La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (Alba),
la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y del Caribe
(Celac) y el Banco del Sur, permitieron a los países del
continente mirarse a sí mismos sin el prisma deformante de
los lentes del imperialismo estadounidense.
A partir de sus alianzas con las potencias emergentes,
Venezuela participa en la construcción de un mundo
multipolar, mostrando que la mundialización neoliberal no es
un proceso irreversible.
Venezuela se ha posicionado con tanta fuerza en
la geopolítica mundial durante los últimos 13 años,
que basta con preguntar a cualquier ciudadano de
Europa o del mundo con qué asocia al país caribeño.
Cuando hace 15 años la repuesta se hubiese inclinado a la
frivolidad de los concursos de belleza o de
la calidad de los pitchers de las grandes ligas, hoy
la repuesta es Chávez. En el extranjero, la palabra
Venezuela es sinónimo del proceso de control de la
economía por lo político. La diplomacia bolivariana
supo conquistar gobiernos y pueblos mostrando la
pertinencia de su proyecto político. En adelante, Venezuela
es considerada —positivamente o negativamente— como un motor político al nivel
mundial.
Para Capriles y su equipo, “Después de doce años
de gobierno, el balance de la acción internacional de
Venezuela es negativo: una creciente intervención en
los asuntos internos de otros Estados; la profundización de
la confrontación en las relaciones internacionales; la conformación de alianzas
geopolíticas ajenas
a nuestra tradición pacífica y democrática; la construcción
de un ambiente guerrerista para enfrentar
supuestas agresiones externas; y la utilización del petróleo
como arma de chantaje político internacional.
El manejo excluyente e irrespetuoso de la legalidad
internacional, ha contribuido al desprestigio del país,
y al debilitamiento de la soberanía nacional” (Art.
1.180). Parece coherente que piensen que los perma-216 217
nentes ataques del capital internacional son “supuestas
agresiones externas”, si han colaborado en todas
las acciones desestabilizadoras, desde el golpe de Estado de
2002 hasta la conferencia en el Congreso estadounidense “Peligro en los Andes”
72
, pasando por el
sabotaje petróleo, el Plan Balboa, la reactivación de
la IV Flota, las incursiones de paramilitares colombianos o
la injerencia permanente de organismos del
gobierno norteamericano como la NED y la Usaid.
¿Cómo pueden negar el afán agresivo del imperio?
Así mismo, tendrán que ser más explícitos en su
definición de la soberanía nacional. Fue por su plena
recuperación que Venezuela ha sido el objeto de ataques
mediáticos y políticos. El artículo 1.186 nos permite
entender, a modo de introducción, los lineamientos de la
MUD en materia de política exterior, la cual visualizan
que “promoverá el consenso, y será autónoma, soberana,
orientada a la promoción del interés nacional”.
Entonces nos preguntamos, ¿autónoma de qué?, ¿del
poder político? Una política exterior soberana debe ser
independiente y no autónoma de cualquier influencia
72. Organizada por la ultraderecha estadounidense y
patrocinada por
el Congreso de EEUU, la conferencia “Peligro en los Andes”
reunió
el 17 de noviembre de 2010 a personajes de la
contrarrevolución latinoamericana y políticos estadounidenses. Se fijó una
estrategia para
combatir a Venezuela y a los países del Alba. Por Venezuela,
participó
el banquero y prófugo de la justicia, Guillermo Zuluaga.
extranjera. Como lo vamos a ver, ese no es el camino
escogido por la derecha.
En ninguno de los artículos de la MUD en política exterior
aparece una referencia a la construcción
de un mundo multipolar. La política extranjera es
puesta al servicio de las grandes potencias consumidoras de
materia prima, y no a la construcción de
alianzas orientadas a la prosperidad de la nación. Ha
de conformarse a una economía periférica destinada a
abastecer su demanda. Como enfatizan en su
programa: “La diplomacia venezolana apoyará todas
aquellas iniciativas dirigidas a afirmar el papel y la
posición de Venezuela como abastecedor de petróleo
y derivados confiable y seguro de nuestros clientes.
Al mismo tiempo, se revisará el uso que se ha hecho
de este importante recurso para el apuntalamiento de
alianzas geopolíticas de dudosa conveniencia
para el país” (Art. 1.188). La política exterior de
Venezuela está íntimamente ligada a su política petrolera. Como lo mencionó Alí
Rodríguez hace 16 años,
“sin tal instrumento, ¿qué le queda a Venezuela? ¿Su
desarrollo científico? ¿Sus crecientes y competitivas
exportaciones agrícolas? ¿Sus logros en biotecnología? ¿Sus
importantes exportaciones industriales?
¿Su poderío nuclear? La venta de Pdvsa a las grandes
transnacionales representa en las relaciones geopolí-218 219
ticas de fuerza, una literal mutilación”
73
. Como lo vimos, la MUD quiere renovar el proceso de
apertura
petrolera, convirtiendo a Venezuela en proveedor de
crudo barato de los Estados Unidos. Por lo tanto, la
consecuencia en política exterior será una vuelta a la
visión unipolar dictada por el imperio. Poco importa
que las “dudosas alianzas geopolíticas” basadas en el
intercambio de petróleo venezolano, hayan permitido levantar
la industria agrícola, la automotriz, la
construcción de viviendas, el desarrollo de una red
salud preventiva, entre otros beneficios; estos acuerdos
serían revisados y Venezuela volvería a ser un satélite diplomático de
Washington. Y en primer lugar
en la Opep donde “Venezuela asumirá un papel de
equilibrio y moderación” (Art. 1.193).
En realidad, seguramente se seguirá usando el recurso
petrolero como un poder de negociación pero
ya no en políticas de integración de Latinoamérica
y el Caribe, sino como una herramienta supeditada a los
intereses del capital. No hace falta ser un
gran analista para adivinar el futuro del Alba o de
Petrocaribe si Capriles llega al poder. De hecho, el
artículo 1.219 estipula la necesidad de “llevar a cabo,
sin perjuicio de la tradición venezolana de respeto
73. Alí Rodríguez Araque, ¿Privatizar a Pdvsa?..., op. cit.,
p. 134.
a sus compromisos internacionales, una revisión
cuidadosa de los acuerdos, convenios, cartas de intención y
memoranda de entendimiento, concluidos
con otros países, a fin de determinar su utilidad y
los beneficios o perjuicios que dichos instrumentos
puedan representar para el país”. En el caso específico de
Cuba, las relaciones “serán evaluadas a fin
de examinar en qué medida el entramado de redes,
vínculos y compromisos que se han establecido en
los ámbitos de la seguridad, la cooperación política y
logística entre ambos países, afecta los intereses del
país” (Art. 1.196).
La MUD operará un cambio drástico en la polí-
tica exterior dándole un giro de 180 grados. “Con los
Estados Unidos, nuestro principal socio comercial,
se normalizarán las relaciones sobre la base del respeto
mutuo y el reconocimiento de la igualdad y la
soberanía. Las relaciones con la Unión Europea y en
especial con España, estarán orientadas a su fortalecimiento
identificando nuevos espacios para consolidar una mejor y más amplia
vinculación”, se lee
en los artículos 1.199 y 1.200. Así mismo, reanudarán
“relaciones diplomáticas con el Estado de Israel”
(Art. 1.211).
Observamos que estas relaciones diplomáticas
no están condicionadas ni al aporte económico y so-220 221
cial de estos países a la nación criolla, ni al respeto de
los derechos humanos, que el Estado sionista pisotea
a diario en los territorios palestinos. En cambio, “las
relaciones con China serán conducidas con una visión de equilibrio entre las
inversiones, el intercambio tecnológico y el valor agregado que ellas aportan
a la economía venezolana” (Art. 1.201). Más adelante
propone la MUD “adecuar los vínculos con Rusia,
India y China, y los acuerdos de cooperación suscritos con
estos países” (Art. 1.212). La restricción en el
intercambio diplomático con las potencias emergentes refleja
la visión geopolítica de la derecha venezolana. Al fin y al cabo se trata de un
alineamiento total
sobre las políticas de los más grandes defensores del
capitalismo liberal, a costa de la soberanía nacional y
de las potencialidades del desarrollo del país.
Volvemos a encontrar esta perspectiva en la posición
adoptada sobre los organismos de integración
regional. La derecha quiere utilizar a la Unasur y la
Celac como una herramienta coercitiva para los gobiernos
progresistas de la región. “jugaremos un papel
activo en las nuevas organizaciones Unasur y Celac,
como mecanismos de consenso entre países democráticos en
busca de vías de desarrollo autónomo y
sustentable” (Art. 1.191). Especifican que en el caso
de la Unasur, reorientarán sus objetivos “hacia la defensa
de la democracia y los derechos humanos” (Art.
1.236). Estos dos
artículos son los únicos que se refieren a estos nuevos mecanismos de
integración. Por
eso, podemos deducir que el papel de la derecha en
estas instancias se orientaría por el saboteo permanente a
las propuestas progresistas.
Se acentúa cuando revelan el papel que deberá jugar
Venezuela en la OEA: este organismo ya aparece
obsoleto a la nueva realidad latinoamericana por las
contradicciones entre las aspiraciones imperiales y la
voluntad de desarrollo del continente. La MUD que
canaliza su pensamiento en función de la realidad de
los años noventa, afirma: “La política exterior se basará en
principios y valores de carácter jurídico, ético,
moral y cultural de aceptación universal, contenidos
en la Constitución Nacional, en la Carta de las Naciones Unidas,
en la Carta de la Organización de Estados
Americanos y en la Carta Democrática Interamericana” (Art.
1.185). Más adelante en el artículo 1.192, añaden: “ratificaremos nuestra
confianza en la OEA como
instrumento de diálogo y cooperación de las Américas.
Apoyaremos la creación de una Comisión Interamericana de
Protección a la Democracia, que reciba relatorías e informes sobre el estado de
la democracia en
cada uno de los Estados miembros, y respaldaremos la
participación de las organizaciones de la sociedad civil 222
223
reconocidas por la OEA en las reuniones de dicha
organización”. Como recordamos, este
organismo había
reconocido el gobierno ilegal de Pedro Carmona Estanga
durante el golpe de Estado. ¿Esa es la concepción
de la democracia y de los derechos humanos que quiere
promover la MUD? Sus propuestas se alimentan del
deseo de someter la soberanía del país a los intereses de
la política exterior norteamericana.
¿Así piensa Henrique Capriles recuperar “la presencia
internacional de Venezuela, con prioridad en el espacio latinoamericano y
caribeño” (Art. 1.186)? ¿Piensan
convertir a Venezuela en el Israel de América Latina?
En el nivel económico, la diplomacia de la MUD
pretende echar para atrás los esfuerzos de cooperación
comercial regional para favorecer “los Tratados
de Libre Comercio, que permitan a Venezuela negociar las
mejores condiciones para nuestros exportadores e inversionistas” (Art. 1232).
En otros términos, retomar el camino del Alca, disfrazado bajo los
TLC. ¿Sería interesante saber de qué exportadores
hablan? En todo caso, los TLC son para los Estados
Unidos una manera de adueñarse de los mercados
de los países del Sur y, en lo absoluto, beneficiarán al
pueblo de Venezuela.
El premio nóbel de Economía, joseph Stiglitz, definía los
TLC como una herramienta utilizada por Estados Unidos para “dividir a los
países subdesarrollados,
destruir el multilateralismo e imponer sus industrias”
74
.
Este cambio radical de la
diplomacia venezolana
no puede realizarse si la derecha no toma el control
del cuerpo diplomático. Por eso, piensan “iniciar un
proceso de reestructuración de la Cancillería que les
permita responder de manera eficiente a la conducción y
ejecución de toda la actividad inherente a las
relaciones internacionales” (Art. 1.213), y “rescatar la
institucionalidad y profesionalismo del Ministerio
de Relaciones Exteriores”. (Art. 1.190). Entre las
herramientas, se plantea la reformulación de la función
del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro
Gual (Art. 1.215). Dicho de otra manera, la MUD
piensa reemplazar al personal diplomático vigente
para aplicar sus políticas en política exterior. Como
dice la canción: “Quítate tú pa’ ponerme yo”.
74. Véase en Hedelberto López Blanch, “Centroamérica: ALBA o
TLC”, Rebelión,
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=83438, (6 de
abril de 2009).225
Desde ambas riberas
del Atlántico
Consideraciones finales
Capitalismo y democracia
La utopía de la ciudadanía democrática tal y
como lo planteaban los filósofos del siglo XVIII,
está vinculada con la libertad y la igualdad, sin tener
en cuenta las discriminaciones sociales existentes.
Esta construcción teórica suponía que la organización de la
sociedad reposa en la universalidad de la
razón, es decir, en los sujetos racionales.
La democracia electoral moderna se fundamenta
en la participación de todos estos seres racionales en
la vida política. Estos delegan a unos representantes
la defensa de sus propios intereses. En esta visión,
que todavía cimenta nuestras formas democráticas
de vivir juntos, el sujeto político se debe alejar de sus
emociones para escoger a su candidato. Es la condi-226 227
ción filosófica de la democracia política.
Para los representantes de la burguesía, este ser
racional se ha convertido en un enemigo. Impide
la concreción de sus intereses de clase a través de
la toma del poder. Como sus programas favorecen
abiertamente los intereses de una minoría, los procesos de
conquista electoral no pueden ser orientados
a convencer racionalmente a la mayoría al momento
de elegir su camino.
Para desviar la atención del elector racional, la
burguesía tiende a complejizar hasta exceso los programas o
tratados que proponen a los pueblos. Así
es el caso de los tratados de la Unión Europea. Ellos
son casi incomprensibles para el ciudadano común,
al contrario del estilo de redacción de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, por
ejemplo. Sirviendo a los intereses de las grandes masas, la
Carta Magna venezolana tiene un estilo pedagógico que favorece su
interpretación y apropiación
por el pueblo.
En cambio, cuando no complejiza los enunciados
de sus planes de gobierno, la derecha busca alcanzar
a la parte emocional del ciudadano para orientar su
elección en función de temas triviales que permiten la
identificación personal con el candidato. Por
supuesto, la ósmosis entre el candidato y su blanco
político es efímera y superficial. No es una cercanía
de clase social, sino de proximidad en términos de
temas coyunturales.
Cuando Capriles Radonski revela públicamente
su celibato, busca acercarse al ciudadano común y
corriente. Cada uno puede sentirse identificado con
el actual gobernador del estado Miranda, porque
cada uno en un momento de su vida buscó su alma
gemela. No obstante, nadie se puede identificar con
el heredero de la cadena Cinex, ni defender los intereses de
la clase que Capriles defiende.
Opera en el mismo registro la participación de
Leopoldo López en la XXII edición de la carrera de
natación “Paso a Nado Internacional de los Ríos
Orinoco-Caroní”
75
. Este evento debería depender de la vida
privada del político, de sus gustos y costumbres, pero
este López hizo de su participación en esta carrera una
estrategia electoral para penetrar en el lado emocional
de los venezolanos. Intenta presentarse como un hombre
fuerte, resistente y determinado —y a través de
él contribuye a construir una imagen de la oposición.
Identificarse emocionalmente o sentir admiración por
75. “Leopoldo López participó en el Paso a Nado del río
Orinoco”,
Noticias24,
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/103659/elcoordinador-nacional-del-comando-tricolor-participo-en-el-paso-anado-del-estado-bolivar/
(23 de abril de 2012).228 229
un Leopoldo deportista es mucho más simple que proyectarse
en el Leopoldo enardecido de las guarimbas o
liderando la marcha golpista del 11 de abril de 2002.
La burguesía siempre buscará conquistar al electorado
apelando a sus emociones, sus sentimientos
básicos, sus instintos, o sus miedos para evitar entrar en
el terreno de la discusión racional, que podría
revelar a la mayoría de los electores que sólo están
preocupados por su interés de clase.
En Europa vemos, hoy en día, cómo los miedos
hacia el inmigrante —“el sudaca” o “el árabe”—, o a
la inseguridad, son agitados para ocultar el debate
sobre las consecuencias de las políticas neoliberales
aplicadas desde la Unión Europea, y ganar así la adhesión de
los electores.
Las causas de los problemas y las soluciones aportadas son
siempre escamoteadas por discursos complejos o por unos profesionales de la
comunicación.
Los medios de comunicación son una herramienta estratégica
de esta batalla. Las imágenes se
convierten en argumentos, la fórmula retórica de
una propuesta se transforma en una demostración.
El tiempo largo necesario para convencer al ciudadano de la
pertinencia de unos lineamientos programá-
ticos no cuadra con el formato mediático. El Show
televisivo instaura la política como un espectáculo
en vez de una herramienta para la realización del interés
general.
Volver a las propuestas programáticas permite
alargar la noción del tiempo. Ratifica la reflexión
crítica en el debate de ideas y reduce el abismo entre
la retórica del espectáculo mediático y el contenido
concreto de las propuestas.
En tiempo de resistencia global
al capitalismo neoliberal
El combate político venezolano se inscribe en un
espectro más amplio que heredamos de la caída del
campo soviético. El neoliberalismo triunfante de los
años noventa aspiró convertir todos los aspectos de
la vida humana en mercancías. Siguiendo los ejemplos de
América Latina, las voces de los pueblos se alzaron. Lentamente, las premisas
socialistas han superado el traumatismo de la desintegración del bloque
soviético. Durante este largo tiempo de análisis y de
recomposición, se han sumado nuevas problemáticas
y actores como la cuestión ambiental, el nacimiento
de los movimientos sociales como sujeto histórico, y
la evolución en la percepción del poder político.
Los países de América Latina no sólo han mostrado al mundo
las nefastas consecuencias de las 230 231
políticas neoliberales, sino que también han ense-
ñado que estas políticas pueden ser reversibles.
En este laboratorio de ideas y de realizaciones
concretas, Venezuela tuvo un papel de vanguardia,
siendo el primer país en inscribirse, a partir del 1999,
en esta nueva vía alternativa.
La definición de un modelo autóctono de socialismo en cada
país es una nueva constante de
los países latinoamericanos. Hay que ser un tonto
político o un historiador mediocre para comparar
a la Venezuela de hoy con la URSS, o con Corea
del Norte.
Del otro lado del océano Atlántico, los países
europeos se hunden en una crisis económica, producto de
políticas similares a las que propone la
MUD. La crisis actual ha tenido consecuencias sociales
desastrosas y ha llevado a una crisis política
con el incremento de los votos para las derechas
más extremas. Europa parece ceder otra vez a sus
viejos demonios. Esta crisis económica refleja el quiebre
del modelo neoliberal impuesto desde las instancias europeas, con la
complicidad de gobiernos lacayos del capital.
No es casual que, frente a la maquina aplanadora neoliberal,
las fuerzas políticas que resisten en el viejo continente, reivindican los
modelos latinoamericanos. Para el líder de la izquierda francesa, Jean-Luc
Mélenchon: “En Europa se debería mirar hacia [América Latina], porque es una
fuente de inspiración, de conocimiento, de lucha y de optimismo, ese que tanto
necesitamos. No existe otro lugar en el mundo donde eso se encuentre”.
El político galo reconoce que
para construir una nueva fuerza a la izquierda del abanico polí-tico francés,
se inspiró en los paradigmas encontrados en Venezuela, Argentina, Bolivia,
Ecuador y Uruguay. En claro eco a la orientación ecuatoriana, el dirigente
francés propone la realización de una révolution citoyenne
, por medio de una
Assemblée Constituante, basándose así en lo enseñado por la
Revolución Bolivariana. La plataforma política que ha contribuido
a construir, le Front de Gauche (Frente de Izquierda), es un calco del modelo
del Frente
Amplio uruguayo.
76. Véase, entrevista realizada a Jean-Luc Mélenchon,
diputado europeo francés, el 9 de junio de 2010 en “Sudamérica es fuente de
inspiración, lucha y optimismo”, Rebelión,
http://www.rebelion.org/
noticia.php?id=107525, (27 de abril de 2012).
77. “Revolución ciudadana”, lema del proceso político
ecuatoriano llevado a cabo por el presidente Rafael Correa.
78. “Asamblea Constituyente”, institución mediante la cual
se iniciaron las revoluciones venezolanas, boliviana y ecuatoriana. 233
La solidaridad internacional entre las izquierdas de los dos
continentes no es un efecto retórico. Se enfrentan al mismo sistema salvaje.
Para Roberto Lavagna, antiguo ministro argentino de Economía durante la crisis
que azotó su país en el año 2001:
“al nivel económico, todo es similar [entre la crisis
argentina y la crisis griega]”
.
A pesar del desastre económico
que flagela a los pueblos europeos y que está a la vista del mundo entero, la
MUD quiere volver a imponer el esquema neoliberal en Venezuela. Para utilizar
una metáfora culinaria, la derecha pretende aplicar la misma receta dictada por
el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.
Pueden edulcorar los ingredientes pero el resultado seguirá
siendo amargo e indigesto para el pueblo.
Más que una visión ideológica, podemos comparar su creencia
en el capitalismo neoliberal con una verdadera postura religiosa, donde existe
una tautología entre los problemas y sus soluciones. Esta clase política sigue
creyendo que la tierra es plana y se aferran a su visión para interpretar la
realidad y diseñar soluciones sin ver que el axioma
79. Roberto Lavagna, “Nous avons sauvé les gens plutôt que
les banques”, Libération,
http://www.liberation.fr/economie/01012390907-
nous-avons-sauve-les-gens-plutot-que-les-banques, (19 de
febrero de 2012). principal es la causa
de los problemas.
Dos riberas, una misma lucha
Como europeo residente en Venezuela, no pretendo inmiscuirme
en la campaña electoral presidencial.
No puedo votar en el país. Sin embargo, ya voté este mismo
año por el candidato que rechazaba la doctrina neoliberal en Francia. Voté por
él porque defiende mis intereses como ciudadano y más allá de lo personal,
porque las ideas que promueve están orientadas a la defensa del interés
general, a la edificación de un mundo justo, y a la construcción de la “mayor
suma de felicidad” como decía Bolívar.
Como hijo adoptado de la patria del Libertador, me espanta
que vuelvan a aplicarse las medidas que hundieron el país en los años noventa y
que están arrojando a los pueblos de mi Europa hacia un abismo social. Espero
que este análisis contribuya al debate racional, para que nadie se sienta
estafado por las promesas del candidato del capital.
En la lucha contra los explotadores, responden los oprimidos
en una sola voz, sin que importen sus orígenes o el país desde donde claman
justicia. Tanto en Venezuela como en Francia, así como en cualquier 235país de
ambas riberas del Atlánti
